El debate por recuperar la petrolera propia

TRAS LA DENUNCIA, Y EL RECLAMO DE CRISTINA A LAS PETROLERAS, SE PLANTEA LA ALTERNATIVA DE LA REESTATIZACION DE YPF
A las conductas abusivas y la estructura monopólica del mercado se suma el problema de una producción declinante. Detrás de la denuncia a las petroleras y el cambio de estrategia del Gobierno, surge el debate en torno de la reestatización de YPF.
Por Raúl Dellatorre.- La demanda contra cinco petroleras por abuso de posición dominante y cartelización de precios en la venta de gasoil entrará esta semana en etapa de definiciones. Las refinadoras deberían retrotraer el diferencial de precios que aplican en contra de las firmas transportistas, cumpliendo una resolución cautelar de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, a menos que logren que la Cámara de Apelaciones dicte un amparo a su favor en forma inmediata. Quienes estudiaron la denuncia, sostienen que difícilmente un juez podría obviar “las contundentes evidencias” del carácter arbitrario con el que se determinó un precio mayorista (ventas a granel) superior al minorista (en surtidor). Pero más allá del hecho coyuntural quedó plasmado, primero con la denuncia y luego en el discurso presidencial del 25 de enero, la preocupación del Gobierno por un problema de carácter estructural, el oligopolio en el sector de hidrocarburo y combustibles, que amenazan hacer del conflicto un escenario permanente. En el marco de la reunión con gobernadores de las provincias petroleras ya se empezó a plantear, al menos como hipótesis, la alternativa de volver a una empresa estatal integrada, desde la extracción de petróleo hasta la comercialización. La bandera de la renacionalización de YPF vuelve a asomarse en el horizonte.
En el entorno del Gobierno ya se plantea con fuerza que las políticas correctivas a las conductas monopólicas en el sector petrolero tienen límites muy estrechos. Legisladores, especialistas y también funcionarios de primera línea participan de un debate que ya incorpora, como alternativa explícita, la recuperación de una petrolera estatal y, más concretamente, la renacionalización de YPF. El planteo llegó al seno de la última reunión de gobernadores, pero tampoco habría sido ajeno a los argumentos en base a los que se formuló la denuncia contra las petroleras por sobreprecios en la venta de gasoil.
Una semana después de que el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el vicepresidente Amado Boudou denunciaran a las petroleras por sobreprecios en el gasoil, el primero se reunía en Buenos Aires con los gobernadores de provincias petroleras. Era el miércoles 25, pocas horas antes de la esperada reaparición pública de la Presidenta de la Nación tras su convalecencia. El encuentro venía precedido de varios contactos previos entre los mismos interlocutores. El tema central: evaluar el comportamiento de las petroleras en materia de inversión en desarrollo de áreas para la producción en los últimos años.
El diagnóstico partía de una serie de datos preocupantes. La producción de crudo viene en paulatino e ininterrumpido descenso desde 2002 a la fecha, habiendo cedido en ese período en más de 10 millones de metros cúbicos (de 43,9 a casi 33 estimados para todo 2011). La provincia más castigada por ese retroceso resultó Neuquén, que de 14 millones de metros cúbicos pasó a producir alrededor de la mitad el año recién finalizado. Y perdió participación en la torta de producción nacional, de la cual representaba el 32 por ciento hace diez años y ahora apenas pasa el 22. Santa Cruz y Mendoza también vieron caer sus niveles de producción, la primera de 9,5 millones a cerca de 6 millones en el último año, y la provincia cuyana de 7 a 5 millones entre estos mismos diez años. Sólo Chubut quedó algo mejor parada entre las cuatro principales productoras; con una relativa estabilidad en sus niveles de producción, vio crecer su participación del 18 por ciento en 2002 (era la tercera) al 27 por ciento actual (mayor productora de crudo del país).
Ello no sólo afectó a los recursos de las provincias, sino que además dejó al país más dependiente de la importación de hidrocarburos (para refinar) y combustibles para abastecer una creciente demanda interna. Este, en realidad, fue el punto inicial de preocupación del gobierno nacional que movilizó la convocatoria a las provincias para resucitar la Ofephi, la organización federal de provincias productoras de hidrocarburos, que mientras tuvo a Mario Das Neves (ex gobernador de Chubut) de presidente, prácticamente se mantuvo inactiva.
En cuanto al comportamiento de cada una de las empresas petroleras, aparecen algunos datos que pueden apurar las conclusiones. Según el estudio sobre el que trabajó la Ofephi, en los últimos cinco años (2006 a 2011), YPF perdió producción por más de un millón de metros cúbicos (pasó de 13,7 a 12,4 millones, con cifras provisorias para el último año). La producción de la ex petrolera estatal sólo creció en ese período en la provincia de Mendoza, pero cayó fuertemente en Santa Cruz y Neuquén. En opinión de los mandatarios patagónicos, los resultados denotan la falta de interés inversor de la compañía y el descuido en aspectos vinculados a las condiciones de explotación, que sería en parte responsable del creciente estado de conflicto con los trabajadores en esas regiones (ver nota de opinión de Claudio Scaletta).
La declaración que emitió la Ofephi tras el encuentro es contundente al señalar la responsabilidad de las empresas petroleras en la falta de inversión, aunque es más contemplativa en su propuesta al convocar a un pacto federal que comprometa el esfuerzo para mejorar las condiciones de abastecimiento de combustibles.
Pero desde un ámbito político, incluso vinculado a los propios gobernadores que emitieron el comunicado, se cree que el escenario de conflicto que quedó montado no se desarmará con facilidad. Las relaciones con YPF están seriamente complicadas, y no es un dato coyuntural ni reciente. La caída en el esfuerzo de inversión para mejorar la producción de la empresa viene de hace por lo menos dos años. El Gobierno, en particular la Presidenta de la Nación, había apostado a una recuperación a partir de los más recientes descubrimientos, tanto en hidrocarburos en forma no convencional (shale oil and gas) como convencional. Pero no fue así. Son varios los que advierten que el Gobierno empezó a cambiar la estrategia en la materia.
En el contenido de la denuncia que se formuló ante la Comisión de Defensa de la Competencia por los sobreprecios al gasoil aparecen algunas probables claves de esa nueva estrategia. Allí se refleja claramente el carácter monopólico del mercado, con una posición dominante absoluta por parte de YPF con una proporción de la oferta cercana al 60 por ciento. Pero, además, se revela “una conducta empresaria abusiva”, refieren quienes estudiaron la causa, a través de “un insólito sobreprecio en la venta mayorista de gasoil, frente a un cliente en total estado de vulnerabilidad, sin capacidad de negociación y frente a la necesidad de un insumo imprescindible y sin posibilidad de espera en el abastecimiento, para poder mover sus vehículos”. Los mayores sobreprecios, entre las empresas denunciadas, corresponderían a las ventas de YPF.
La “condición estructural” del mercado, un esquema oligopólico con una empresa dominante, aparece acompañada por “una conducta empresaria abusiva”, que daña la justa distribución de recursos. Pero, además, tiene como resultado la retracción de la oferta de un insumo imprescindible para el modelo económico y el interés general. La aplicación de “correctivos” a la conducta empresaria –como lo eran las advertencias y sanciones a Shell, en su momento–, en este caso parece insuficiente. La respuesta vendría esta vez por un cambio en “las condiciones estructurales”, mediante la reaparición de la empresa estatal en la escena. De esto ya se conversa en diferentes ámbitos próximos y al interior del Gobierno, aunque nadie pueda adelantar el capítulo final de la historia.
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La índole del tema
Por Eric Calcagno *.- La índole del actual debate sobre petróleo está encuadrada en los conceptos de la Presidenta, cuando señala que “en 2011 se importaron 9000 millones de dólares en combustibles (110 por ciento más que en 2010); de ellos, 7500 millones se podrían haber producido en la Argentina”. Para que se advierta la magnitud de esas cifras, en 2011 el superávit de comercio exterior fue de 10.300 millones de dólares.
Este debate contiene tres dimensiones. La primera es global, ya que en un mundo donde la crisis financiera de los países centrales afecta al crédito, la producción, al comercio y al consumo de las sociedades, es preciso establecer parámetros sólidos que sustenten el modelo de desarrollo industrial con justicia social que la Argentina instrumenta con éxito desde 2003.
La segunda es de política económica, puesto que se trata de diseñar un esquema donde el funcionamiento de pocas grandes empresas capitalistas extranjeras no amenace los logros conseguidos y el camino a recorrer, con consideración particular para un sector estratégico como el petróleo, que no puede estar librado a la maximización del lucro a corto plazo que puedan sostener algunos actores, bajo la forma de subproducción o subas de precio. En efecto, según datos de la Secretaría de Energía, existió una disminución de la producción de petróleo y gas entre 2009 y 2011: de 33,1 a 32,8 y luego 30,3 millones de metros cúbicos en petróleo; de 44,5 a 43,3 y 42,1 millones de metros cúbicos para el gas. El Ministerio de Economía, por su parte, señaló que la refinación de petróleo cayó en un 5 por ciento en el tercer trimestre de 2011 respecto del mismo trimestre de 2010.
La tercera dimensión es de orden político. Habida cuenta de la actual situación, ¿qué formas deberá adoptar la regulación pública en materia de petróleo? Existe una variada gama de posibilidades, que van desde los textos legales, negociaciones y acuerdos, hasta la posibilidad de desarrollar nuevos actores en el sector, sean mixtos o públicos, que puedan garantizar el interés nacional en un ámbito clave para el desarrollo económico. La forma que se adopte será parte de la discusión y de las decisiones a tomar, pero queda ya claro que “es necesario reinvertir en el país. Debe producirse más a costo argentino”, como lo definió la Presidenta.
* Diputado nacional por el FpV.
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Siempre es el momento
Por Félix Herrero *.- Cualquiera sea el momento, cualquiera sea la situación, siempre es conveniente nacionalizar la empresa de petróleo, tener una empresa del Estado en el sector, como la tienen muchos países en la región y en buena parte del mundo. En este tema, las provincias tienen que pensar cuál debe ser su rol, porque en el marco de la reforma de la Constitución de 1994, que provincializó el subsuelo, algunas se han mal acostumbrado: de provincias petroleras pasaron a ser provincias meramente concedentes.
En el sector petrolero, durante los últimos años se ha continuado con la misma política de los ’90, con un sector privado que se ha aprovechado de las condiciones de desregulación y cartelización de la actividad, a partir de las condiciones establecidas por el menemismo.
La denuncia sobre cartelización en la venta de gasoil está muy bien, pero yo creo que se queda a mitad de camino. No es sólo un subsector, el de las ventas de combustibles a empresas de transporte, donde se produce esta distorsión de mercado. El problema es mucho más grande. Habría que decir que las prácticas monopólicas y cartelizadas también se dan desde la extracción del petróleo y el gas, hasta su industrialización. Esto provoca una enorme pérdida a toda la población, que paga precios cartelizados y sin correspondencia con los costos reales de extracción e industrialización, que no se dan a conocer.
* Especialista en Energía. Proyecto Sur.
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Banqueros, petroleros y Estado
Por Claudio Scaletta.- En las últimas semanas, antes y después de la denuncia pública de cartelización en la comercialización de gasoil por parte de las principales petroleras del país, algo cambió en la actitud del Gobierno hacia YPF. La esperanza en su rol regulador en el mercado hidrocarburífero desapareció. En público, el ministro Julio De Vido, tradicional nexo con la petrolera, conminó a la empresa española-argentina a invertir para aumentar su producción. Básicamente, le dijo que se deje de chácharas con los recursos no convencionales y que invierta de una vez para aumentar la “producción” (extracción). Es necesario volver a los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, cuando el presidente acusó a la petrolera por entonces ciento por ciento española de “sentarse sobre los pozos”, para encontrar niveles similares de recriminación.
En privado, en tanto, la Presidenta, según cuentan colaboradores cercanos, está “muy enojada” con el grupo Eskenazi, al que culpa de “comportarse como banqueros y no como petroleros”. En principio la acusación es formalmente injusta. Cuando adquirieron participación en YPF los Eskenazi eran banqueros, no petroleros, pero el Gobierno esperaba que “no se comportaran como agentes inmobiliarios y financieros que sólo piensan en sacarle jugo a la inversión, con total despreocupación por las necesidades nacionales de aumento de la producción”. Desde que ingresaron a la empresa, en cambio, los nuevos dueños se dedicaron a maximizar las ganancias para, con ellas, pagar la deuda con la matriz por la compra de las acciones. Esta maximización se hizo bajo la lógica preexistente: exprimir al límite los yacimientos en detrimento de la exploración y del aumento de la producción. Una señal del nuevo modus operandi se encuentra en los fuertes reclamos de trabajadores petroleros por la disminución de la seguridad en los yacimientos, así como de los proveedores de servicios por la caída en el mantenimiento.
Mientras fue posible, la buena onda con el Gobierno se mantuvo con la zanahoria de los recursos no convencionales, sobre los que proliferaron los anuncios, especialmente en el último año.
Pero mientras abundaban las promesas de recursos futuros, se justificaban las bajas inversiones con el sonsonete multiplicado por los consultores privados: la supuesta falta de rentabilidad por precio. En el Gobierno reconocen que el valor del gas quizá podría mejorarse, pero están convencidos de que el precio que actualmente reciben las operadoras por el petróleo es más que suficiente para inducir la ampliación de las inversiones.
El nuevo convencimiento es que incluso si se aumentase el precio del gas, las inversiones no llegarían. Por eso, el descubrimiento de la cartelización con un perjuicio para los usuarios por 3500 millones de pesos, fue sólo la gota que rebasó el vaso. El dato clave, el que alarmó primero, es estructural y se evidencia en los últimos números conocidos esta semana del Intercambio Comercial Argentino (ICA). En 2011 se registró una caída interanual del 11 por ciento en el saldo del balance comercial, baja consistente con un aumento de las importaciones más fuerte que el de las exportaciones, un viejo problema de la estructura económica local asociado al crecimiento que, mal gestionado, puede conducir a la temida “restricción externa”.
Aunque estos datos globales no dejan de ser fuente de preocupación y de medidas de política, el punto crítico está en el contenido de las importaciones. Mientras que en 2010 las compras al exterior del rubro Combustibles y Lubricantes fueron de alrededor de 4500 millones de dólares, el 8 por ciento de las importaciones de ese año, en 2011 se dispararon a más de 9600 millones, el 13 por ciento de las importaciones, con un crecimiento absoluto del 113 por ciento solamente en el último año. Si a esto se suma una perspectiva de continuidad del crecimiento del PIB, con precios internacionales de los hidrocarburos en alza y la persistencia de la caída relativa de la producción interna del rubro, resulta evidente para cualquier hacedor de política económica que es en el área energética donde debería concentrarse todo el poder de la intervención del Estado. Si se proyectan las tendencias (en 2003 las importaciones de combustibles fueron de poco más de 550 millones de dólares y el 4 por ciento de la importaciones) podría ocurrir que la restricción externa sea provocada solamente por el rubro energía.
Frente a este panorama existen fuertes rumores entre funcionarios de primera línea acerca de la creación de una empresa estatal de energía sobre la base de Enarsa y la recompra de YPF. A esta nueva empresa se sumaría también una minera estatal. Como las propietarias del subsuelo son las provincias y no el Estado nacional, los subestados serían accionistas de las nuevas empresas.
Frente al fracaso de hecho del modelo mixto para aumentar la provisión energética a costos competitivos, las nuevas firmas serían la base para recuperar una estrategia de desarrollo en sectores clave de la economía. La idea se apoya en no desaprovechar un contexto sumamente favorable para el cambio de estrategia. No son pocos los factores objetivos que jugarían a favor: precios altos y crecientes de hidrocarburos y minerales, la posibilidad de avanzar en una estrategia latinoamericana y el sentido común de no seguir regalando el negocio a un puñado de multinacionales sin compromiso con el desarrollo local. Minería y energía serán fundamentales en las próximas décadas y, tras el desengaño, parece haber madurado una nueva conciencia de que no se trata de la producción de meras commodities, sino de recursos estratégicos para el desarrollo.
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Un gran debate pendiente
Por Carlos Heller *.- La cuestión del petróleo y la renacionalización de YPF es un gran debate que la Argentina tiene pendiente y que debería darse. Para este momento, en el que surge la denuncia sobre cartelización de precios en la venta del gasoil a las empresas transportistas, si tuviéramos una compañía estatal trabajando en el sector podría haber actuado como referencia de precios y permitiría contar con elementos adicionales para evitar o castigar los abusos. Argentina está dando una enorme ventaja al no tener una compañía estatal en el sector petrolero, como sí la tienen Brasil, Uruguay o México. Es parte de las discusiones de fondo, sobre cuestiones estratégicas, que el país aún se debe. Temas como los hidrocarburos, los minerales, los recursos naturales en general, merecen una discusión amplia en la que se contemplen los diferentes aspectos en juego. Por supuesto, todo lo que está vinculado con la preservación del medio ambiente, pero además su explotación y utilización en beneficio de toda la población y no para que le saquen provecho apenas un grupo de empresas que son las dueñas del negocio. La renacionalización de una empresa petrolera y el replanteo sobre el uso del subsuelo es parte de esta discusión pendiente y necesaria.
* Diputado nacional por Nuevo Encuentro.
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