Los firmantes se comprometieron a detener las explotaciones hidrocarburíferas y forestales en las selvas, respetar el derecho a la consulta en estas comunidades y la titulación de tierras a favor de comunidades y pueblos indígenas.
Por Sebastián Ochoa.- Los encuentros sociales para proponer alternativas al fin del mundo concluyeron con planteos radicales y ambiciosos. El cumplimiento del Acuerdo de Cochabamba obligaría a los países, incluido Bolivia, a olvidarse de extraer recursos naturales de selvas y territorios indígenas. O al menos consultar a las comunidades, como dicen varios tratados internacionales intrascendentes para los estados adheridos. Además los llevaría a cambiar sus matrices energéticas por otras que no contaminen la atmósfera. Miles de personas dejaron esta ciudad persuadidas de que sus consensos se concretarán en algo. Según ellos, toca ahora a los gobiernos encargarse del reclamo o pagar también esas consecuencias. Como señal de que tomará en cuenta el texto elaborado por 35 mil personas, el gobierno boliviano anunció la creación del Ministerio de la Madre Tierra.
Los documentos de las 17 mesas de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra (Cmpcc) no tienen grandes diferencias con la resolución de la Mesa 18, que sesionó también en Cochabamba sin el reconocimiento del gobierno. Muchas personas participaron en ambos espacios, muchas otras fueron con las mismas propuestas: detener las explotaciones forestales e hidrocarburíferas en las selvas, respetar el derecho a la consulta en estas comunidades y la titulación de tierras a favor de comunidades y pueblos indígenas.
“Este modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios, impidiendo la soberanía alimentaria y profundizando la crisis socioambiental”, denuncia el texto de la Cmpcc.
“Los gobiernos deben eliminar las concesiones forestales y apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y detener urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas”, dice el acuerdo cochabambino.
En este sentido, sostiene que “la mejor estrategia y acción para evitar la deforestación y degradación y proteger los bosques nativos y la selva es reconocer y garantizar los derechos colectivos de las tierras y territorios, considerando especialmente que la mayoría de los bosques y selvas están en los territorios de pueblos y naciones indígenas, comunidades campesinas y tradicionales”.
También demanda “la plena y efectiva aplicación del derecho a la consulta, la participación y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en todos los procesos de negociación, así como en el diseño e implementación de las medidas relativas al cambio climático”.
Para ello, exigen que se respeten instrumentos de derecho internacional, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado en la mayoría de los países de las Naciones Unidas; o la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, elaborado por la ONU pero constitucionalizado sólo por Bolivia.
El documento final reflejó la preocupación de los acreditados, venidos de 140 países, por la explotación acelerada de los recursos de este mundo. “En la actualidad ya se ha excedido en más de un 30 por ciento la capacidad del planeta para regenerarse. A este ritmo de sobreexplotación de nuestra Madre Tierra, se necesitarían dos planetas para el 2030”, según el acuerdo.
Ese motivo, entre otros, justificó la propuesta de hacerle derechos a la Tierra. “En un sistema interdependiente, del cual los seres humanos somos uno de sus componentes, no es posible reconocer derechos solamente a la parte humana sin provocar un desequilibrio en todo el sistema. Para garantizar los derechos humanos y restablecer la armonía con la naturaleza, es necesario reconocer y aplicar efectivamente los derechos de la Madre Tierra”, dice el texto.
Algunos de los derechos propuestos para la Tierra son “a la vida y a existir”, “a ser respetada”, “a la continuación de sus ciclos y procesos vitales libre de alteraciones humanas”, “al agua como fuente de vida”, “al aire limpio”, “a estar libre de la contaminación y polución de desechos tóxicos y radiactivos”.
De acuerdo con el Protocolo de Kioto, los 42 países más industrializados están obligados a disminuir sus emisiones de gases contaminantes en un cinco por ciento entre 2008 y 2012. En la Conferencia de Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 15) realizada en diciembre pasado en Copenhague, se propuso que de aquí en adelante cada país emitiera menos gases en forma voluntaria, según las necesidades de sus negocios.
En la Cmpcc definieron que entre 2013 y 2020 los 42 países del llamado Anexo 1 reduzcan sus emisiones en un 50 por ciento. Esa posición defenderá Bolivia en la COP 16, que será a fin de año en Cancún, México. Posiblemente, algunos de los 48 gobiernos que enviaron delegaciones oficiales a esta conferencia apoyen este reclamo.
Con una reducción del 50 por ciento se espera que el aumento de la temperatura del planeta no sobrepase los dos grados en el próximo siglo y se estabilice en 1,5. El Entendimiento de Copenhague, deplorado por la concurrencia, plantea una tolerancia de hasta dos grados. Sin embargo, varios científicos presentes en la Cmpcc destacaron que ese entendimiento llevaría a que la Tierra tuviera cuatro grados más y muchas poblaciones costeras menos.
También definieron la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, encargado de juzgar a los estados y empresas que contaminen. Para que esta instancia funcione, en la Cmpcc exigieron una “profunda reforma” en la estructura de la ONU. Y convocaron a la constitución de un movimiento global que vigile la aplicación del Acuerdo de Cochabamba, cuyo texto entero se encuentra en www.cmpcc.org.
Calcularon que el costo de la deuda climática de los países industrializados hacia los empobrecidos ascendería al seis por ciento anual de sus PBI. “Esto es viable tomando en cuenta que gastan un monto similar en defensa nacional y destinaron cinco veces más para rescatar bancos y especuladores en quiebra, lo que cuestiona seriamente sus prioridades mundiales y su voluntad política”, se lee en el acuerdo.
El gobierno de Evo Morales quiso dar el primer paso para ese lado y proclamó la creación del Ministerio de la Madre Tierra. El vicepresidente, Alvaro García Linera, dijo que la nueva cartera recogerá “buena parte de lo que hoy es el Viceministerio de Medio Ambiente y Agua, pero también está claro que tendrá que asumir responsabilidades en función del documento de Cochabamba”.
Aprobar la ley de la Madre Tierra no debiera traer dificultades al actual gobierno, que controla dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Como país capitalista atrasado, Bolivia debería desistir en sus intenciones de extraer petróleo del selvático norte de La Paz, según denuncia el pueblo indígena Leco a la empresa Petroandina, conformada por YPFB (del Estado Plurinacional) y Pdvsa (de capitales venezolanos). También tendría que respetar el derecho a la consulta de los indígenas que viven cerca de emprendimientos mineros, como reclaman los quechuas y aymaras reunidos en el Consejo Nacional de Markas y Ayllus de Qullasuyu (Conamaq). Esta organización, aunque aliada al gobierno de Morales, promovió la creación de la Mesa 18.
Este espacio, que contó con más de tres mil inscriptos, sesionó a tres cuadras de la conferencia, en la localidad de Tiquipaya, Cochabamba. Allí se explayaron sobre casos puntuales de contaminación en poblaciones y quitaron un poco de romanticismo al “proceso de cambio” que por un lado pronuncia discursos en defensa de la Pachamama, pero por otro avala la operación de transnacionales que rechaza la población. Además de conflictos bolivianos, aquí trataron sobre la lucha por la propiedad colectiva de la tierra de campesinos de Córdoba y los perjuicios que ocasionan empresas mineras en Catamarca y San Juan, entre otros.
Página/12
