- “En el punto de los derechos de exportación las empresas estafan abiertamente a las provincias, violando incluso la ley” sostiene Calducci
Por OPSur.- Continuando con la ronda de entrevistas sobre políticas energéticas a referentes de fuerzas de izquierda y centroizquierda, Norberto Calducci, dirigente del Partido Obrero en Neuquén, nos acerca las opiniones de su espacio. Entre otras consideraciones, hace referencia a la responsabilidad del kirchnerismo en la preocupante situación energética del país y la estafa de las compañías petroleras a las administraciones provinciales.
-En los últimos años el país ha pasado a ser cada vez más dependiente de la importación de recursos energéticos, tales como gasoil, gas y carbón. En términos generales, ¿a qué atribuyen esta situación? ¿Qué responsabilidad le cabe al kirchnerismo?
Es muy claro que la necesidad de importar hidrocarburos y combustibles, se debe a que no se han realizado las inversiones necesarias, ni en exploración, ni en explotación o transporte, menos aún en destilación, por parte de las empresas hidrocarburíferas y energéticas.
Esto queda reflejado en dos hechos: a) la continua caída de la producción de petróleo y gas y del nivel de reservas y b) la ausencia de descubrimientos de nuevos yacimientos de importancia desde hace décadas.
El caso particular de Neuquén es muy elocuente. A pesar de haberse prorrogado en el año 2000 la concesión del principal yacimiento nacional de gas (Loma de la Lata-Sierra Barrosa) la producción provincial de gas cae desde 2005 sin interrupción. La de petróleo ha caído en la última década a la mitad.
Las petroleras hacen muy buen negocio boicoteando la producción local. Por ejemplo Repsol recibe por el gas que trae en barcos desde Trinidad Tobago un precio 10 veces superior al que recibiría por el gas que extrae en el país. Es obvio que le conviene planchar la producción local e importar su propia producción del exterior.
Todo lo descrito es parte de la política del gobierno nacional y de las provincias. Desde el Poder Ejecutivo Nacional y desde la Secretaría de Energía de la Nación se han emitido todas las normas necesarias para encubrir este sabotaje contra el país.
-¿Cuál es su propuesta en torno a la gestión, explotación y comercialización de hidrocarburos? ¿En qué medida conjugarían participación estatal y privada?
Nuestro planteo es la nacionalización de los pulpos petroleros sin ninguna indemnización y la explotación estatal bajo control obrero del recurso hidrocarburífero, en función de abrir un proceso de reindustrialización nacional bajo control de los trabajadores. En nuestro país hay suficiente recurso humano (ex ypefianos, otros ex de organismos de ciencia y técnica hoy cesanteados) y tecnológico como para prescindir de la participación privada en el tema en cuestión.
-¿Qué papel deberían jugar los trabajadores y los habitantes de las comunidades donde se asientan las exploraciones y explotaciones hidrocarburíferas?
Las poblaciones petroleras y los trabajadores del sector han jugado papeles decisivos en distintos momentos, realizando puebladas históricas como en Cutral Có – Plaza Huincul, Tartagal, Las Heras, Rincón de los Sauces, etc.. Estas puebladas han sido contra los efectos de la privatización de YPF, por la defensa de los puestos de trabajo, el salario, pero también contra los efectos ambientales de la explotación hidrocarburífera. En este último aspecto la contaminación petrolera no es sólo la visible (un derrame de un pozo o un oleoducto por ejemplo), sino que existe una contaminación invisible, tanto o más perjudicial que la anterior. Me refiero al uso de trazadores radiactivos como el tritio para medir la porosidad de la roca en pozos de recuperación secundaria. El tritio es altamente radioactivo y llega a las napas subterráneas de agua que tarde o temprano nutren la vegetación que comen los animales o alimentan algún curso de agua o se utiliza para uso humano. En la zona de Loma de la Lata se han registrado casos de nacimiento de animales y fetos con anancefalia, que es precisamente una de las anomalías que causa la contaminación con tritio.
-Últimamente se ha utilizado la necesidad de compensar la caída del horizonte de reservas de hidrocarburos como argumento para expandir la exploración y explotación hacia nuevas regiones. Numerosas comunidades locales y pueblos originarios han manifestado su oposición por considerar que esto afectaría producciones preexistentes y pautas de vida ancestrales. ¿Qué evaluación hacen de esta situación y cómo la solucionarían?
No existe ninguna razón productiva que justifique invadir el territorio de una comunidad originaria o sobre zonas urbanas -como ocurre en localidades de la provincia de Neuquén, donde los pozos lindan con escuelas, salas de primeros auxilios o viviendas. Obviamente en tanto la explotación del recurso se haga con la lógica del capitalismo, el pisoteo de territorios y de zonas pobladas será la constante. La solución a este problema, de verdadera crisis humanitaria por la contaminación, es casualmente lo que proponemos anteriormente. Las comunidades afectadas deben tener derecho a veto sobre los proyectos de explotación y exploración. Asambleas populares como la de Gualeguaychu, Andagalá o Loncopue, aquí en Neuquén, son expresión de la solución que adoptan los pueblos ante el desastre ambiental que nos propone la explotación capitalista de los recursos.
-La organización que nuclea a provincias productoras (OFEPHI), y de la que participan operadoras privadas y sindicatos, ha criticado la política del gobierno actual en torno a la regulación del precio interno del barril de crudo y el del gas en boca de pozo, por ser inferiores a la cotización internacional, y las retenciones a la exportación. Frecuentemente, se ha sostenido que esta política desinsentiva la inversión y pone en peligro fuentes de trabajo. ¿Qué opinión tiene al respecto?
El costo de extracción de un barril en nuestro país no supera los 7 u 8 dólares. Hay diversos y fundados estudios que así lo indican. De allí a los 47 dólares actuales que le reconocen como valor de corte para el mercado interno, hay un margen de ganancia que podrían sostener las inversiones. En el marco de la crisis capitalista mundial, hoy Repsol está más preocupada por sacar el mayor margen de renta en la Argentina para intentar salvar a sus propios accionistas, -por ejemplo la inmobiliaria Sacyr Valle Hermoso de España-, que en invertir acá. En el plan estratégico de Repsol 2008-2012 no hay un sólo proyecto en Argentina, siendo que aquí obtiene la mitad de sus ganancias.
Lo mismo vale para cualquier otra petrolera: Apache, Total, Chevron, etc..
En el punto de los derechos de exportación -“retenciones”- las empresas estafan abiertamente a las provincias, violando incluso la ley. En el año 2002 se votó la ley Nº 25.661 que crea las retenciones a la exportación de hidrocarburos para crear un fondo de garantías. El artículo 6º de esa ley dice taxativamente que “en ningún caso el derecho a la exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor boca de pozo, para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras”.
Esto implica que las regalías deberían pagarse sobre el precio internacional -mucho mayor- y no el doméstico o valor de corte que establece la Disposición 01/08, una creación conjunta, abiertamente proempresaria, redactada por Guillermo Moreno y Julio Cobos. La participación de Julio Cobos es a título de presidente de la OFEPHI por ser gobernador de Mendoza, pero firmó cuando ya era vicepresidente del país.
Ante los reclamos de las provincias, las petroleras recurrieron a la justicia que falló en el sentido que el artículo 6º de dicha ley debe aplicarse sólo para el hidrocarburo exportado y no las ventas al mercado interno. Con lo cual no se entiende porqué el legislador puso “en ningún caso” y no “en este caso”.
Pero lo cierto es que las empresas pagan regalías sobre el valor de corte y no sobre el valor internacional.
No es el único fraude legal que comenten las empresas. La ley Nº 17.319 habla del pago de “un porcentaje del 12%” de regalías “sobre el producido de los hidrocarburos líquidos extraídos en boca de pozo”.
Sin embargo las empresas fueron autorizadas por decretos y resoluciones a partir del año 1991 a pagar dicho porcentaje, menos los descuentos por flete y tratamiento, “sobre la producción valorizada sobre la base de los precios efectivamente obtenidos …. en la operación de comercialización….” y no en boca pozo.
-Una de las reformas más profundas operadas durante la década del 90′ tuvo que ver con la provincialización de los recursos del subsuelo, tal como quedó plasmado en el artículo 124 de la Constitución Nacional reformada en 1994. ¿Consideran que ha sido algo positivo, o que la potestad sobre esos recursos debería regresar a manos del Estado Nacional? En este caso, ¿cómo instrumentaría la vuelta de la propiedad de los hidrocarburos a la Nación?
En este punto me permito, respetuosamente, discrepar con un par de cuestiones que Uds. afirman al formular la pregunta. En primer lugar no hubo ninguna “reforma profunda” en la llamada “provincialización” de los hidrocarburos. En segundo lugar, ni antes ni ahora, los hidrocarburos son “propiedad” ni de los estados provinciales ni de la Nación.
El art. 124 de la Constitución Nacional luego de la reforma de 1994 dice que se transfiere “el dominio de los yacimientos”. La ley Nº 26.197/07 (llamada ley “corta”, complementaria de la ley “larga”, la Nº 17.319/69) dice que los yacimientos “pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible” de los estados provinciales. En este aspecto la ley “corta” repite textualmente el concepto que ya existía en la ley “larga”. No agrega ni quita nada.
Tratándose de hidrocarburos la cuestión central no es el “dominio”, ni aún la “propiedad” sobre el yacimiento (con el hidrocarburo varios miles de metros bajo tierra), sino el “dominio” sobre el recurso cuando se transforma en una mercancía con valor. Y es precisamente esto lo que la ley Nº 17.319 (ley “larga”) concede a las empresas en su artículo 6º: “Los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados…..” . Y esto no ha sido modificado por ninguna reforma constitucional de 1.994, ni por la ley Nº 26.197 (ley “corta”).
La tan mentada “propiedad” sobre los hidrocarburos, que pregonan el gobierno nacional y los provinciales, no es tal. Las empresas son las que a través del “dominio” sobre el “hidrocarburo” (no el yacimiento), y en la práctica, actúan como propietarias de la mercancía, puesto que se quedan con todos los beneficios de su explotación, acaparamiento, venta o no venta, etc..
La Nación y las provincias no gozan de algo tan simple como decir “los hidrocarburos pertenecen al patrimonio imprescriptible e inalienable” de una u otras.
-A un nivel más general, ¿de qué forma buscarían solucionar las necesidades energéticas del país? ¿Qué prioridad otorgan en esta búsqueda a la transición hacia energías renovables?
La energía debe estar puesta al servicio de un plan de desarrollo integral y productivo del país. Para eso hay que cambiar el esquema rentístico de las concesiones de los yacimientos, a través de la nacionalización del recurso y expropiación sin pago de las empresas. Por supuesto el uso de energías llamadas “renovables” debe promoverse, pero el capitalismo no está interesado en desarrollar las fuerzas productivas, sino en salvarse de su propia crisis.
En este marco hay que ubicar el desarrollo de los biocombustibles que utilizan alimentos para producir energía en vez que para combatir el hambre en el mundo. El capitalismo trata de resolver un problema -el agotamiento de los combustibles fósiles- con una mayor calamidad para la humanidad porque la burguesía hace rato que ha dejado de ser una clase que exprese el progreso social, para encarnar en su etapa imperialista la barbarie en toda la línea.
-¿Su organización cuenta con alguna comisión/área que se encargue del estudio y la formulación de políticas en torno a la problemática energética, así como la de la explotación de otros recursos naturales?
El Partido Obrero no tiene un área especializada en ese tema. Pero las grandes líneas sobre el particular surgen del debate colectivo, la experiencia de los pueblos y nuestra propia experiencia a través de la intervención en la lucha cotidiana.
-¿Han presentado iniciativas parlamentarias referidas al tema energético en el ámbito en las provincias donde tienen representación?
Si por supuesto. Por citar algunos casos les puedo mencionar los proyectos aprobados en los Concejos Deliberantes de tres localidades petroleras como Mosconi, Tartagal y Salta contra la entrega de áreas de parte del gobierno provincial. O los proyectos que impulsamos actualmente en las dos primeras para el cobro de una tasa municipal petrolera a las empresas. O proyectos que hemos presentado en la Legislatura salteña oponiéndonos a la licitación de yacimientos en los términos de las leyes petroleras de la época de Menem que apoyó entusiastamente Kirchner.
