Los recursos naturales de un país son lo más preciado para sus habitantes. Gestionados de manera adecuada pueden proporcionar prosperidad a la población. Pero, a menudo, el Gobierno de turno hace un uso personal de lo que es de todos. Un uso de un recurso natural que favorece a las grandes empresas.
En Ecuador se está librando una batalla entre grandes empresas multinacionales, apoyadas por el Gobierno presidido por Rafael Correa, y algunas comunidades indígenas de la Amazonia. La disputa: tierras donde hay petróleo. El Gobierno quiere dar permiso a empresas para que busquen y extraigan petróleo en la parte ecuatoriana de la gran selva.
En la XI Ronda Petrolera, el presidente Correa busca la contratación de empresas para que efectúen inversiones en trece campos petroleros en el sureste de la Amazonia ecuatoriana. Correa opina que estar en contra de estos proyectos es un comportamiento “infantil” y que se deben aprovechar los recursos naturales no renovables del país. ¿Es infantil cuidar el medio ambiente? Quizá. Los niños no saben lo que es el dinero y, por tanto, no pueden ser corrompidos por el vil metal.
Correa no quiere perder la oportunidad. A su juicio, en diez años se acaba el petróleo en Ecuador y no podrán aprovechar la circunstancia (¿dónde estará él dentro de diez años?). Eso sí, ha prometido que lo que se gane por la extracción de crudo se invertirá en mejorar las comunidades amazónicas que viven en la región.
Los indígenas no opinan igual. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae) ha declarado que los costos sociales y ambientales de la nueva extracción petrolera en la región no pueden ser compensados por los beneficios económicos que se obtendrían. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Los indígenas ejercer el derecho de decidir qué hacen con la tierra donde viven, que es tanto como decidir su propio desarrollo.
Maneras antidemocráticas
Para los indígenas, estos proyectos son un grave atentado a la Amazonia. Además, la Constitución ecuatoriana establece que toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente deberá ser consultada a la comunidad. A este respecto, Correa ha sacado su lado más autoritario y ha comentado que, para las comunidades indígenas, la consulta significa otorgar su permiso. “Ganen las elecciones pues, si quieren dar el permiso”, ha remachado el presidente de Ecuador.
Muchos indígenas recuerdan el caso de la demanda ambiental contra Chevron y la posición mundial general favorable a la protección de la Amazonia como el mayor bosque tropical del planeta. No quieren que se repita otro desastre.
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