Por Analía Zárate y Rosaura Barletta / OPSur. Fotos: Damián Rico .- Adrián Ravier, en su debut como vocero presidencial, sugirió a las familias argentinas que se abriguen. Según dijo el 30 de junio en conferencia de prensa, “este gobierno considera que es importante que las tarifas de los servicios públicos vayan retornando a sus precios de mercado. Eso ha implicado una medida muy desafortunada, muy ingrata, que es duplicar el costo del gas y de la electricidad. Eso conduce a otro tipo de acciones en las familias, decir: ‘bueno, ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme’”.
Esa primera intervención tuvo resonancia, pero luego Ravier reconoció que durante el gobierno de Javier Milei el incremento de las tarifas se ubicó por encima del promedio general de inflación del INDEC. “Es importante notar que los aumentos tarifarios, mes a mes, superan el propio nivel de inflación que mide el Índice de Precios al Consumidor. Esto quiere decir que poco a poco, de manera muy gradual, se están haciendo correcciones en las tarifas”, afirmó
En los dos años y medio de gobierno ultraliberal, las modificaciones en la política energética se dan en todos los eslabones del sistema: generación, producción, distribución y consumo. El proceso va desde la apuesta al boom extractivo en el sector hidrocarburífero, pasando por los beneficios que el RIGI y el súper RIGI sirven en bandeja a las compañías trasnacionalizadas, la condonación de deudas y la autorización de aumentos tarifarios a las distribuidoras, hasta la experiencia de vida de los hogares argentinos que sufren ajustes a varias escalas. Son diferentes capítulos de una realidad que se impone de forma sincrónica y cada vez más acelerada.
Donde antes una familia calefaccionaba el hogar completo, ahora se recluye en una sola habitación para pasar el invierno. Donde se calefaccionaba con estufa eléctrica, se vuelve cotidiana la riesgosa práctica de encender hornallas. Donde el costo de la garrafa se volvió insostenible, cocinar a leña o quemar restos de basura es la única opción para cientos de miles de hogares. El acceso energético residencial se degrada mientras aumenta la producción para la exportación. Experiencias que es indispensable incorporar a la lectura de la realidad energética de un país, realidad que con frecuencia solo se discute para hablar de dólares y deuda externa.
Casi la mitad de los hogares en Argentina no accede a la red de distribución de gas natural, y el porcentaje de cobertura va en descenso: según el propio INDEC, entre 2016 y 2025 se redujo del 71 % al 65 %. Esa situación no escapa a las provincias en las que se extrae gas. Mientras el gobierno nacional intensifica su apuesta exportadora y busca avanzar en la construcción de gasoductos y oleoductos hacia otros países, los propios vecinos de Vaca Muerta no acceden a la energía. El de la localidad de Añelo es un caso paradigmático en el corazón del megaproyecto, definido como un Polo Energético. Aun cuando en noviembre de 2024, el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa prometió que para 2025 ese problema no existiría más: “un vecino, después de trabajar todo el día para proveer de gas al resto del país, se calefacciona con leña”. En una provincia productora y exportadora al mundo, no se garantiza el suministro para las y los neuquinos.
Cuando no hay gas natural, la opción es la compra de gas envasado: GLP (Gas Licuado de Petróleo), lo que popularmente se conoce como garrafa. El recorte de subsidios a los hogares y el aumento de tarifas durante el gobierno de Javier Milei se dieron tanto en la red centralizada como en el gas envasado prepago y en la electricidad. Más de la mitad de la energía eléctrica en Argentina proviene, también, de centrales termoeléctricas que convierten en electricidad el gas natural. A continuación, un análisis de la intensificación de la crisis energética en la cotidianidad de los hogares argentinos.
Escenas de supervivencia energética
El único programa nacional para paliar el costo de la tarifa energética (energía eléctrica, gas natural y garrafa -GLP de 10 kg-) es el Subsidio Energético Focalizado (SEF), vigente desde enero de 2026. Es la continuidad mileista del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) que había implementado Sergio Massa. La reconversión del gobierno actual de esta política la volvió más restrictiva, redujo el porcentaje a subsidiar en la tarifa (de un 60 % a un 50 %) y eliminó el segmento de ingresos medios cuyo descuento cubría hasta un tope de consumo.
A propósito del invierno, el ejecutivo nacional modificó en mayo de este año el esquema del SEF. En el caso de quienes usan garrafas, el SEF pasó a reemplazar al Programa Hogar. Antes del cambio, se regulaba el precio general del gas envasado, mientras que ahora se otorga un reintegro de 9500 pesos por garrafa -vía billetera virtual-, con un límite de dos tubos por mes en invierno. En cualquiera de los casos, solo pueden acceder personas consideradas vulnerables: hogares con un ingreso inferior a tres canastas básicas totales, viviendas incluidas en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y personas con certificado de discapacidad o que cobren pensiones. Es decir, se limitó el acceso al subsidio y se liberó el valor del tubo de gas, razón por la cual se redujo el monto de cobertura.
El Frente Organizaciones en Lucha (FOL) es un movimiento social que tiene inserción territorial en barrios de muy bajos recursos a nivel nacional. Las cocineras de los comedores de la zona sur del conurbano bonaerense cuentan que tuvieron que reforzar el uso de garrafa intercalando con la quema de leña porque no les alcanza para poder cocinar. “Los vecinos colaboran trayendo leña para el comedor”, dice María, delegada de un espacio en Esteban Echeverría, pero el término leña no refiere a las bolsas de madera que se compran: “vamos a buscar restos de árboles, tarimas, pedazos de maderas tiradas, cajones de fruta, resto de podas que hagan en algún lado”. De esa colecta forman parte los y las vecinas porque los comedores les proporcionan la única comida diaria a la que acceden.
En su barrio las garrafas salen 31 mil pesos y ellas, en sus casas, al igual que muchos vecinos y vecinas, atraviesan el mismo problema de acceso energético y de riesgo para la salud. “Si tenés que usar la garrafa para cocinar y para prender el horno para calefaccionarte, te dura 15 días. Además, en mi barrio hay baja tensión y tenemos que elegir qué electrodoméstico enchufar porque para todo no da y eso implica que uses más el gas”, dice Sonia. María agrega: “está el tema de que muchas garrafas, más accesibles en precio, vienen con agua o arena y entonces duran menos. Como vienen con el gas sucio corrés peligro: si no estás atenta a la presión, puede darse una explosión en los mecheros de la cocina”. Por ese motivo, y por los costos, muchas personas en los barrios populares usan braseros o lo que tengan a mano para prender fuego, lo que de todas maneras es riesgoso. Sonia lo explica: “En el barrio la gente se maneja calentándose con fuego porque hay baja tensión y se mueren de frío. Se manejan con braseros con carbón o leña”.
Dentro de la red de gas natural, en algunas provincias existe, además del SEF, el Régimen de Zonas Frías. El ejecutivo impulsó en Diputados una modificación de esta política y obtuvo la media sanción, resta su paso por el Senado. De ser aprobada, restringirá las zonas de cobertura, reducirá el subsidio para los usuarios que queden en el esquema y le condonará una deuda de 18 millones de dólares a Edenor y Edesur con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA).
El proyecto implicará excluir a las provincias que habían sido incorporadas en 2021 con la ampliación de la Ley 27.637: Buenos Aires, Salta, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca y Tucumán. Según indicó el propio ministerio de Energía, se dejará de subsidiar a 1.6 millones de hogares. En varias de esas provincias este invierno fue con temperaturas por debajo de los cero grados y se registraron nevadas incluso en la Costa Bonaerense. Para las Zonas Frías que continúen vigentes, se mantendrá el subsidio del 50 % pero con otro cálculo: dejando fuera los ítems de distribución y transporte del gas. Se cubrirá un monto menor, lo que implicaría una suba tarifaria cercana al 60 %. Para las zonas excluidas de este esquema, queda el Subsidio Energético Focalizado.
El SEF no alcanza para paliar el 605 % de suba, ni contrapesa esta época signada por salarios en sus pisos históricos, jubilaciones con montos por debajo de la línea de la indigencia y crecimiento sostenido del trabajo informal. Los hogares argentinos, así las cosas, desarrollan sus propias estrategias para mitigar el consumo y llegar a pagar el costo.
El costo real de la generación, la producción, la distribución y el consumo, por otra parte, es un entramado complejo cuya trazabilidad se vuelve prácticamente imposible. Entramado que incluye al contexto internacional y las condiciones regionales, pero también demuestra la forma en que el gobierno argentino se subyuga a la idea de la energía como un commodity cuyo costo varía fuera de nuestro control, y desplaza así la noción de energía como derecho humano.
Desde la Asamblea de Caballito, vecinos y vecinas dan cuenta de la transformación de hábitos para amortiguar los tarifazos y la crisis. Gabriela tiene dos trabajos, es empleada en una empresa con régimen de teletrabajo y docente de la escuela pública. “En la casa que alquilo hay un termotanque eléctrico que ya estaba en la vivienda y es de tipo C (menos eficiente que los artefactos A y B). Me venía una boleta de 70 mil pesos, por lo que regulé el precio incorporando el hábito de enchufarlo sólo para bañarme y desenchufarlo después”. En relación a la calefacción, Gabriela agrega: “el aire acondicionado que tengo es inverter, la tecnología consume muy poca luz, es buenísimo. Yo trabajo en mi casa y en verano lo tuve mucho tiempo prendido e igual me venía una boleta baja. Pero lo poco que pagás en luz lo pagás en la cuota de la compra, que son 80 mil pesos por mes. Creo que eso tiene que ver con el problema habitacional. Alquilás sin calefacción o sin buen aislamiento”.
La experiencia de Gabriela aporta la variable de la eficiencia de los artefactos: es indispensable para amortiguar el costo y quienes menos poder adquisitivo tienen, acceden a artefactos menos eficientes y más peligrosos (caloventores, estufas eléctricas, elementos obsoletos o de alto consumo, etc.). El teletrabajo se impone como un factor extra e incipientemente contemplado y la dificultad de acceder a la vivienda propia, por otra parte, impide una planificación de los modos de consumo energético a largo plazo.
Luz, que también es empleada de una empresa con régimen de teletrabajo, da cuenta de la dificultad de los usuarios y usuarias para entender cómo se compone la tarifa y a qué se deben los cambios en el costo final: “el departamento que alquilo es de dos ambientes y cuenta con dos paneles calefactores eléctricos en la pared, que se supone que no gastan mucho. Lo que me suele venir de luz son 50 mil pesos. Pero en agosto de 2025 me vinieron 200 mil. Hice el reclamo, fui a ver el medidor, me dijeron que el gasto era ese y estaba bien, desistí”.
La falta de respuesta, orientación real e información certera por parte de las distribuidoras es otra constante en los testimonios. El temor por una nueva boleta por ese monto impagable, impuso cambios de hábito que Luz no esperaba tener que hacer: “el aprendizaje que saqué de todo esto es hacer como hacía mi mamá, prender las hornallas para calefaccionar y no prender las dos estufas al mismo tiempo. Un día un vecino me tocó el timbre porque sintió olor a gas desde el pasillo, yo no me había dado cuenta de que se había apagado la llama de la hornalla”. En relación al teletrabajo, es generalizada la sensación de exposición a un problema que antes le hubiera correspondido gestionar al empleador: “representa un gasto que tu trabajo no cubre, tengo un plus por trabajar desde casa pero no a la altura de los gastos que realmente implica”.
Los trabajadores y trabajadoras asalariados que deben desarrollar sus tareas en el hogar enfrentan varias dificultades, pero la realidad de las personas jubiladas es aún más crítica. Cristina, jubilada y pensionada, pone sobre la mesa su propio escenario urgente: “al gas me lo paga mi hijo. No podría pagar ninguna de las dos tarifas con mi ingreso”. En las condiciones de Cristina se verifica que la falta de acceso a artefactos eficientes y seguros puede derrumbar la calidad de vida de un hogar: “no me funciona el termotanque así que caliento el agua en la hornalla. La calefacción tampoco funciona. Sólo uso la cocina a gas, poco porque el horno no anda bien, y cuido muchísimo la luz. Tengo una estufa eléctrica y la uso en el dormitorio. Cocino y me voy al dormitorio, así mantengo un lugar caliente. Antes mi casa estaba toda calefaccionada, ahora no se puede”. Otra realidad ineludible: usuarios y usuarias que se recluyen en una habitación de la casa para poder calefaccionarse un poco.
Quienes forman parte de la economía informal con trabajos eventuales, precarizados, con salarios por debajo de la línea de indigencia destinan la totalidad de sus ingresos a alimentarse y los gastos básicos entran en competencia directa con la posibilidad de un acceso digno a la energía. “Nosotros vivimos en un barrio de pobres, somos todos laburadores, estamos procurando todos los días sostener la comida de nuestra familia y nos vinieron 350 mil pesos y es mucho ya. Trabajamos y ganamos al día, tenemos que cubrirles las necesidades a nuestras hijas y no se puede todo junto. A veces no hay laburo. A mí me quisieron poner en plan de pago pero no quisimos porque terminas pagando más, entonces tuvimos que recortar cosas, sacar un poquito cada uno para poder pagarlo. No es solo la luz, subió la mercadería, la carne, el boleto. ¿Dónde vamos a ir a parar así?”, se pregunta Belén que vive en el barrio El Triunfo en Esteban Echeverría, uno de los 6500 barrios incluidos en Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
La relación entre los ingresos y el costo de la boleta es un factor determinante. Sonia, otra vecina del mismo distrito, lo relata así: “comés y no pagás la luz o pagás la luz y no comés”. A su vez, no hay claridad sobre qué se paga en cada factura y por qué. Su hermana Isabel comenta que tuvieron que instalar un medidor para dividir los gatos con la casa de arriba, donde vive su hijo con su familia. “Cuando vinieron a conectarlo nos dijeron que no lo iban a cobrar, que solo la luz. La primera boleta fue de 300 mil pesos, la segunda lo mismo. Mi marido fue a Edesur a quejarse y parece que el medidor andaba mal, hubo que sacarle una foto y nos hicieron un descuento de 70 mil pero igual sigue siendo un montón”.
Son varias las quejas sobre el funcionamiento de los medidores: “notás el negocio que hacen estas empresas a costa de nosotros, los laburantes. Tenemos que reducir otros gastos, como comida por ejemplo, para pagar la boleta de Edesur. Yo tuve también que cambiar el medidor porque andaba mal y lo primero que te dicen ellos es pagá primero y después vemos”, cuenta Magui, trabajadora cooperativista que vive en Almirante Brown. Sus compañeras concuerdan: “es que ahí está el negocio de ellos, te cobran mal, no pagás, te cortan, te multan pero la viveza viene en el reloj del medidor, corre y corre y cuando viene la boleta te cobran semejante monto que decís ‘esto yo no lo gasté’”. Además, dicen: “muchas veces ni siquiera vienen a tomar la medición, te tiran un estimativo. Hasta que a vos te reconocen el error de ellos, tenés que sacar fotos, ir a hacer trámites, pagarle a un electricista para que vea tus conexiones, pedir una cita para hablar con alguien pero, previo a eso, tenés que pagar para que te escuchen. Juegan con una necesidad básica que es el consumo de luz”.
Tanto María como Belén, que viven en barrios ReNaBaP y son parte del FOL, evalúan que la tarifa social pierde impacto ante la suba de los precios de la energía: “es contradictorio porque te dice que te descuentan, por ejemplo, 10 mil pesos pero por los impuestos te cobran 20 mil entonces nunca se ve. Es una farsa, zonas precarias donde están mintiendo que hacen inversión y no se ve eso”. “Nosotras en el barrio tuvimos que hacer la obra de instalación de los postes de luz y no descuentan nada. Edesur nunca viene cuando se corta la luz, la vez pasada estuvimos 15 días sin electricidad”.
Las cifras oficiales del Banco Central muestran que en Argentina hay 20 millones de personas endeudadas. Entre los causantes están la crisis salarial, el crecimiento de la precarización laboral y del costo de vida que incluye el aumento de los servicios básicos. Darío, delegado del FOL en Guernica, menciona los problemas para cubrir la constante suba de los precios de la energía: “todos los meses tenés que ir pensando que capaz te viene el doble, ir viendo que te aumenta la garrafa, la luz, el transporte, los gastos cotidianos, vivimos endeudados”. Su compañera Sonia cuenta con crudeza la desesperación de endeudarse para vivir: “nunca terminás de pagar tu deuda, con esta inflación de ahora es imposible. La gente vive mal. Decís, ‘cómo puedo hacer para salir adelante’. Te viene la cuota del préstamo y no sabés cómo hacer, de dónde sacar plata, nadie te espera. Esto te lleva a otras cosas, mucha gente se quita la vida, se tiran en los trenes, lo vemos. La situación no da más. En nuestros comedores vienen niños muy mal a buscar comida. La gente ya no come carne, come lo que hay”.
La crisis a escala local, ¿qué hacen los gobernadores?
A nivel provincial, son sorprendentemente pocas las iniciativas que intentan paliar la realidad energética de la Argentina. En la mayoría de los casos, la única respuesta vigente e insuficiente es el SEF.
El Programa Integral de Abastecimiento Energético en el caso de Neuquén fue un anuncio rimbombante del gobernador Rolando Figueroa en la apertura de sesiones de la legislatura en marzo de este año. Prometió el uso de recursos provinciales para establecer una “canasta energética neuquina” que garantice mayor acceso al gas y tarifas de electricidad más bajas para quienes no cuentan con gas en sus hogares. Si bien a la fecha no se concretó la aplicación ni la presentación de proyectos en la legislatura, sí se implementa un subsidio a las tarifas eléctricas para usuarios sin acceso a red de gas para los meses de invierno. En 2025 esa cobertura alcanzó a 12400 usuarios pero, según datos del Indicador del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del 2022, las personas que usan garrafa o leña llegan a ser casi 87 mil, es decir que el subsidio cubrió sólo al 14 % de las personas que no acceden a la red.
En Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la segunda región más importante de extracción de gas del país, hubo un serio conflicto en mayo de este año por el intento de realizar, en plena temporada de bajas temperaturas, recortes en el programa de Subsidios Residenciales de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y a Granel. El gobernador Gustavo Melella publicó los decretos 2112/25 y 505/26 y la resolución ME 209/26. Con estas medidas, redujo 50 kg de la cantidad mensual cubierta e impuso una segmentación territorial para el acceso al subsidio. Las afectadas eran 5800 familias que exigieron la derogación de las normativas y, con un acampe de varios días bajo las intensas nevadas frente a la Casa de Gobierno y la ocupación pacífica del edificio, lograron que la legislatura promulgara la Ley 1629 que anuló las modificaciones.
Quién paga y quién gana
Las políticas de recorte de subsidios, penalización del consumo y aumento de tarifas proliferan al tiempo que se paralizan los salarios, se pierde la capacidad de consumo básico, aumenta el transporte y empeoran las jubilaciones, pensiones y acceso a la salud pública. Estos datos son analizados mes a mes por el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-CONICET). En sus informes indican que, desde diciembre del 2023 a junio del 2026, el aumento es de 494% para la electricidad y 2073% para el gas natural. En relación a la canasta mensual de servicios públicos, se registró una suba del 10 % en junio con respecto a mayo. En simultáneo, el Congreso Nacional impulsa la condonación de deudas millonarias a Edenor y Edesur en la modificación del Régimen de Zonas Frías que se tratará en el Senado, ejecuta subsidios a las petroleras y otorga beneficios a través del RIGI y el súper RIGI.
La propuesta del vocero Adrián Ravier se presenta falazmente como parte de la búsqueda de eficiencia en la asignación de recursos públicos. Lo que convalida el reemplazo de Manuel Adorni en su discurso es, sin embargo, una de las mayores y más aceleradas transferencias de recursos de nuestra historia. Sin escalas, desde los trabajadores argentinos hacia los sectores más concentrados de la economía nacional y trasnacional.
