La Cámara de Apelaciones ratificó ayer el embargo por hasta US$ 19.000 millones sobre los activos que la petrolera estadounidense Chevron tiene en el país. La medida contra la empresa fue pedida por comunidades indígenas ecuatorianas, que ganaron una demanda en su país contra la empresa por supuesta contaminación en los años 80. Como no pueden cobrar en Ecuador, iniciaron demandas en otras naciones, y una de ellas fue la Argentina.
La ratificación de la medida judicial –que había sido apelada por la compañía– pone en peligro el acuerdo que, en diciembre, Chevron firmó con YPF en el cual la empresa expropiada le cedió el derecho exclusivo para explotar las áreas Loma de la Lata Norte y Loma Campana, en Neuquén, a cambio de un desembolso inicial de US$ 1.000 millones.
La resolución unánime de los tres miembros de la Cámara refutó los argumentos presentados por Chevron y confirmó un fallo previo de un juez apelado por la petrolera, según dijo Enrique Bruchou, uno de los abogados querellantes. Desde Chevron dijeron que aún no habían sido notificados pero que tienen “la intención de ejercer todos los recursos legales a su alcance para el levantamiento de esta medida cautelar”.
El fallo embargó la totalidad de las acciones de Chevron Argentina, sus dividendos, una participación minoritaria en un oleoducto y el 40% de sus ventas de petróleo. La petrolera había denunciado el martes que uno de los jueces ecuatorianos involucrados en la causa, Alberto Guerra, había recibido dinero a cambio de ayudar a redactar el fallo de primera instancia.
iEco