“Hasta que no se muestre modelos de industrias extractivas inclusivas la gente seguirá oponiéndose a la inversión”

Por PUINAMUDT.- Una de las opiniones más reputadas sobre temas amazónicos en nuestro país es Pepe Álvarez. Con muchos años de vida y estudio en la Amazonía, José Álvarez Alonso es biólogo de profesión y parte del cuerpo de investigadores del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP. Es un especialista en aves con la vocación de cronista, constante colaborador en revistas y diarios sobre temas afines a la biología, ambiente y ecología. Pueden leer algunos de sus textos en www.pepealvarez.com

Conversamos brevemente con Pepe Álvarez para que comparta sus opiniones sobre algunos aspectos de la actualidad amazónica y nacional en relación con los pueblos indígenas, a los cuales conoce bastante bien.

En un contexto de agudos y numerosos conflictos sociales, aún no se hacen del todo visibles aquellos cuyo epicentro es la Amazonía. Por ejemplo, en la agenda de conflictos sociales la actividad petrolera en la región amazónica pareciera una de impactos mínimos ¿Qué tan cierto es esto y qué está ocurriendo en la Amazonía?

Los impactos de la actividad petrolera en Loreto han sido muy grandes, tanto en los ecosistemas como en las poblaciones indígenas. Aunque en los últimos años la actividad petrolera ciertamente ha mejorado sus estándares, los pasivos ambientales siguen siendo muy grandes y no han sido remediados adecuadamente. La razón por la que no son tan visibles probablemente estriba en que sólo muy recientemente algunas comunidades indígenas han comenzado a organizarse y reaccionar contra ello, y su voz muchas veces no es muy escuchada. Lamentablemente, los conflictos sociales se hacen visibles a nivel nacional cuando ocurren actos de violencia o cuando los afectados por una actividad toman medidas de fuerza de alto impacto, como cortar una vía de comunicación muy transitada o paralizar una ciudad importante. Eso no suele ocurrir en la mayoría de las zonas con conflictos sociales en la Amazonía.

En el Perú hace poco se cumplieron 40 años de actividad petrolera en territorios indígenas amazónicos. ¿Qué valoración puede realizarse sobre las relaciones establecidas entre el Estado, las empresas petroleras y los pueblos indígenas?

Es una relación muy desigual, no equitativa y definitivamente muy injusta. Las comunidades han sido claramente marginadas, desconocidas y maltratadas. Las comunidades generalmente tienen escasa capacidad de negociación, y muchas veces ni siquiera conocen sus derechos ni tienen recursos para defenderlos. Las comunidades con frecuencia reciben una pésima atención del Estado (en servicios básicos y otros aspectos), que sin embargo suele atender con diligencia los reclamos de las empresas. Los representantes del Estado también se parcializan con mucha frecuencia a favor de las empresas, en caso de conflicto.

De la debilidad de las comunidades se aprovechan las empresas para no cumplir adecuadamente sus compromisos, y para reducir sus costos en términos de compensaciones y mitigación de impactos.

En su último mensaje a la nación, el presidente Ollanta Humala saludó la voluntad de diálogo del pueblo quechua del Pastaza y otros pueblos indígenas hermanos. Pero sería bueno recordar que antes, la empresa Pluspetrol nunca aceptó un diálogo verdadero con los quechuas y, por su parte, el Gobierno Regional de Loreto nunca asumió con seriedad el diálogo hasta que los indígenas iniciaron su movilización ¿Cómo se interpreta la función del diálogo con pueblos indígenas en este escenario?

Es lamentable que tanto la empresa como los diversos estamentos del Estado solamente inicien un diálogo verdadero bajo presión. Lo correcto sería que el diálogo se inicie ante el primer reclamo justo, no ante la primera medida de fuerza (a veces ni eso). Sin embargo hay que admitir que con el actual gobierno se están dando pasos muy importantes en el tema de diálogo, y prueba de ello es la visita de varios ministros y otros altos funcionarios al alto Pastaza, para dialogar con los indígenas, algo que entiendo nunca había ocurrido.

La presencia de la petrolera ConocoPhilips en la cabecera del río Nana ha originado fuertes reacciones en la población de Iquitos. Tal vez sea el primer conflicto socio-ambiental que involucra tanto a una ciudad capital ¿Qué perspectivas se presentan?

Considero que aquí se ha fallado al no informar a la población en su debido momento de esta intervención en esta cuenca tan frágil y sensible para la población de Iquitos, que ya sufre por escasez y mala calidad de agua, y por ello ha habido una reacción muy rápida. Creo que la única forma de prevenir un posible conflicto es informando a cabalidad a la población sobre los planes en la cuenca, sobre las medidas a tomar para prevenir todo riesgo, e impulsando una consulta previa e informada para obtener la licencia social. Si eso no se da, y la empresa y el Estado persisten en el proyecto, sí hay un riesgo de conflicto en grandes proporciones.

Los conflictos sociales han cobrado especial notoriedad en nuestro país ¿Es esto una consecuencia de la política económica de los últimos años o hay problemas en el propio aparato público de gestión y fiscalización ambiental?

Definitivamente el aparato público de gestión y fiscalización ambiental tiene muchas deficiencias. Por muchos años las empresas extractivas han hecho lo que les ha dado la gana con el ambiente, ante la mirada pasiva del Estado, y los impactos los ha sufrido la población rural, que ahora no cree en buenas intenciones. Hasta que no se muestre modelos de industrias extractivas inclusivas, respetuosas con el ambiente y promotoras del desarrollo local, la gente seguirá oponiéndose a la inversión.

Los programas de vigilancia ambiental y territorial indígena han encontrado a pocos metros de comunidades o baterías de producción derrames, pasivos ambientales abandonados o cuerpos de agua contaminados abandonados por años ¿Existe la impunidad ambiental en nuestro país?

El Perú recién está construyendo un sistema de gestión ambiental, y existen muchas deficiencias. En el caso de las cuencas petroleras afectadas con graves pasivos ambientales (Corrientes, Tigre y Pastaza, fundamentalmente), la compañía operadora actual, Pluspetrol, no ha sido la principal causante, sino que heredó los pasivos de la operadora anterior, OXY. La remediación de los pasivos es muy costosa, y la compañía probablemente está tratando de evitar sobre costos que no consideró cuando adquirió el Lote. De hecho se anuncia que está sacando a la venta el Lote, lo que preocupa mucho a los indígenas, que no quieren que se vaya “sin pagar las deudas” ambientales y sociales. El Estado es responsable de esta situación, y debería pagar por la remediación de los pasivos.

Finalmente, el presidente de Perupetro anunció que no se licitará el Lote 1AB hasta realizarse un proceso de consulta como establece la ley ¿Cómo dar legitimidad a una consulta cuya reglamentación es cuestionada por las organizaciones indígenas?

La ley de consulta previa no es perfecta pero ha significado un enorme avance con respecto a la legislación anterior. Aunque algunas organizaciones como AIDESEP la cuestionan, considero que sería muy saludable que se aceptase este instrumento legalmente promulgado para realizar esa consulta, lo que de alguna forma daría legitimidad a cualquier proyecto nuevo de inversión en la zona.

PUINAMUDT