Violencia de género, legalización del aborto y libertad de expresión son algunos de los temas cuestionados.
Por Juan Gasparini/ Plazademayo.com.- La comparecencia de Argentina está agendada para el próximo 13 de marzo, en la tercera semana de la primera sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que comienza sus deliberaciones el próximo lunes en Ginebra. Ese día está prevista la intervención del vicecanciller Eduardo Zuain, en la cual es posible que revele las prioridades del gobierno para 2013 en la materia. Una quincena más tarde, el Secretario de Estado para Derechos Humanos, Martín Fresneda, encabezaría la delegación encargada de aceptar, rechazar o considerar que ya está implementando las 118 recomendaciones formuladas por 56 países el 29 de octubre pasado.
Estas recomendaciones son el resultado del Examen Periódico Universal (EPU) que Naciones Unidas somete de forma escalonada una vez cada 4 años a todos sus 193 Estados miembros, en reuniones abiertas donde los países que así lo estimen formulan alabanzas, críticas, y sacan conclusiones en un “dialogo interactivo” con el país examinado, que luego se refleja en un informe. El documento oficial respecto a lo debatido en torno a la Argentina debe aprobarse el 13 de marzo venidero, cuya versión en castellano acaba de ser publicada por la ONU en Ginebra.
Compuesto por 47 países elegidos por el voto secreto de la Asamblea General de la ONU, que se van rotando anualmente según una distribución por regiones del planeta, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU integra este año a 8 países latinoamericanos, entre ellos la Argentina, además de Brasil, Perú, Guatemala, Chile, Costa Rica, Ecuador y Venezuela. La presente sesión finalizara el 22 de marzo 2013.
Máximo órgano en los temas de derechos individuales y libertades publicas, la jurispriudencia del Consejo consagra que los derechos humanos son indivisibles, interdependientes y están interconectados. Estipula que carecen de jerarquía, y el presunto respeto de unos no puede llevarse a cabo habilitando la supuesta transgresión o en detrimento de otros.
Al margen del orden cronológico del informe, por su volumen destaca una larga serie de recomendaciones planteadas por 30 países las cuales significan peticiones para garantizar los derechos de la mujer, contra la violencia que padecen -en particular doméstica- no violar sus derechos sexuales y reproductivos, erradicar la trata y discriminación de las que suelen ser objeto, endurecer la penas y avanzar por la emancipación de la mujer y “la incorporación del delito de feminicidio en el Código Penal” (Moldova, Indonesia, Ecuador, Libia, Malasia, Singapur, Belarús, Iraq, Sri Lanka y Perú).
Costa Rica reclama para las mujeres “servicios amplios y gratuitos de asistencia jurídica, atención sicológica y refugios”. Grecia y Marruecos piden “responder mejor al problema de la violencia doméstica”. Países Bajos sugiere “analizar las causas de la impunidad … y asignar fondos y personal para atacar esas causas”. Noruega espera la creación de “un corpus integral de datos estadísticos sobre violencia de genero en todo el país”. Gran Bretaña insta a publicar los datos “fiables” que recoja un órgano con “mandato”. Palestina aguarda “la aplicación efectiva de la legislación de prevención y sanción” de esa violencia. Portugal reivindica “sanciones de los agresores” y “un plan de acción nacional para la prevención”.
En tal sentido España llama a un “compromiso de todas las instancias del Estado en la lucha contra la violencia de género, con el fin de reducir el número de muertes”. Venezuela insta a continuar “avanzando en el ámbito de (esa) lucha y prevenir la trata de personas”, Argelia apela a consolidar aquella lucha y “contra todas las formas de discriminación”, mientras que Canadá precisa la necesidad de “seguir adoptando medidas”, Trinidad y Tobago propone facilitar “el acceso de las víctimas a la justicia y a un amplia gama de servicios gratuitos”, a lo que se suma Australia. Eslovaquia subraya el imperativo de prevención y castigo de la violencia contra las mujeres y la trata. Francia adhiere y amplia a la lucha “contra los estereotipos misóginos”
A su vez, seis países europeos abundan por un “pleno reconocimiento de los derechos reproductivos” (Francia), por el “respeto a la decisión de la Corte Suprema del 12 de marzo de 2012 que las mujeres y niñas víctimas de una violación tengan posibilidad efectiva de abortar en condiciones de seguridad y legalidad” (Alemania y Noruega), en tanto que Países Bajos y Noruega invitan a tomar “medidas” para reducir la mortalidad y morbilidad maternas e infantil, “consecuencia de lo abortos practicados en condiciones peligrosas”. Para Eslovenia debe haber un pleno “acceso a productos y servicios de salud reproductiva, y Suiza demanda “la aplicación efectiva de la guía técnica para la atención de los abortos no punibles à nivel nacional”. Uruguay puntualiza que se refuercen “disposiciones jurídicas y administrativas existentes que garanticen la salud sexual y reproductiva”.
Al mismo tiempo, once recomendaciones encomiendan mejorar “las condiciones de detención en las prisiones” (Alemania). Invitan al “cumplimiento de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos” (Hungría”). Alientan a “continuar los esfuerzos destinados a reducir el hacinamiento y violencia en las” cárceles (India, Marruecos, Eslovenia, España y Argelia), en favor de un sistema penitenciario acorde con “normas internacionales” (México, Eslovaquia, Suiza y Austria), y agentes de policía y fuerzas del orden debidamente educadas y formadas en derechos humanos (Costa Rica) .
Paralelamente, ocho países occidentales se refieren a la libertad de expresión. Bélgica a favor de « aprobar legislación exhaustiva sobre acceso a la información pública y promulgar una ley que abarque las tres ramas del poder », Canadá para que se legisle en cuanto « al acceso a la información y establecer mecanismos que faciliten el acceso del público a la información, con arreglo a practicas optimas”, Suiza por la promulgación de “una nueva ley de acceso a la información pública que se ajuste a las normas internacionales”, a lo que Noruega agrega la creación “de un órgano independiente y autónomo” que lo garantice.
Alemania le solicita a la Argentina que vele por la libertad de expresión y de prensa “en todo momento”. España aboga por la “pluralidad de los medios de comunicación”. Australia por la “protección de los periodistas” y Estados Unidos sostiene que se debe “observar y aplicar las decisiones de la Corte Suprema relativas a los artículos de la Ley de servicios de comunicación audiovisual que todavía son objeto de debate”.
Desafios en los derechos de los discapacitados son señalados por Malasia, Omán, Eslovaquia, España, Jordania, Armenia, Venezuela, Estados Unidos y Tailandia. Rusia, Honduras, Iraq y Trinidad y Tobago requirieron un Defensor para los derechos de los Niños, Niñas y Adolecentes. Merecen peticiones específicas los derechos de los migrantes, extendiendo los beneficios de la Asignación Universal por Hijo (Austria, Pakistan, Venezuela, Omán, Bolivia, Armenia y Belarús), de los afrodescendientes (Nicaragua y Tunez), de los ancianos (Brasil) y de los refugiados (Belarús). Por una profundización del derecho a la educación se pronuncian China y Cuba. Falencias para con los pueblos indígenas son evocadas por Grecia, Perú, España, México y Omán. Sudáfrica llega incluso a plantearle a la Argentina que se proclame “Estado multiétnico” y que reconozca la “memoria histórica” de los “afroargentinos”.
Los mecanismos de control para combatir la tortura, en línea con los instrumentos internacionales ratificados por Argentina, figuran en las observaciones de Brasil, Estados Unidos, Honduras, Túnez y Reino Unido, y que sus “víctimas obtengan reparación”, (Belarús, Eslovaquia, Túnez y Austria). Armenia instó a “proseguir los esfuerzos para enjuiciar los autores de delitos de lesa humanidad”, y Perú a “continuar desarrollando una política de Estado basada en los pilares históricos del movimiento de derechos humanos de la Argentina: memoria, verdad y justicia”.
