En las últimas horas, se ratificó que la pretendida nacionalización de YPF da paso ahora a los capitales de Chevron, condenada por contaminación en Ecuador, para explotar los hidrocarburnos “no convencionales”. El Observatorio Petrolero Sur acaba de publicar el libro Zonas de sacrificio que justamente denuncia el avance de la frontera hacia el shale-gas, en provincias como Neuquén. Por su parte, Los Verdes impulsan a nivel legislativo una nueva matriz energética, frente al lobby petrolero y nuclear.
Desde ComAmbiental se lo advirtió desde un primer momento. Lo que se difundió como la nacionalización de YPF, pero que en realidad fue la compra del 51 por ciento de las acciones de Repsol, tenía como principal objetivo incluir al petróleo dentro de la política extractivista del gobierno nacional, avanzando incluso en proyectos conflictivos como el gas no convencional en Vaca Muerta. Y más aún, que esto se haría en realidad con otra empresa trasnacional, como la norteamericana Chevron, tal y como lo dio a entender en junio la propia Presidente Cristina Fernández en Nueva York, y se confirmó hace semanas en Buenos Aires, en sendas reuniones del Consejo de las Américas.
Ahora lo publicó la propia agencia oficial: YPF y Chevron acordaron la exploración conjunta en el yacimiento de hidrocarburos no convencionales (shale) de Vaca Muerta, provincia de Neuquén. Esta noticia se enmarca en el impulso del gobierno nacional que pretende 37.200 millones de dólares de inversiones para aumentar un 32% la producción hidrocarburífera hacia el año 2017. Para distintas voces ambientales, esto es solo un indicio de la expansión de la frontera petrolera que ya está en marcha.
Además de las diez provincias que integran la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (OFePHi), “las restantes (salvo la Ciudad de Buenos Aires) están inmersas en alguna de las etapas previas” que corresponden “a la radicación definitiva de la industria”, advierte el Observatorio Petrolero Sur en el nuevo libro Zonas de sacrificio.
Por ejemplo, se menciona que Entre Ríos definió áreas de cateo en 2010 en busca del shale –con la entonces Repsol-YPF– en el norte de la provincia donde hay “numerosas actividades productivas primarias y agroindustriales” y que “además se superpone con el Sistema Acuífero Guaraní” poniéndolo en grave riesgo de contaminación.
Aunque el objetivo oficial es la soberanía energética, el interés de fondo es obtener saldos exportables y aprovechar la creciente demanda de los países más consumistas. El Observatorio concede que las últimas medidas adoptadas por el gobierno nacional “han permitido una relativa redistribución de la renta”, pero insiste que “en poco y nada han alterado la lógica predatoria, social y ambientalmente insustentable con la que se explota el recurso, y la extranjerización a la que se encuentra sometido”.
¿Y las fuentes renovables? Juan Carlos Villalonga de Los Verdes fue más crudo: “Me da la sensación de que ahora sí van por todo”. En rueda de prensa, aclaró que el plan nacional no está explicitado pero prevé “un crecimiento vegetativo” de las energías renovables hasta “el 9.4% de la matriz para 2030”. Su colega Roque Pedace sumó que el desinterés oficial se ve en el GENREN que “es inconsistente porque, entre otras cosas, no tiene financiación”, a diferencia por ejemplo de la energía nuclear.
Por su parte, el diputado nacional Carlos Comi (Coalición Cívica) agregó que “el Ejecutivo no firma ni permite la discusión en el Congreso porque va cambiando todo el tiempo”. El legislador especificó que en lo que va del año la comisión de Energía y Combustibles de la Cámara Baja, presidida por la kirchnerista Rosana Bertone, se reunió solo una vez, evitando tratar pedidos de informe sobre el plan nuclear que recibe recursos “muchas veces de ANSES” o el proyecto presentado por el propio Comi que impulsa una matriz 100% renovable y limpia para 2050.
Esta última propuesta se basa en la comparación de seis escenarios energéticos confeccionados por diez instituciones del sector empresario energético, del ambiental y del académico. Asesorado por Los Verdes, plantea que con una política de estado es posible que para 2020 las fuentes renovables y limpias ocupen el 25% del consumo energético, se cierren las centrales nucleares, haya mayor eficiencia energética y se permita la generación de electricidad en los hogares.
Los promotores aclaran que esta iniciativa demanda una inversión menos riesgosa que la que busca YPF (a nivel económico, ecológico y social) y que incluso se compensa en el mediano y largo plazo con la disminución paulatina de la dependencia de combustibles fósiles cuyos costos inevitablemente irán en aumento. La complementación de energía solar fotovoltaica, la eólica, el biogás a partir de los residuos, la geotérmica y la mareomotriz adquiere un rol protagónico para lo cual se debería promover incentivos para la industria nacional, tarifas preferenciales y fideicomisos como se hace hoy en día en favor del lobby petrolero, nuclear y de las grandes hidroeléctricas.
A futuro. “Mientras más se demore, mayores serán los costos y los riesgos de colapso porque el sistema actual se resiente”, advirtió Pedace. Las herramientas técnicas existen pero Comi se mostró desanimado “porque el tema no interesa al oficialismo”. La clave está en la arena social, aunque allí “la discusión de lo energético está centrado en el conflicto, en la resistencia de las comunidades, en aceptar o no un proyecto en lo local, pero no se discute el plan”, aquejó Villalonga. Al respecto, el Observatorio Petrolero Sur alentó a organizar espacios colectivos, “pensar la energía como un derecho y discutir qué tipo de sociedad queremos”.
Chevron criminal. Puede leerse en algunas redes sociales a militantes oficialistas publicitando como buena noticia, ocultada por los grandes medios, la incorporación de Chevron a los proyectos de YPF. Pero lo cierto es que Argentina le abre las puertas a una corporación considerada criminalmente como culpable del peor desastre socio-ambiental de la historia petrolera. Sucedió durante la operación de Chevron-Texaco en el Amazonas ecuatoriano, por la cual hubo una condena por daños de 9.500 millones de dólares. “Ningún monto del mundo podrá devolver las vidas, el daño que ha causado esta contaminación, pero este monto no es suficiente para remediar todo lo afectado. Recordemos que se dañó el agua, la vida, la Tierra; que muchas personas murieron, por eso creemos que el monto debería revisarse”, expresó en su momento Luis Yanza, coordinador de la Asamblea de Afectados de Texaco, difundido por OilWatch.
