Pax extractivista o paz con justicia social y ambiental

Por Tatiana Roa Avendaño*

Durante los últimos años se han esgrimido argumentos para defender la agresiva ocupación territorial que están haciendo las empresas petroleras, incluso en lugares sin historia de extracción. A lo largo de 2016 fue reiterada, tanto por el presidente Juan Manuel Santos, por como los directivos de Ecopetrol y otras empresas, y el Ministerio de Minas y Energía, la importancia que tendría el desarrollo petrolero en el posconflicto. Sin embargo, durante los últimos meses el desarrollo de iniciativas comunitarias han logrado detener algunos proyectos extractivos, utilizando una articulación de diversas estrategias de movilización, legales, incidencia política y comunicación, poniendo en jaque al sector petrolero.

Luego del resultado de la consulta popular de Cumaral – Meta, donde el 4 de junio el 97% de quienes votaron decidió prohibir la realización de “actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria y producción de hidrocarburos” en su municipio, se calentó aún más el debate sobre la participación local para decidir asuntos relacionados con la llamada Locomotora Minero – Energética1 . El mismo día de la consulta el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda Mera, salió a desconocer los resultados y, antes de la misma, había manifestado que “la industria petrolera en Colombia está seriamente amenazada”.

Este artículo busca describir las diversas posiciones frente a la construcción de paz en Colombia.

La pax extractivista

Durante el II Congreso de la Asociación Colombiana del Petróleo, realizado en la última semana de septiembre de 2016, coincidiendo con firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Francisco José Lloreda Mera señaló que “el futuro del país y el de la industria [petrolera] están entrelazados”, y el aporte del sector “es fundamental para garantizar una paz estable y duradera”. En su ponencia Hidrocarburos y paz: una ventana de oportunidad, enfatizó que la nueva economía –la del posconflicto– debe ser “adicional y complementaria a la petrolera y no un remplazo de ella”. Su argumento se basa en que el sector petróleo ha sido el soporte económico para la sustentabilidad fiscal del país. Con precios de hasta 100 dólares el barril –entre 2010 y 2014– y con picos de producción (extracción) de hasta un millón de barriles diarios, la economía colombiana se volvió dependiente de los ingresos minero–energéticos, particularmente petroleros.

Para Lloreda Mero, en “tiempos de paz”, las metas deben ser más ambiciosas: la producción deberá duplicarse, e incluso cuadriplicarse, ampliando la exploración en nuevas fronteras extractivas, especialmente el mar y la Amazonía, para lograr aumentar reservas, ya que hoy sólo alcanzan para los próximos 5,6 años, al ritmo de extracción actual. Y por supuesto, esto sólo se logra mejorando las condiciones para los inversionistas. Eso mismo piensa el ministro de Minas y Energía Germán Arce Zapata, que considera que “con la paz, aquellos territorios con conflicto y difícil acceso serán lugares donde los proyectos de hidrocarburos, mineros y de energía serán una realidad” (Portafolio, 2016).

Lo expresado por Lloreda Mero y Arce Zapata confirma las preocupaciones de algunos sectores sociales del país, que han manifestado que el real interés del gobierno colombiano, no es superar las causas estructurales que provocaron el conflicto sino abrir los territorios a la inversión extranjera. Maristella Svampa la llama la “pax extractivista” y advierte, que así como está concebida por los grupos dominantes, “no implicaría otra cosa que la radicalización de la guerra, por otros medios (mayor criminalización, aumento de asesinatos de defensoras ambientales, reforzamiento de cadenas de la violencia)” (Svampa, 2017).

Los intereses de empresarios y gobiernos, que le apostaron a la pax extractivista van en contravía de las aspiraciones de amplios sectores de la sociedad colombiana, que anhelan la paz con la esperanza de construir un país sobre nuevas bases democráticas y con mayor justicia social y ambiental. Sin embargo, no la tienen –ni la tendrán– fácil, esto se ha evidenciado desde 2015 en que varios municipios impulsaron y realizaron consultas populares y/o acuerdos municipales para frenar el avance de los proyectos extractivos en sus territorios. Tres de las consultas afectan directamente a proyectos petroleros: Tauramena (Casanare), Cabrera (Cundinamarca) y Cumaral (Meta), lo que ha derivado en un amplio debate político y jurídico entre las comunidades, las cortes de Justicia, los ambientalistas, los empresarios y el gobierno nacional. Lo cierto es el gobierno nacional está viendo amenazado el proyecto extractivista que tenía para el posconflicto, que incluso se negó a discutir con los grupos insurgentes, y actualmente está pensando en cómo frenar el auge de la democracia participativa.

El sector extractivo en la economía colombiana

Más de una década de promoción de un nuevo ciclo extractivo conllevaron a una dependencia de los ingresos del sector. Los gobiernos de Uribe (2002-2006; 2006-2010) y Santos (2010–2014; 2014–2018 aún en curso), brindaron amplios beneficios a los inversionistas extranjeros, lo que provocó un auge de proyectos extractivos; además favorecidos por los altos precios del petróleo y los minerales durante los primeros años del siglo XXI. Es así como en la actualidad el sector minero-energé­ tico representa el 7% del PIB y alrededor del 50% de las exportaciones. Hasta 2014, sólo las exportaciones de petróleo representaban el 52,79%, sin embargo en 2015, estás cayeron al 35,9% del total exportado del país (MME, 2017: 22-23).

En efecto, el informe Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI Colombia) realizado por el Ministerio de Minas y Energía (2017), destaca que la caída de los precios del petróleo y otros minerales afectó de forma severa al sector y representó un bajón en los ingresos del país por concepto de impuestos y regalías. “El recaudo de impuestos disminuyó el 34,8 % y el de regalías en 10,7 %”, representando alrededor de US$ 3 mil millones al año, mientras que la inversión extranjera directa cayó, en 2015, un 35% en el sector de hidrocarburos y un 66,3% en el sector minero (MME, 2017: 11). En 2013, a través de un Documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes 3762: Lineamientos de Política para el desarrollo de Proyectos de Interés Nacional Estratégico (Pines), el Gobierno Nacional identificó más de 250 proyectos de inversión de los sectores de transporte, energía y minería e hidrocarburos, para este último sector se priorizaron 21 iniciativas estratégicas: siete para exploración, una con cinco bloques offshore, cinco proyectos corresponden a yacimientos no convencionales, cinco proyectos en producción, un proyecto midstream y tres proyectos downstream (MME, 2017: 54).

Los Pines buscan disminuir los trámites y procesos de licenciamiento ambiental, adquisición de predios y consultas previas. “A partir de 2015, la ANH [Agencia Nacional de Hidrocarburos] flexibilizó aún más los compromisos de inversión de las empresas petroleras. Una de las medidas favorables fue crear condiciones de aplazamiento de proyectos y facilidades para pasar de un contrato de evaluación técnica a uno de exploración, lo cual permite a las empresas prescindir de algunos trámites y ganar tiempo. Además, cambió el esquema de subastas petroleras o rondas que se hacían cada dos años, hacia un sistema más flexible en el cual las empresas pueden con más frecuencia acceder a contratar bloques con la ANH” (Roa et al, 2017). El auge del modelo extractivo favoreció no sólo a las empresas sino también a los grupos regionales y nacionales de poder, que se han encargado de continuar ofreciendo garantías a los inversionistas extranjeros.

Movilización contra el modelo extractivo

Con el incremento de los proyectos extractivos se exacerbaron los conflictos socioambientales y se activaron diversos procesos de defensa territorial y una significativa movilización ciudadana. Dos podrían ser las causas de dicha situación, de una parte, la crisis ambiental que sufren los territorios, en particular donde ya se han desarrollado proyectos extractivos: Meta, Casanare, Guajira y Cauca, y ello prendió las alarmas sobre los nuevos proyectos. En segundo lugar, la ampliación de la frontera extractiva hacia territorios activó la preocupación de los locales, que nunca imaginaron tener proyectos de esta naturaleza, que incluso requieren la aplicación de nuevas tecnologías, más agresivas y más intensas en uso de energía, materia y agua, generando una creciente preocupación en esos territorios.

De acuerdo al mapa elaborado por el proyecto Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade (Ejolt), más de 115 conflictos socioambientales han sido registrados en Colombia, la mayor parte de ellos por proyectos extractivos. También la base de datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) ha advertido la importancia que están adquiriendo los conflictos socioambientales, que hoy representan el 30% de los casos registrados en el país. Lo cual confirma que en la actualidad la movilización por la justicia socio ambiental viene creciendo, que ya tiene en sus haberes, importantes triunfos. Ejemplo de esto es que todas las consultas populares realizadas se han ganado2 y el uso de mecanismos de participación ciudadana se disparó en el último año, con más de 40 consultas en trámite, además de iniciativas populares. Por otro lado, las autoridades y consejos municipales han realizado acuerdos municipales para prohibir los proyectos extractivos en municipios de Antioquia, Huila, Caquetá.

El gobierno y las empresas han buscado desconocer los resultados de estas consultas, mientras que por otro lado, la acción política ambiental ha logrado instalar un importante debate nacional, que ha tenido respuestas interesantes de las altas cortes. En agosto de 2016, la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-44516, ratificó la decisión soberana de los entes territoriales para regular el uso del suelo y garantizar la protección ambiental, “incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”. Decisión que fue ratificada la primera semana de junio por el Consejo de Estado.

Sin duda, la creciente movilización por la justicia ambiental está poniendo en cuestión el modelo extractivo del actual gobierno, y que representa la noción de paz que buscó imponer con el acuerdo de paz firmado con las FARC. Este movimiento ha logrado dinamizar amplios sectores del país, entre ellos, ambientalistas, trabajadores, educadores, campesinos, indígenas, afrocolombianos que se expresaron con fuerza el 2 de junio, cuando más de 200 mil personas, en ciudades como Ibagué, Bucaramanga, Bogotá, Armenia, y más de 25 municipios de Tolima, Caquetá, Quindío, Meta y Santander, se sumaron a la IX Marcha Carnaval en Defensa del Agua, la Vida y el Territorio. Este año no sólo celebró el triunfo de la consulta popular de Cajamarca sino que dio un amplio respaldo a la de Cumaral, que se realizó dos días más tarde. El pulso entre la pax extractivista y la paz con justicia social y ambiental es fuerte, veremos qué pasa.

*Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra

Este artículo fue publicado en la edición Nº5 de Fractura Expuesta. [Descargar revista]

1. NdE: De esa manera denominó el gobierno de Juan Manuel Santos a proyecto de explotación masiva de yacimientos mineros y desarrollos energéticos como pilar de su plan para dinamizar la economía del país.

2. Desde 2015 se ha realizado siete consultas populares, dos de las cuales prohíben proyectos de hidrocarburos (Tauramena – Casanare y Cumaral – Meta), cuatro proyectos mineros (Piedras y Cajamarca – Tolima, Arbeláez – Cundinamarca y Pijao – Quindío) y una en Cabrera (Cundinamarca) que prohíbe todo tipo de proyectos minero-extractivos.

3. Para formalizar o concretizar el acuerdo de paz que el gobierno colombiano firmó con las FARC, se requieren una serie de leyes y reformas constitucionales. De tal manera, a través de un acto legislativo (Número 1 de 2016) se estableció el fast track (vía rápida), un mecanismo que reduce el número de debates en el Congreso, para la aprobación de leyes y reformas constitucionales y le confiere al Presidente una habilitación legislativa extraordinaria y excepcional. El decreto tiene un término de 180 días posteriores a la entrada en vigencia del Acto Legislativo.

Referencias

Corte Constitucional (2016). Sentencia T-445- 16, Bogotá.

— (2017). Sentencia T-622-16, Bogotá.

Lloreda Mera, F. (2016). Hidrocarburos y paz: una ventana de oportunidad, en II Congreso de la Asociación Colombiana del Petróleo, septiembre 26. Bogotá. En: http://www.congresoacp.com/ congreso2016/images/apertura/intervencion__ congreso_acp2016_.pdf

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2017). Decreto Ley 883, Gobierno de Colombia, 26 de mayo, Bogotá.

Ministerio de Minas y Energía (2017). Informe Eiti Colombia, Vigencias fiscales 2014 y 2015, Gobierno de Colombia, Bogotá.

Portafolio (2016). Los retos de la economía tras el fin del conflicto, 24 de agosto. Bogotá. En: http://www.portafolio.co/economia/retos-dela-economia-colombiana-tras-el-acuerdo-depaz-499846

Svampa, M. 2017. Prólogo. En Roa Avendaño, T. et al -coordinadoras- (2017). Como el agua y el aceite, Conflictos socioambientales por la extracción petrolera, Censat Agua Viva, Bogotá.

Roa Avendaño, T. et al -coordinadoras- (2017). Como el agua y el aceite, Conflictos socioambientales por la extracción petrolera, Censat Agua Viva, Bogotá.

Voces por Colombia (2017). Intervención ciudadana con ocasión de la revisión automática de constitucionalidad del Decreto Ley 883 del 26 de mayo 2017 “por el cual se modifica la Ley 1819 de 2016 para incluir a las empresas dedicadas a la minería y a la explotación de hidrocarburos en la forma de pago de obras por impuestos”. Inédito