Desde la cuenca neuquina hasta el Golfo San Matías, Argentina LNG proyecta una escala de expansión de Vaca Muerta sin precedentes. Con más de 1.400 pozos de fracking, dos ductos de 525 kilómetros, dos plantas de tratamiento (una en Neuquén y otra en Río Negro), dos buques fábrica frente a la costa rionegrina, el megaproyecto busca exportar 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL) y líquidos de gas natural (LGN).
Presentados como piezas dispersas de un rompecabezas, con más de 11.400 páginas de documentación y un acceso a la participación ciudadana cada vez más limitado, los cuatro estudios de Impacto Ambiental atraviesan la etapa de Audiencia Pública el lunes 16 de noviembre en Sierra Grande, mientras sus promotores esperan firmar la Decisión Final de Inversión en Buenos Aires antes de fin de año.
Por Yamila del Palacio (OPSur) / Foto: Martín Álvarez Mullally
Un proyecto que cambia el mapa del gas
Argentina LNG representa una nueva escala en la expansión de la industria hidrocarburífera argentina. Impulsado por YPF, la italiana Eni y XRG, de Abu Dhabi, el megaproyecto busca consolidar una cadena integrada de extracción, procesamiento, transporte y exportación del gas de Vaca Muerta. Su desarrollo podría marcar un cambio significativo en el destino de la producción gasífera nacional, orientada desde hace 20 años al abastecimiento del mercado interno, al incorporar grandes volúmenes de extracción destinados exclusivamente a la exportación.
La magnitud del proyecto permite dimensionar esta transformación. En su etapa inicial, Argentina LNG contempla una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales de Gas Natural Licuado (GNL), mediante dos unidades flotantes de licuefacción instaladas en el Golfo San Matías. Una eventual tercera unidad elevaría esa capacidad a 18 millones de toneladas anuales.
Estos volúmenes representan una proporción significativa de la producción gasífera de Vaca Muerta.Si tomamos como referencia la capacidad de transporte proyectada para el gasoducto de Argentina LNG (sin sumar el poliducto), equivale a la exportación de más del 60% de la producción actual. Si sumamos la expectativa de transporte y exportación de otro de los proyectos pensados para el Golfo, en esta caso el de Southern Energy, ese porcentaje sube al 80% de la producción actual de gas no convencional dedicado exclusivamente a la exportación.
Sostener semejante capacidad exportadora requiere intensificar la explotación mediante el fracking. Para abastecer a Argentina LNG durante sus 25 años de operaciones previstos, se proyecta la perforación de aproximadamente 1416 pozos horizontales, distribuidos en cinco áreas de Vaca Muerta destinadas al proyecto: Las Tacanas I y II, Meseta Buena Esperanza I y II y Aguada Villanueva Norte. Dimensionando esta extensión, basta señalar que en 2026 se contabilizan unos 3.300 pozos no convencionales en la formación Vaca Muerta, destinados tanto a la extracción de petróleo como de gas.
El gas extraído será conducido hasta la Planta Integrada de Tratamiento de Gas (IGTP), donde se realizará su procesamiento inicial. Luego, el gas y los líquidos tratados serán transportados mediante dos ductos de aproximadamente 525 kilómetros de extensión cada uno: un gasoducto de 48 pulgadas y un poliducto de 24 pulgadas, que atravesarán territorio neuquino y rionegrino hasta alcanzar la costa del Golfo San Matias. Para dimensionar su magnitud, el gasoducto proyectado será 12 pulgadas mayor que el del ex gasoducto Presidente Néstor Kirchner, actualmente denominado Perito Moreno, una de las principales infraestructuras gasíferas argentinas, cuya cañería es de 36 pulgadas.
Al finalizar su recorrido, los ductos llegarán a la costa rionegrina, donde el proyecto contempla la construcción del Complejo Industrial Río Negro (CIRN), de 645 hectáreas, destinado al procesamiento y fraccionamiento de los hidrocarburos transportados. Desde ahí, el gas natural será conducido mediante ductos submarinos hasta dos buques licuefactores de 365 metros de largo, anclados a unos cinco kilómetros de la costa, donde será licuefaccionado para su posterior carga y exportación en buques metaneros. Se estima que la operación implicará el tránsito de más de 160 buques metaneros al año, además de otras decenas de embarcaciones para el transporte de líquidos y tareas de apoyo. Esto sin contar el movimiento marítimo asociado a otros proyectos que avanzan sobre el mismo golfo.
En conjunto, Argentina LNG implica una transformación territorial a gran escala, que articula la intensificación y expansión de la explotación con fracking en Vaca Muerta -con todo lo que eso implica-, corredores de transporte de cientos de kilómetros y el despliegue de infraestructura industrial, portuaria y marítima sobre el Golfo San Matias destinado a la exportación de GNL y otros hidrocarburos.
Cuatro estudios, miles de páginas y un mismo megaproyecto
Para evaluar toda esta cadena, YPF, la italiana Eni y XRG presentaron cuatro Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que suman unas 11.400 páginas. Si, 11.400.
Entre ellas, el EIA dedicado a los buques para la exportación, dedica más de 1800 páginas (de 3023) a describir las características naturales del área. Lejos de tratarse de un territorio vacío, el propio estudio describe un territorio de gran diversidad biológica, donde conviven miles de especies que mantienen relaciones ecológicas entre sí. La extensión y detalle de estos relevamientos dan cuenta de la complejidad ambiental del Golfo San Matias y de la importancia del ecosistema sobre los que se proyecta instalar una nueva infraestructura industrial y marítima.
Entre la extensa lista de impactos ambientales identificados en los estudios, hay algunos que merecen especial atención:
- El cruce del río Limay: los dos ductos atravesarán el río mediante perforaciones subterráneas de aproximadamente un kilómetro cada una. Aunque esta técnica evita excavar directamente el cauce, existe el riesgo de liberación accidental de fluidos de perforación y de fugas de hidrocarburos que podrían afectar el agua. Los estudios tampoco evalúan de manera conjunta los riesgos de ambas obras, que se realizaran dentro de un mismo corredor.
- Emisiones, residuos y derrames: el Complejo Industrial Río Negro generaría unas 1.400 toneladas de residuos anuales, además de emisiones atmosféricas contantes y efluentes líquidos que, luego de ser tratados, serían descargados al mar. También se reconocen riesgos de derrames durante el transporte y la carga de hidrocarburos. Los estudios no permiten dimensionar adecuadamente los efectos acumulados de estas actividades junto con otros proyectos del golfo.
- Tráfico marítimo y afectaciones sobre la fauna: el Golfo San Matías constituye un ambiente de alimentación, reproducción, cría, descanso y desplazamiento de numerosas especies, entre ellas ballenas francas australes, delfines, lobos marinos, pingüinos y diversas aves marinas y costeras. En este entorno, el proyecto pretende desarrollar una actividad industrial permanente en las proximidades de áreas naturales protegidas, como el Parque Nacional Islote Lobos, cuyo límite se encuentra a solo ocho kilómetros de los buques licuefactores proyectados. La circulación de unos 160 buques metaneros al año, además de embarcaciones de apoyo, sumará ruido submarino, iluminación artificial y riesgos de colisiones y alteraciones en el comportamiento de la fauna. Esta proximidad resulta especialmente preocupante porque los animales no reconocen límites administrativos: sus recorridos de alimentación, reproducción y desplazamiento pueden extenderse mucho más allá de las áreas formalmente protegidas.
Proyecto LNG en el Golfo San Matías
Presiones que se acumulan
Argentina LNG no es el único proyecto hidrocarburífero que avanza sobre el Golfo San Matías. A menos de 20 kilómetros de los buques licuefactores proyectados, se ubicarán las unidades flotantes de Southern Energy. Mientras que a 40 kilómetros se emplazarán el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que suma una terminal de exportación de petróleo en Punta Colorada y dos monoboyas de carga ubicadas mar adentro. A estos emprendimientos se suman otras actividades industriales y proyectos energéticos previstos para la región.
El propio EIA reconoce que la presencia simultánea de estas instalaciones generará presiones recurrentes y prolongadas sobre el ecosistema marino. Entre ellas identifican el incremento del tráfico de embarcaciones, el ruido submarino, las emisiones de gases de efecto invernadero, las descargas de efluentes y las alteraciones sobre los hábitats costeros y marinos.
Se reconocen los impactos acumulativos aunque no se evalúa su magnitud conjunta. El análisis se apoya principalmente en valoraciones cualitativas y no permite determinar cuánto aumentarán las presiones ambientales cuando los distintos proyectos funcionen al mismo tiempo. A estas limitaciones, se suma la incertidumbre en cuanto a responsabilidades y gestiones de los impactos ya reconocidos. Los estudios dejan esa tarea suspendida a la coordinación y buenas voluntades entre las empresas implicadas y autoridades competentes en un futuro incierto, sin establecer con claridad cómo se garantizará la aplicación efectiva de las medidas de prevención y mitigación de daños.
Otro capítulo de audiencias impopulares
Una vez más, la participación ciudadana en torno a las decisiones sobre la implantación de proyectos queda reducida a una instancia formal dentro de procesos ya definidos por empresas y gobiernos.
Considerando las miles de páginas de documentación y los días transcurridos entre su publicación y la fecha fijada para debatir el proyecto, cualquier persona debería leer aproximadamente 250 páginas por día, sin descanso, para llegar a la audiencia pública con la totalidad de la información revisada. Y eso suponiendo que leer fuera suficiente para comprender, analizar y cuestionar los aspectos técnicos de un megaproyecto de semejante magnitud.
La cifra expone las dificultades que enfrenta la población para participar de manera informada en decisiones que pueden transformar su territorio durante décadas. Una cosa es garantizar el acceso a los documentos y otra muy distinta es garantizar las condiciones necesarias para analizarlo, discutirlo y ser parte del proceso.
A la desproporción entre la documentación y los plazos se suma otras barreras para la participación ciudadana. La audiencia se realizará en Sierra Grande, lejos de muchas de las localidades comprendidas en el extenso territorio que abarca el megaproyecto. Además, los cuatro estudios serán tratados en una misma jornada, pero quienes quieran intervenir deberán inscribirse por separado en cada uno y contarán con apenas cinco minutos de exposición. A esto se suman las restricciones territoriales para participar, que plantean limitaciones de intervención de personas de otras provincias.
En audiencias atravesadas por fuertes intereses políticos y económicos, expresar cuestionamientos puede implicar enfrentar situaciones de tensión, hostilidad e incluso violencia. A ello se agregan las limitadas oportunidades de intervención para voces técnicas independientes capaces de analizar y cuestionar los estudios presentados por las empresas.
Apenas trece días después de la audiencia pública está prevista en Buenos Aires la firma de la Decisión Final de Inversión de Argentina LNG, anunciada por las autoridades como un paso decisivo para concretar el megaproyecto. Es decir que, mientras la ciudadanía intenta procesar miles de páginas y discutir sobre un proyecto de una magnitud sin precedentes, las empresas avanzan con un calendario de decisiones ya definidas.
