Más de cien liderazgos indígenas, representantes de los pueblos matsés -que viven en la frontera entre Brasil y Perú-, se reunieron del 9 al 11 de marzo de 2013 para discutir las actividades de la empresa petrolera canadiense Pacific Stratus Energy en su región, y rechazar las posturas de ambos gobiernos con relación al problema. La cuarta Reunión Binacional Matsés Brasil-Perú se realizó en el pueblo de Lobo (Vale do Javari), en la bahía del río Jaquirana, y fue coordinada por la Organización General de los Matsés (OGM) y por el Centro e Trabajo Indigenista (CTI).
En Brasil, los matsés son la segunda mayor población del Vale de Javari, con más de mil personas. En Perú son más de dos mil. La cuenca del río Jaquirana, que divide la frontera de ambos países, es donde se localizan la mayor parte de sus comunidades. En esta zona, además, hay fuertes evidencias de la existencia de pueblos indígenas aislados. Algunos estudios estiman que la población de indígenas aislados es de alrededor de dos mil personas. La población total del Vale do Javari es de cerca de cinco mil personas, considerando solamente a los indígenas contados por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) de Brasil.
Los matsés rechazan totalmente la explotación de petróleo en sus tierras y demandan a los gobiernos brasileño y peruano que tomen cartas en el asunto, respetando el derecho indígena a la consulta. En su comunicado oficial, afirmaron: “Rechazamos cualquier actividad petrolera dentro de las tierras matsés en ambos países, que abarcan toda la cuenca del Jaquirana, incluídas las áreas ubicadas en el interior de la Reserva Nacional Matsés, de la propuesta de Reserva Territorial Tapiche-Blanco-Yaquerana y de la Zona Reservada Sierra del Divisor, que son parte del territorio ancestral del pueblo matsés”. Los matsés señalan que su pueblo ya vivió las consecuencias de prospecciones anteriores, que afectaron la fauna, flora y los recursos hídricos, y trajeron impactos sociales a su pueblo. “Exigimos de las autoridades de los gobiernos local, regional y nacional de ambos países que respeten esta posición”, señala el comunicado.
El problema viene tanto por las consecuencias de la explotación peruana en el área brasileña – principalmente la contaminación del río Jaquirana -, como por los planes del gobierno brasileño de explotar el petróleo de la zona como parte del Plan de Aceleración del Crecimiento. Viendo el problema de ambos lados, los matsés declararon: “Repudiamos las actividades de prospección sísmica hechas por la empresa GEORADAR, al sur de la tierra indígena Vale do Javari -sin informar a los pueblos indígenas que utilizan los caminos de la región- que pueden haber afectado las tierras ocupadas por pueblos indígenas aislados en las cercanías de los límites de esa área, toda vez que no esperaron los levantamientos de localización territorial de la ocupación de estos pueblos”.
Pensando en estos problemas, los matsés anunciaron la intención de formar una comitiva de liderazgos que viajarán a Brasilia para reunirse con autoridades del gobierno y representantes de organizaciones en defensa de los derechos indígenas. También llamaron a la sociedad civil y organizaciones nacionales e internacionales a que apoyen a su lucha.
En la reunión participaron representantes del ejército brasileño, del Ministerio Público Federal del Amazonas, de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y del órgano ambiental del gobierno peruano. El asesor de la presidencia de la FUNAI, Francisco Pyanko, intentó apaciguar a la situación, mencionando la “complejidad de la situación”, ya que el asunto involucra la frontera de ambos países. Aun así, prometió llevar la cuestión a la presidencia de la FUNAI para que puedan trabajarla en las demás instancias del gobierno.
Perú y el derecho a la consulta
Según un informe del CTI, el crecimiento de la industria petrolera en la Amazonia Occidental empezó en 2000. Las políticas del presidente peruano Alan García dieron ventajas al sector y parcelaron más de 70 por ciento de la superficie de la amazonia peruana para la explotación de petróleo y gas bajo un sistema de concesiones. Entre 2003 y 2009, el aumento del parcelamiento fue de un 15 por ciento. Como informa la organización, la subida de los precios del petróleo en el mercado internacional y la acción conjugada de incentivos, de inversiones privadas y de ataques directos a los pueblos y poblaciones afectados hizo con que se agravaran las tensiones en la Amazonia peruana.
El área de mayor actividad es el lote 135, ocupado por indígenas aislados y terreno de lucha de los matsés peruanos, que desde hace años buscan que la localidad sea reconocida como tierra ancestral bajo el nombre de Reserva Indígena Yavari, Tapiche, Yaquerana, Chobayacu y Afluyentes. En noviembre de 2012, la Pacific Stratus Energy inició el trabajo de mapeo sísmico de esta zona. Algunas de las líneas sísmicas distan menos de cuatro kilómetros del margen del río Jaquirana, según el mapa elaborado por la CTI sobre las actividades petrolíferas en la región. Para los matsés, la concesión del gobierno peruano ignoró la oposición de los pueblos y no reconoció la existencia de los pueblos aislados.
El líder matsés Pepe Fasabi Rimachi acusa que el gobierno peruano ignora la ley de consulta a los pueblos indígenas, existente desde el 2003. Rimachi afirmó: “No estamos en contra del desarrollo, pero los pueblos indígenas necesitan ser consultados, ser informados de cómo es esto y de cuáles son las consecuencias. La empresa sólo menciona buenas consecuencias, pero nunca los efectos de su producción. Por eso estamos en contra de las empresas que roban nuestra tierra”.
Crecimiento a costa de los pueblos indígenas
Los matsés afirman que el gobierno de Brasil nunca solicitó al de Perú información sobre el impacto de la actividad petrolífera en la parte brasileña de la frontera. El presidente de la OGM, Vítor Mayoruna, expresó gran preocupación con los impactos sobre sus tierras, principalmente sobre los indígenas aislados. “Queremos que ellos estén en paz, que nadie se meta con ellos. Esa actividad también puede ensuciar las cabeceras del río, matar a los peces y hacer desaparecer animales. Los indios pueden enojarse y puede que haya conflicto”, dijo Vítor.
El silencio del gobierno brasileño se explica por sus propias intenciones de explotar los recursos del Vale do Javari. Durante el gobierno de Lula da Silva, el sector petrolero logró, a través de su poderoso lobby, altísimos aportes financieros en el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). En ese período, la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) agregó a su plan plurianual la inversión en investigaciones sobre el potencial petrolífero de la Cuenca Sedimentar del Acre, en la región del Alto Juruá.
Dichas investigaciones empezaron en 2007, sin necesitar licencias y sin aclaración alguna a los pueblos y comunidades que viven en la región. Tampoco fueron divulgados sus resultados. Bajo las protestas públicas hechas por organizaciones indígenas y por otros actores de la sociedad civil contra la falta de transparencia de la ANP, el órgano gubernamental siguió con sus investigaciones y, dos años después, realizó la licitación y contratación de las actividades de prospección sísmica en el alto Juruá en un total de mil 17 kilómetros de explotación. GEORADAR, la empresa contratada para realizar el servicio, inició su trabajo sin tener necesidad de pasar por el tardado y costoso proceso de licenciamiento ambiental, ya que los reportes de ANP la caracterizaban como una actividad de impacto indirecto a las áreas de protección ambiental. De este modo, la empresa elaboró únicamente un Plan de Control Ambiental (PCA), en el que justificaba la inexistencia de obligatoriedad de comunicación o consulta a los pueblos indígenas.
La FUNAI, responsable de la mediación entre las distintas agencias del gobierno y las organizaciones indígenas – en este caso, la Coordinación Regional del Vale do Javari (CRVJ) y la Coordinación General de los Indios Aislados y de Reciente Contacto (CGIIRC)- no cumplió con su rol aunque sabía del problema. Se limitó a puntualizar ante GEORADAR y la ANP la necesidad de estudios de expertos de la fundación y la intervención de una de las líneas sísmicas en el territorio tradicional del pueblo marubo.
GEORADAR inició el proceso de explotación de la zona sin tomar en cuenta las observaciones de la FUNAI, movilizando a grupos de trabajadores, cortando un gran número de árboles, detonando explosivos bajo tierra y llevando helicópteros a la zona sin información previa a los pueblos del Vale do Javari.
La CTI resalta la gravedad de la situación. La FUNAI no está en comunicación eficaz con el Instituto Brasileiro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), que es el órgano responsable de las licencias ambientales. Tampoco cumple su papel de defender a las demandas de los pueblos indígenas ante las empresas que buscan explotar los recursos de la región, y deja que los pueblos permanezcan al margen del juego político.
Conrado Rodrigo Octavio, miembro de la CTI, confirmó la necesidad de que ambos gobiernos se manifiesten ante el problema. Octavio mencionó que, a pesar del sinnúmero de denuncias realizadas, los gobiernos brasileño y peruano nunca dialogaron con los pueblos indígenas.
“No es estar en contra del petróleo, pero los indígenas tienen derechos que deben ser respetados. Los mayoruna ya tuvieron una experiencia negativa por la prospección hecha en la región por la Compañía Brasileña de Geofísica a servicio de la Petrobras en los años ochenta. Siempre hay riesgos en la perforación de pozos, aunque haya precauciones. La actual fase sísmica contiene intenso movimiento de personal y transmisión de enfermedades; hay más de 500 personas trabajando. En el Perú, el discurso de la empresa busca seducir a los liderazgos matsés para que hablen con sus ancianos”, dijo Octavio.
Apartados de las agendas gubernamentales, que piensan en el desarrollo y el crecimiento económico sin tomar en cuenta las necesidades de las minorías en sus estados, los matsés prometen entrar en una larga lucha para que la tierra y los ríos no sean mercancías, sino fuente de vida. (Fuente: Desinformemonos.org)
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