Lo sucedido, el viernes pasado, en la comunidad mapuche Wincul Newén es el preludio del endurecimiento de la política de los gobiernos nacional y provincial, lobbystas de las petroleras, en materia de explotación hidrocarburífera. Explotación que está en consonancia con el modelo de extracción de los recursos naturales que se viene implementando en nuestro país desde comienzos del siglo pasado, y que nos dejará sin ellos en un futuro no muy lejano, subsumidos en la pobreza y en la contaminación.
Los hechos acontecidos se han dado dentro de un contexto en el que el gobierno nacional y el provincial y varias empresas norteamericanas, entre las que se encuentra Apache, han firmado acuerdos para la explotación petrolera, particularmente el fracking (método no convencional de fractura hidráulica).
Utilizando su brazo judicial y las fuerzas represivas, enfrentan a “pobres contra pobres”, atendiendo a las exigencias y a los intereses de la petrolera Apache, negando los derechos elementales básicos, tanto de la comunidad mapuche, permitiendo la usurpación y contaminación de su territorio, como también los de la trabajadora judicial, obligada a cumplir una tarea fuera del horario de trabajo y bajo amenaza de ser sancionada si no lo hacía, librándola a su suerte y a sus propios medios.
Quienes no desconocían esta situación de indefensión de ambas partes, la trabajadora y los integrantes de la comunidad, son las autoridades de la multinacional Apache, en la figura de su apoderado, el abogado Brillo, las del gobierno, representado por el fiscal Gaitán, y las de la justicia, en la figura de la jueza Ivonne San Martin. Ellos son los responsables de crear esta tensión extrema, con la única finalidad de defender los intereses económicos de Apache, que no sólo depreda los recursos naturales, sino que además contamina el suelo y pone en peligro el acuífero Zapala con las perforaciones de fractura hidráulica.
El enfrentamiento entre trabajadores y los sectores oprimidos, como el pueblo mapuche, sólo favorece al poder político y al poder económico. Lamentamos la agresión que sufrió la oficial de la justicia. Entendemos que es consecuencia de la presión y de la violencia ejercida, tanto por el estado como por las empresas, sobre las comunidades y las poblaciones rurales en disputa por los recursos naturales.
Solo la unidad y la lucha de las organizaciones sociales, gremiales, políticas, de derechos humanos y de la comunidad en su conjunto, pueden hacer frente a esta arremetida del gobierno del MPN, del gobierno nacional y las petroleras depredadoras. Andalgalá, Famatina, la comunidad de Lonco Pué son muestras de que ese camino es posible.
Por eso decimos:
Basta de contaminar el suelo y el agua
Basta de usurpaciones en territorio comunitario por parte de las petroleras
Ningún preso político
No a la criminalización y judicialización de la protesta social
Ningún/a trabajador/a más obligado/a a cumplir tareas en las que se vea expuesta su integridad física y su salud
Las organizaciones sociales, gremiales, políticas y de DD.HH que conformamos esta multisectorial exigimos al gobierno provincial:
· Cese del acoso policial y judicial a la comunidad mapuche.
· Abastecimiento de agua potable en la cantidad necesaria para los miembros de la comunidad y para todas las comunidades de las zonas rurales.
Mesa coordinadora por los DDHH – La Colectiva “Chapal” – APZA – Partido Comunista Revolucionario – Juventud Comunista Revolucionaria – Convergencia Socialista – Proyecto Sur – Desarrollo Territorial Zona Centro – Aten Zapala – Comunidad Mapuce Winkul Newen – Comunidad Mapuce Wiñoy Folil – Comunidad Mapuce Gelay Ko – Comunidad Mapuce Xem Kimvn – Comunidad Mapuce Wentru Trahuel Leufu –
