La oposición a la fractura hidráulica y las necesidades del país elevan el debate.
España tiene recursos de gas no convencional para 39 años de consumo, pero esa energía solo se puede obtener mediante el fracking, técnica que consiste en realizar fracturas entre 2.000 y 6.000 metros de profundidad inyectando en la roca agua a alta presión y un pequeño porcentaje de arena y otros fluidos.
El Consejo Superior de Ingenieros de Minas ha presentado un informe sobre las potencialidades de esta nueva fuente de energía en España y los riesgos y beneficios de la fracturación hidráulica. Los ingenieros de minas han llegado a la conclusión de que se trata de una técnica segura, si se cumplen todos los requisitos de seguridad, y apuestan por la explotación de estos hidrocarburos para acabar con la dependencia energética y crear empleos y riqueza.
“Si no se aprovecha será una oportunidad perdida para sumarnos al carro de las nuevas tecnologías”, opina el catedrático Ángel Cámara, uno de los coautores del informe.
En los últimos cinco años se han otorgado en el país más de 70 permisos para investigar la existencia de gas no convencional y otros 40 están pendientes de adjudicar. Entre las zonas en las que se está indagando está el País Vasco, Cataluña o Cantabria.
Las empresas tienen hasta seis años para realizar sus investigaciones y después han de pedir autorización para comenzar a extraer estas reservas naturales. A pesar del gran interés que despierta, todavía ninguna lo está extrayendo. Los autores del estudio creen que esto se debe en gran parte a que cada fase de estos permisos lleva aparejados informes de impacto ambiental, con sus correspondientes alegaciones, por lo que se demora.
En las concesiones de los permisos interviene, además del Estado, los Gobiernos regionales y las administraciones. Además el fracking cuenta con la oposición de grupos ecologistas.
Según el informe, la extracción de gas no convencional en Estados Unidos ha conseguido dinamizar la economía crear empleo y disponer de gas al 20% del precio que se paga en Europa.
“Con la tecnología y los controles adecuados, (…) tiene un riesgo similar a cualquier otra industria extractiva o transformadora”, aporta el catedrático Fernando Pendás, el otro coautor del trabajo, financiado en exclusiva por el propio colectivo y en el que han colaborado una veintena de expertos pertenecientes a la comunidad científica, organizaciones empresariales y representantes de los sindicatos UGT y CC OO.
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