Efectivos policiales declararon e hicieron eje en las “pruebas” del supuesto “intento de homicidio” (como está caratulada la causa contra Relmu Ñamku). Exhibieron ante el jurado piedras que habrían sido arrojadas a la denunciante (Verónica Pelayes). Lo paradigmático es que las piedras fueron recogidas nueve meses después de los hechos y de un camino donde hay miles de piedras idénticas. También declararon los empleados de la petrolera Apache (hoy YPF), que no identificaron a la acusada como causante de las heridas, reconocieron que el abogado de la compañía estaba al mando del procedimiento judicial y confirmaron los hechos de contaminación de la empresa.
Repudiaron el juicio el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, elsindicato docente de Neuquén (ATEN), la Central de Trabajadores de Argentina (CTA Autónoma) el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Amnistía Internacional, por su parte, lanzó una Acción Urgente para convocar a la comunidad Internacional a reclamar un juicio justo para Relmu.
Policías
El segundo día de juicio volvieron a declarar todos testigos solicitados por la fiscal Sandra González Taboada y el abogado de Pelayes, Julián Alvarez. Los policías iban a exhibir las piedras que habrían quedado dentro del vehículo de Pelayes, pero no pudieron mostrarlas. Ante el jurado, no quedó claro si las perdieron o nunca las tuvieron como prueba.
Sí exhibieron piedras que fueron recogidas el 20 de septiembre de 2013: nueve meses después del hecho denunciado (28 de diciembre de 2012). Con un agravante: el lugar donde se produjo el intento de desalojo, territorio de la comunidad Winkul Newen, es un camino típico de esa zona, con miles de piedras idénticas a las exhibidas como “prueba” por los policías.
Ninguno de los efectivos identificó a la acusada como la autora del piedrazo que hirió a la auxiliar de justicia. Por otra parte, mostraron las fotos de los vehículos con vidrios rotos.
Petroleros
También declararon tres empleados de la petrolera estadounidense Apache (en 2014 adquirida por YPF). Afirmaron que todos los integrantes de la comunidad tiraban piedras a los autos (no a personas puntuales) y que no escucharon nada del intercambio de palabras entre Pelayes y la comunidad.
Reconocieron que el abogado de la petrolera, Mariano Brillo, era quien comandaba el operativo y le insistía a Pelayes para que los operarios pudieran ingresar en ese momento al territorio mapuche. Y también confirmaron que había una retroexcavadora para arrasar el alambrado y la tranquera de la comunidad (y para que la empresa pueda entrar con las camionetas).
Policías
El segundo día de juicio volvieron a declarar todos testigos solicitados por la fiscal Sandra González Taboada y el abogado de Pelayes, Julián Alvarez. Los policías iban a exhibir las piedras que habrían quedado dentro del vehículo de Pelayes, pero no pudieron mostrarlas. Ante el jurado, no quedó claro si las perdieron o nunca las tuvieron como prueba.
Sí exhibieron piedras que fueron recogidas el 20 de septiembre de 2013: nueve meses después del hecho denunciado (28 de diciembre de 2012). Con un agravante: el lugar donde se produjo el intento de desalojo, territorio de la comunidad Winkul Newen, es un camino típico de esa zona, con miles de piedras idénticas a las exhibidas como “prueba” por los policías.
Ninguno de los efectivos identificó a la acusada como la autora del piedrazo que hirió a la auxiliar de justicia. Por otra parte, mostraron las fotos de los vehículos con vidrios rotos.
Petroleros
También declararon tres empleados de la petrolera estadounidense Apache (en 2014 adquirida por YPF). Afirmaron que todos los integrantes de la comunidad tiraban piedras a los autos (no a personas puntuales) y que no escucharon nada del intercambio de palabras entre Pelayes y la comunidad.
Reconocieron que el abogado de la petrolera, Mariano Brillo, era quien comandaba el operativo y le insistía a Pelayes para que los operarios pudieran ingresar en ese momento al territorio mapuche. Y también confirmaron que había una retroexcavadora para arrasar el alambrado y la tranquera de la comunidad (y para que la empresa pueda entrar con las camionetas).
El abogado de la comunidad mapuche, Darío Kosovsky, remarcó ambos hechos. El discurso mediático instalado por la fiscal Taboada, Pelayes y el abogado Julián Alvarez hasta el día de ayer es que no había retroexcavadora, no había empalados de la petrolera ni policías, y que era una “simple notificación” que implicaba dejar un papel en el alambrado. Ayer quedó demostrada la distancia entre esos dichos y la realidad: había policías, empleados de la petrolera, maquinaria pesada y querían ingresar por la fuerza a la comunidad.
La orden de desalojo de ese 28 de diciembre fue antecedida por un bloqueo a la empresa, que a su vez estuvo motivada (entre otros puntos) por sucesivos hechos de contaminación que Apache nunca atendió.
En la audiencia de ayer, uno de los empleados de la petrolera (que oficiaba comoresponsable de “Seguridad e Higiene”) reconoció los hechos de contaminación. Aunque primero dijo no recordar las denuncias hechas por la comunidad, el abogado Kosovsky le mostró un acta con su firma y el empleado finalmente aceptó la existencia de derrames y que nunca habían cesado totalmente.
La audiencia terminó a las 14.30 y, Verónica Pelayes, la denunciante, no concurrió.
La orden de desalojo de ese 28 de diciembre fue antecedida por un bloqueo a la empresa, que a su vez estuvo motivada (entre otros puntos) por sucesivos hechos de contaminación que Apache nunca atendió.
En la audiencia de ayer, uno de los empleados de la petrolera (que oficiaba comoresponsable de “Seguridad e Higiene”) reconoció los hechos de contaminación. Aunque primero dijo no recordar las denuncias hechas por la comunidad, el abogado Kosovsky le mostró un acta con su firma y el empleado finalmente aceptó la existencia de derrames y que nunca habían cesado totalmente.
La audiencia terminó a las 14.30 y, Verónica Pelayes, la denunciante, no concurrió.
Apoyos
La reconocida organización de derechos humanos Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), de Adolfo Pérez Esquivel, se había presentado para participar con la figura legal de “amigo del tribunal” (así lo contemplan las leyes nacionales), pero le rechazaron esa posibilidad, como consecuencia de un pedido hecho por el abogado Julián Alvarez.
También rechazó terminantemente la carátula de “intento de homicidio”, afirmó que se trató de “un accidente que nadie quiso que sucediera” y recordó que las petroleras violan de manera sistemática el derecho a consultar a la comunidad (vigente en leyes nacionales), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas (ONU).
“Lo que está sucediendo con Relmu (Ñamku), Martín (Maliqueo) y Mauricio (Rain) es parte de la estrategia que despliega el gobierno para silenciar a los pueblos originarios. El caso de Félix Diaz de la comunidad Potae Napocna Navogoh en Formosa, es otra muestra de este accionar violatorio de los derechos humanos”, ha dicho Amnistía Internacional. Los conflictos relevados por Amnistía y reflejados en territorioindigena.com.ar dan cuenta de ello.
También cuestionaron el juicio el gremio docente de Neuquén (ATEN) y la CTA Autónoma. “Se trata de una situación que es utilizada por el poder económico y el Estado para criminalizar la protesta social e intentar hacer caer todo el peso del poder punitivo sólo sobre algunos miembros de la comunidad originaria que viene siendo vulnerada en sus derechos humanos, acusando a los mismos de intento de homicidio”, denuncia el comunicado conjunto de la Secretaría de Pueblos Originarios y de Derechos Humanos de la CTA Autónoma. Y responsabilizó al “Estado nacional, provincial y la multinacional petrolera Apache asociada a YPF”.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena(MNCI) denunció lo desmedido de la acusación que “da cuenta del avance ininterrumpido de la criminalización de los pueblos originarios que asumen la defensa de la tierra” y afirmó que se intenta“una medida ejemplar en venganza por la resistencia de la comunidad, para generar temor en los que defiendan su territorio”.
Desde Amnistía Internacional, además de participar como observadores del juicio, hemos lanzado un Acción Urgente a nivel global para comprometer a la comunidad internacional a sumarse a la lucha del pueblo mapuche y solicitar a las autoridades argentinas que: a) garanticen que la líder indígena Relmu Ñamku sea juzgada de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos; b) garanticen que durante el juicio se tengan en cuenta las normas internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas, incluido su derecho a sus tierras y recursos naturales; c) no utilicen leyes penales para intimidar y amenazar a los pueblos indígenas y silenciar sus reclamos. Disponible en http://amnistia.org.ar/RAU/argentina
Tomado del Diario del Juicio, seguilo en http://amnistia.org.ar/relmu
