El Gobierno planea no pagar a Repsol

Kicillof le aseguró a la Presidenta que la tasación dará “cero pesos”
Por Mariano Obarrio  | LA NACION
El jueves 12 de abril, en medio de las insistentes versiones sobre YPF , el viceministro de Economía, Axel Kicillof, le aseguró en Olivos a la presidenta Cristina Kirchner, con total convicción, que el precio de la empresa petrolera luego de que interviniera el tribunal de tasación iba a ser de “cero pesos”. Ese es el gran objetivo que predomina ahora en la Casa Rosada: no pagarle nada a Repsol.
El presidente de esa compañía, Antonio Brufau, dijo estos días que el 51% de las acciones de YPF vale 10.500 millones de dólares. Y que habrá una demanda contra el Estado ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, el Ciadi. La Casa Rosada da por hecho que el juicio demorará al menos cinco o seis años. “La oferta del tribunal de tasación puede llegar a cero pesos. Van a tratar de llevarla a la baja”, confió una alta fuente del Gobierno a LA NACION.
“Le están buscando y encontrando de todo a la gestión Repsol: irregularidades, falta de inversiones, defectos en los planes técnicos, temas contables y financieros. Tiene una deuda de 9000 millones de dólares”, agregó otro vocero oficial.
El ahora gurú del cristinismo, Kicillof, subordinó al viejo kirchnerismo. El plan de confiscar YPF fue cuestionado internamente por el ministro de Planificación, Julio De Vido, y por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Ellos temían costos políticos y económicos muy elevados.
Pero Kicillof los convenció de que “no habrá costo alguno”. Argumenta que Repsol cometió “vaciamiento” de YPF, sin advertir que el Estado debía ejercer el control y que De Vido y el secretario de Energía, Daniel Cameron, ejercieron esa función durante los últimos nueve años.
Esa línea de razonamiento lleva a sostener a Kicillof, como hizo la semana última, que al igual que en la estatización de Aerolíneas Argentinas, que aún no se resolvió en la Justicia, el Estado podría tener que “depositar sólo un peso” por el total de la empresa.
“Recuerdo el caso Aerolíneas. La gente de Marsans (España) dijo que valía US$ 1000 millones y el tribunal de tasación dijo «no, vale menos de 1000 millones». Entonces hubo que depositar un peso”, rememoró Kicillof en una entrevista concedida el jueves pasado a la TV Pública.
“Tal vez la oposición, que está tan preocupada por esto, se asuste de que ese peso haya salido de las reservas del Banco Central”, se ufanó. Omitió contar que su gestión en Aerolíneas como gerente aumentó el gasto de uno a dos millones de dólares por día en sólo dos años.
“A lo mejor (Repsol) va al Ciadi o a España y le dicen usted ha vaciado esta compañía. No lo sé; son tribunales internacionales. Primero vamos a ver qué fija el tribunal de tasación”, agregó Kicillof.
Aquel jueves 12 trascendió públicamente el proyecto de ley, pero Cristina Kirchner suspendió el anuncio. Evitó colar un conflicto en medio de la Cumbre de las Américas del sábado siguiente: su objetivo era lograr apoyo de los países al reclamo argentino de soberanía por las islas Malvinas en un documento final.
Pero no lo logró. Cristina abandonó prematuramente la cumbre el domingo por la mañana, y el lunes anunció el desembarco del Estado en YPF. Pero la idea de pagarle a Repsol un precio nulo se mantiene, según confirmaron a LA NACION altas fuentes oficiales.
Luego del anuncio de la Presidenta, Brufau dijo que Kicillof “no puede determinar el justiprecio de YPF, pues no parece saber mucho sobre valoración de empresas”.
En ese duelo, Kicillof señaló dos días después: “No me extraña que él diga que el 51% del paquete accionario vale US$ 10.500 millones. Está negociando. Podría haber dicho 30.000 millones. No sé de dónde sale ese número. El valor que va a tener es el que corresponde”.
Para argumentar el vaciamiento de YPF, Kicillof señala que en 1999 Repsol compró el 97,8% del capital accionario por US$ 13.200 millones y que giró hasta hoy dividendos por US$ 15.700 millones. “No hay que poner un peso”, le dijo el viceministro a la Presidenta.
Además, sostiene que YPF factura US$ 14.000 millones por año y sólo aducía una rentabilidad por 1300 millones anuales. La sospecha en el Gobierno es que se pudieron haber desviado y ocultado ganancias.
Además, la nueva intervención que encabeza De Vido investigará los pasivos ambientales por daños, el estado de los activos, los pozos y las inversiones, además de una deuda de 9000 millones de dólares.
En el Gobierno admiten que además de los activos y los pasivos habrá que computar el valor presente de utilidades futuras y la cotización actual de las acciones. Todo ello será evaluado por el futuro tribunal de tasación.
Sin embargo, Repsol podría reclamar ante el Ciadi resarcimientos por vicios en el procedimiento de expropiación: no existieron indemnización previa ni intervención judicial, ni se aprobó aún una ley, tal como marcan el artículo 17 de la Constitución y la ley 21.499. El decreto de intervención podría también ser cuestionado por no estar contemplado en las normas.
Stolbizer pidió madurez al Gobierno
Los diputados nacionales Margarita Stolbizer y Gerardo Milman (GEN) le reclamaron al Gobierno “madurez” para “defender” la soberanía de los recursos y evitar “entrar en conflicto con el mundo”, luego de la decisión de confiscar el 51% de las acciones de YPF. “Defender la soberanía no es entrar en conflicto abierto con los otros países del mundo”, subrayó Stolbizer, y afirmó que “poner el foco en un enfrentamiento directo con los ingleses por las Malvinas o con los españoles por YPF para tapar los problemas internos no contribuye”.
La Nación