Entre los días 26 de noviembre y el 7 de diciembre de este año se va a realizar en Doha Qatar la COP18–18va Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
En 1979 se realizó la primera Conferencia Mundial del Clima, donde se reconocía el problema del cambio climático y la necesidad de tratarlo globalmente. Aproximadamente 10 años después comienza a funcionar el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), compuesto por expertos de todo el mundo para evaluar la situación climática del planeta, lo que visibilizó la necesidad de aunar esfuerzos para asumir responsabilidades sobre las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En Río en 1992 se lanzó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que recién en 1994 entró en vigor. Allí se establecía el marco para reducir emisiones y promover medidas de adaptación, en base algunos principios fundamentales como el de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas; principio de precaución.
Los acuerdos de reducción de emisiones por parte de aquellos que más emitieron, es decir los países desarrollados nunca se hicieron operativos, por lo que se firmó en 1997 el Protocolo de Kyoto como forma de relanzar la CMNUCC. Allí los países se dividieron en dos grupos. Por un lado los países desarrollados quienes se comprometieron a reducir sus emisiones. Por el otro, el resto de los países -en vías de desarrollo- que no tienen obligaciones de reducción. Con esto se buscaba implementar un sistema de reducciones de gases de efecto invernadero (GEI), basado en los principios de la convención. Los que históricamente más emitieron debían reducir sus emisiones para que la temperatura de la tierra no aumentara a más de 2°C, que era el límite indicado por el IPCC, en ese momento, para evitar interferencias peligrosas con la vida en la tierra tal como la conocemos hoy. Este protocolo entró en vigor recién en 2005 y nunca fue ratificado por los Estados Unidos (el mayor emisor hasta hace unos años).
Para cumplir las metas de reducción de emisiones establecidas en este protocolo, se establecieron mecanismos de flexibilidad basados en el mercado como el Comercio de Emisiones (bonos de carbono) y los denominados Mecanismos para un Desarrollo Limpio (MDL) e Implementación Conjunta (IC). Esto llevó a la creación de mercados financieros (en Europa y Australia por ejemplo para comercializar esos bonos). Sin embargo, las metas de reducción de emisiones no fueron cumplidas y mucho menos facilitó el camino hacia una reducción real de GEI y la limitación del consumo de quienes más contribuyeron a la situación actual.
A esto se sumó, el crecimiento de los países llamados emergentes como China, Sudáfrica, India y Brasil. China es hoy el principal emisor junto con Estados Unidos, y a su vez son los dos principales países que bloquean un acuerdo ambicioso y vinculante, incluso teniendo a su favor todos los mecanismos de mercado que permiten “tercearizar” el problema de la reducción (con todas las críticas que esto merece).
Tal como está hoy la negociación, no se trata en el eje central de la cuestión que es el cambio en los modelos de producción y consumo y su transición hacia un modelo más eficiente en términos energéticos y con justicia social y ambiental, con una división equitativa del espacio atmosférico (o sea, que los que más emitieron reduzcan efectivamente las emisiones, para que los que necesitan emitir para saldar deudas socio-ambientales puedan hacerlo, en el marco de un aumento de 1.5° C).
Por el contrario, actualmente las negociaciones sólo buscan distribuir la carga a través de más mecanismos de mercado (con el riesgo de generar incluso otra burbuja financiera) y mercantilizando los bienes comunes, sin buscar herramientas y formas de aplicación real de un proceso de transición justa.
Incluso así, con todas estas limitaciones, hoy por hoy, la Convención Marco, continúa siendo el único espacio de negociación, por lo tanto, seguimos esperando resultados positivos. Uno de ellos sería la firma de un segundo período para el protocolo de Kyoto, PK2 ambicioso y vinculante por parte de todos los países que hoy lo firman con la inclusión de EEUU.
El escenario es otro y parece que menos países firmarán. Probablemente, por parte de los países desarrollados, sólo la Unión Europea y Suiza. Lo que hay en la mesa de negociación no son obligaciones de reducción de emisiones, solo “pledges”, es decir promesas voluntarias de reducción por país, en base a lo que cada uno evalúa que puede reducir. Este sistema, tal y como está hoy, podría llevar a un aumento de la temperatura media de la Tierra en 4 a 5 grados en este siglo cuyas consecuencias serán devastadoras.
Si no se firma un PK2 Ambicioso que busque el cumplimiento de los principios de la Convención estaremos perdiendo, tal vez, la última oportunidad de asumir el problema del cambio climático de forma multilateral. Las soluciones fuera del sistema multilateral -ya que el problema es global- serán mucho menos efectivas y en consecuencia con efectos negativos para los más vulnerables.
Los acuerdos logrados en Copenhague en 2009, en Cancún en 2010 y en Durban 2011 son deficientes, sin embargo son hoy, la base de las negociaciones.
No debemos omitir que los acuerdos tibios y que muestran falsos compromisos esconden, en realidad, la presión por hacer avanzar la agenda extrema energética, para explotar el petróleo y gas no convencional. En este sentido, ya no se habla del límite de los hidrocarburos, sino que con el descubrimiento de nuevas reservas no convencionales, se profundiza el secuestro corporativo de las negociaciones y el poder de aquellos que tienen las tecnologías para explotarlas.
En Qatar deberían tomarse medidas que no permitan un aumento de la temperatura de más de 1,5° C y debe hacerse de forma que se dé un uso equitativo del espacio atmosférico, en base a las necesidades de desarrollo, comprometiéndonos en nuestros países a trabajar para que ese desarrollo sea sustentable, eficiente en términos energéticos, con justicia social y ambiental, comprendiendo que seguir los mismos caminos de desarrollo que siguieron los países del norte, es inviable en términos ambientales.
El cambio climático, no se define sólo una vez al año en Cumbres, sino que se define día a día con políticas públicas, estrategias industriales, consumo, en municipios, provincias, estados. Las luchas por la defensa de los bienes comunes, la soberanía alimentaria, la economía de los cuidados existen todos los días en América Latina y en el mundo. Conectar luchas, debatir y proponer alternativas, mirar a los acuerdos de integración regional para pensar en medidas de adaptación y cómo esa integración regional toma en cuenta la dimensión climática, es fundamental para pensar soluciones que no van a venir de un acuerdo global capturado por las corporaciones.
La inacción de los gobiernos no puede significar sólo frustración.
Es necesario que sigamos radicalizando la lucha por la defensa de los bienes comunes y consolidando alianzas, como hicimos en Rio+20, en junio de este año, donde movimientos y organizaciones sociales de todo el mundo nos comprometimos a asumir este desafío para la humanidad y el planeta Tierra que es pensar y crear paradigmas de sustentabilidad, de felicidad humana, de igualdad que superen los modelos de desarrollo que hoy conocemos.
– Maite Llanos es asesora de la Secretaría de Relaciones Internacionales, Argentina.
América Latina en Movimiento