El convenio de exclusividad vence en abril; la gigante norteamericana reclama que se levante el embargo de bienes por un reclamo ambiental en Ecuador dictado por un juez argentino.
El acuerdo con Chevron que el CEO de YPF, Miguel Galuccio, trabajó durante meses y la presidenta Cristina Kirchner espera desde la estatización del 51% de las acciones de Repsol en la compañía en mayo pasado, podría no prosperar. La petrolera norteamericana amenazó nuevamente con abandonar el proyectoen caso de que se mantenga vigente la amenaza de embargo que pesa sobre sus bienes. No es la primera vez lo que hace, pero a medida que pasa el tiempo, la situación se agrava, y en abril vence el acuerdo de exclusividad que tienen las empresas
A fines del 2012, el juez argentino Adrián Elcuj Miranda estableció el congelamiento de varios activos de Chevron en el país a modo de pedido de un resarcimiento de u$s 19.000 millones a agricultores ecuatorianos. El caso refiere a un hecho de contaminación que se produjo en el área del Amazonas.
“No podemos avanzar en un acuerdo mientras esto esté en el medio, porque ellos embargarían dinero que nosotros entraríamos para gastar. Entonces, no podríamos hacer nada de todas maneras”, aseguró el vicepresidente de la multinacional, George Kirkland al Financial Times, en un artículo reproducido por El Cronista Comercial .
LA NACION había dado cuenta, en diciembre pasado, que el acuerdo de YPF dependía de que se levantase el embargo a Chevron . Hoy, la sitaución es la misma, pero con la dificultad que el acuerdo vence en abril.
De esta manera, la multinacional norteamericana pone en jaque a los planes estratégicos del gobierno nacional, que busca aliarse con uno de los gigantes del sector para impulsar el desarrollo de la producción de petróleo local.
La dificultad está en que, a un mes de producirse la sentencia, Chevron acordó con YPF conformar un joint- venture por u$s 1.000 millones, con el objetivo de perforar alrededor de 100 pozos en el yacimiento no convencional de shale-oil Vaca Muerta.
Cada día que pasa los números de la empresa están más flacos y sus ejecutivos muestran nuevos signos de preocupación. Lo mismo sucede entre sus proveedores y en las provincias, que reciben regalías sobre la producción.
Petróleo y política
El juicio ecuatoriano comenzó a hacer olas en la política argentina. Uno de los primeros en tomar una posición con respecto al tema fue Jorge Sapag, el gobernador de Neuquén, el principal pulmón energético de la Argentina. Escogió un ámbito muy propio: el tradicional almuerzo del Club del Petróleo, que se realiza a principios de cada mes. El martes pasado asistió como orador principal y desde el estrado lanzó: “Quiero desearle públicamente éxitos a Chevron en su apelación, luego de que se dictaminara, de manera arbitraria e ilegal, el embargo de sus activos en el país. Esta determinación no le hace ningún favor a la actividad, ya que afecta a uno de los grandes y más confiables jugadores de nuestra industria de Oil Gas, y no tendré problemas en decirlo todas las veces que sea necesario”. Cosechó un aplauso masivo de los empresarios petroleros. El mensaje, sin embargo, aún no escaló hasta el gobierno nacional.
La empresa está convencida de que el juicio responde a intereses especulativos, está promovido por abogados de Nueva York y aseguran que el procedimiento está viciado de múltiples irregularidades. Del otro lado del escritorio, en cambio, no cesan de disparar críticas contra la petrolera. Pablo Fajardo Mendoza, abogado ecuatoriano que promueve el litigio, aseguró: “Chevron tiene opciones. Puede pagar la sentencia u ofrecer en la Argentina una fianza de la casa matriz para reemplazar el embargo. Pareciera que Chevron pretende actuar al margen de la ley y escoge intentar extorsionar a la Argentina. Si la empresa suspende su operación, está demostrando que sólo le interesa trabajar cuando tiene impunidad”.
La Nacion