Un proyecto que da beneficios para exportar gas natural licuado (GNL) se debate esta semana en la Legislatura neuquina. El acuerdo entre YPF y el gobierno provincial baja las regalías, exceptúa el cobro de Ingresos Brutos en algunas transacciones, asegura estabilidad fiscal por treinta años y reconoce la inédita cláusula de resolución de diferencias en la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. Ante esta nueva entrega, sindicatos de estatales convocaron a un paro y movilización para el miércoles, cuando se trate la propuesta.
Por Yamila del Palacio y Fernando Cabrera Christiansen (OPSur) / Foto: Martín Álvarez Mullally
La promoción del fracking está llena de verdades a medias. “Argentina va a ser uno de los principales exportadores de GNL del mundo e YPF va a estar entre los diez primeros exportadores globales”, asegura en encuentros empresarios Horacio Marin, el presidente de la compañía comandada por el Estado nacional. Incluso ha llegado a decir que el proyecto Argentina LNG “es el project finance más grande de la historia de Latinoamérica”. Sin embargo, lo que sostiene esa propaganda es, por debajo, un Estado que resigna beneficios.
Esta semana, mediante una ley, la Legislatura de Neuquén podría aprobar darle más beneficios al proyecto de YPF que a su vez busca estar incorporado en las ventajas del RIGI. De este modo, la provincia le garantizaría la baja de regalías hasta un 7,5 por ciento, el no cobro de Ingresos Brutos en algunas transacciones y estabilidad fiscal por treinta años. Además, el proyecto de ley establece que las controversias entre la provincia y la empresa comandada por el Estado nacional se resolverán según el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, algo inédito para el contexto argentino ya que este mecanismo siempre se utilizó para resolver diferencias con privados extranjeros.
Este acuerdo se inscribe en una política energética que, tanto a nivel nacional como provincial, plantea como objetivos centrales maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos hidrocarburíferos, expandir la producción y posicionar al país como exportador de energía. En este marco, el proyecto Argentina LNG se presenta como un salto de escala en el desarrollo de Vaca Muerta ya que prevé exportar el equivalente al 70 por ciento de la actual extracción de gas no convencional del país y casi un 50 por ciento del total del país. Lo que redunda también en la multiplicación de los daños ambientales que genera el fracking.
A comienzos de junio, Neuquén otorgó a YPF la concesión de cinco áreas no convencionales: Meseta Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II y Aguada Villanueva Norte. Ubicadas al norte de Cutral Co, a la vera del río Neuquén y cercanas al lago Los Barreales, serán esas áreas gasíferas las que abastezcan el proyecto. La iniciativa integra, además, una cadena de infraestructura que incluye una planta de diferenciación de gases, dos ductos de unos 520 kilómetros y la plataforma de exportación en el Golfo San Matías.
Este proyecto se suma a otras iniciativas que se superponen en un ambicioso plan exportador de hidrocarburos, para vincular Neuquén con la costa rionegrina y profundizando el perfil extractivo-exportador de la región, que ya ha tenido fuertes críticas ambientales.
¿Quién gana con la cesión de regalías?
El acuerdo de YPF y el gobierno provincial de Rolando Figueroa establece un régimen promocional específico para el proyecto Argentina LNG en línea con los beneficios previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Para atraer inversiones y reducir los costos de las empresas en la cadena exportadora, la provincia ofrece un paquete de exenciones fiscales que incluye un esquema particular en las regalías.
En lugar de definir una alícuota fija —como ocurre habitualmente—, el acuerdo adopta un mecanismo variable vinculado al precio internacional del GNL. Así, el Estado provincial cobrará menos regalías cuando el valor internacional sea bajo y aumentará su participación a medida que el precio global suba. Con ese objetivo, se prevén tres alícuotas —7,5, 10 y 12 por ciento— que se aplicarán según los valores internacionales.
Una vez definida la alícuota correspondiente, las regalías no se calculan sobre el precio internacional del GNL, sino sobre el precio de referencia del gas destinado a la industria en la Cuenca Neuquina. De esta manera, la cotización global del GNL determina qué porcentaje de regalías cobrará la provincia, pero el monto sobre el que finalmente se aplica se rige por los valores del mercado interno.
La provincia también otorga otras exenciones, como la del impuesto sobre los Ingresos Brutos, para determinadas operaciones internas entre las empresas que integren el proyecto. Detrás de estas medidas aparece un lineamiento central: cuanto menores sean los costos fiscales que enfrenta el proyecto, mayores serán sus posibilidades de competir y atraer inversiones en un mercado global de GNL marcado por la incertidumbre. Bajo esta lógica, similar a la del RIGI, la provincia resigna parte de su capacidad recaudatoria para abaratar la cadena exportadora beneficiando a YPF y a sus socias en el proyecto.
Asimismo, Neuquén se compromete a no aumentar la carga fiscal ni crear nuevos instrumentos que afecten económicamente al proyecto. Por lo tanto, quedará exento de cualquier tributo, contribución, aporte, regalía, canon o cargo que se cree posteriormente, y tampoco se podrán endurecer los impuestos vigentes. La garantía se extenderá durante los treinta años posteriores a la puesta en marcha de cada etapa del proyecto.
Mientras la provincia garantiza estabilidad fiscal y condiciones especiales durante treinta años, la principal contraprestación visible es un único bono de 175 millones de dólares para obras. La asimetría de los compromisos asumidos por cada parte es evidente.
Resistencias sindicales
El sindicato docente ATEN y el de empleados y empleadas estatales ATE, dos de los más numerosos de la provincia, llamaron a un paro y movilización para el miércoles 24 cuando el proyecto se trate en la Legislatura. Cuestionan el tratamiento exprés en comisiones de la propuesta, que fije un canon impositivo por treinta años y que se beneficie a un sector que tiene una gran rentabilidad. Para esa jornada convocan también a una movilización hacia la Legislatura.
La semana pasada, en una confluencia poco habitual, las direcciones de ATEN, ATE, APUNC, ADUNC y SEJUN habían concurrido a la Legislatura de Neuquén para solicitar información respecto del proyecto pero fueron recibidos sólo por tres legisladores: Cecilia Papa (Democracia Neuquén), César Gass (UCR) y Andrés Blanco (PTS-FITU).
La explotación del megaproyecto Vaca Muerta opera como una fuente de degradación socioambiental bajo una promesa de desarrollo, empleo, industrialización y bienestar que nunca llega a las mayorías. Más allá de los impactos ambientales, este tipo de acuerdos compromete el rumbo energético y productivo de la región durante las próximas décadas. Al otorgar previsibilidad y garantías a un proyecto de exportación de gran escala, se asume que habrá disponibilidad suficiente de recursos hidrocarburíferos, agua e infraestructura para sostener su expansión y que las prioridades actuales en materia de producción y exportación seguirán vigentes en el futuro. ¿Qué ocurriría si el acceso al agua se convierte en un factor aún más crítico en una región cada vez más presionada por el cambio climático y la expansión extractiva? ¿Qué margen tendrá la provincia si en el futuro se plantean prioridades distintas para el uso del gas producido en Vaca Muerta, como el abastecimiento interno? ¿Quiénes se quedan con los beneficios de la explotación y a qué precio social y ambiental se está haciendo el fracking en Vaca Muerta? Esas son algunas de las preguntas abiertas que generan el apurado tratamiento de esta ley y los récords de Vaca Muerta, cuya contracara no son solo sus negativos impactos socioambientales, sino también posibles dificultades económicas.
