1.- INTRODUCCIÓN
En estos días se cumple el primer aniversario de la serie de acontecimientos que llevaron a la sanción de la Ley N° 26.741, llamada de soberanía hidrocarburífera, por la cual se declaró de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos, se creó el Consejo Federal de Hidrocarburos y se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. perteneciente a la empresa Repsol.
Esta decisión se presentó como la gesta de la recuperación del petróleo nacional y la puesta de pie de la emblemática Yacimientos Petrolíferos Fiscales, aunque esta ya no existiera como tal desde su privatización y desnacionalización en la década de los ‘90.
El apoyo político a esta acción del Poder Ejecutivo por parte del Poder Legislativo fue mayoritario, a sabiendas de que YPF S.A. sólo aportaba un tercio de la producción y reservas de petróleo y gas natural de la Argentina.
2.-LA POSICIÓN DEL IAE “GENERAL MOSCONI” FRENTE AL PROYECTO DEL EJECUTIVO
El IAE “Gral. Mosconi” alertó en su comunicado del 23 de abril de 2012, difundido ampliamente por los medios, que el proyecto de ley de expropiación de YPF, tal como fue presentado e implementado por el Poder Ejecutivo, sería contraproducente, pues no reunía los requisitos necesarios para revertir la decadencia petrolera y gasífera de nuestro país, recuperar los niveles de producción y reservas de hidrocarburos compatibles con el largo plazo, incentivar la exploración en las cuencas tradicionales y no tradicionales, ni atraer las inversiones suficientes para alcanzar el autoabastecimiento energético perdido en los últimos años.
En esa misma oportunidad advertíamos que los fundamentos del Decreto de Necesidad y Urgencia de la intervención del 16 de abril de 2012 contenían errores conceptuales, afirmaciones inexactas y que no se observaba que el Poder Ejecutivo hiciera autocrítica alguna sobre su errónea política energética encarada desde el año 2003 y, en particular, sobre la seguida con la propia YPF desde el año 2008.
El mecanismo de expropiación por causa de utilidad pública utilizado era claramente hostil y confiscatorio y preveíamos que ello ocasionaría altos niveles de litigiosidad futura y desprestigio internacional.
A pesar de la histórica posición pública del IAE “Gral. Mosconi”, por todos conocida, a favor de la conveniencia de mantener una compañía petrolera nacional en manos del Estado, entendíamos que los fundamentos, la oportunidad y el método empleado para alcanzar el objetivo de recuperar YPF S.A. para el sector público debilitarían en forma importante la posibilidad de alcanzar los objetivos generales de la ley, de recuperar el autoabastecimiento y generar una política pública de largo plazo para la industria petrolera nacional.
Las principales debilidades del procedimiento adoptado estaban focalizadas en los siguientes elementos:
a) se realizó una intervención sobre la empresa con métodos propios de una situación de emergencia inexistente. Los problemas energéticos argentinos son estructurales y de largo plazo y no se resuelven con mágicos golpes de timón
b) la toma hostil se realizó con métodos ajenos a los establecidos por la ley para una expropiación y se asemejó a una confiscación
c) los fundamentos del proyecto de ley carecían de lógica y de sustento técnico; en algunos casos las afirmaciones eran parciales, en otros, inexactas.
d) estaba ausente un plan estratégico para la futura conducción de la Empresa
3.- NUESTRA OPINIÓN, UN AÑO DESPUÉS
La energía es el problema más importante de la infraestructura argentina. Es un problema central de gobierno. El futuro energético no está asegurado y Argentina depende cada vez más de la importación energética, cuando su economía no produce suficientes dólares para ello.
En materia petrolera y gasífera, hoy estamos peor que hace un año y el gobierno disimula y oculta los datos. Contrariamente a lo que se predica desde el ámbito gubernamental, los resultados hasta aquí obtenidos no son alentadores ni para YPF ni para el sector de hidrocarburos en general.
Según datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación, en el tercer cuatrimestre de 2012 la producción de petróleo de YPF cayó respecto al mismo periodo del año 2011 en un 5,2%; la producción de gas natural disminuyó un 3% y la perforación de pozos es inferior en 2012 a la de 2010 y a la de 2011. Asimismo, a nivel país también persiste la caída productiva: en el tercer cuatrimestre de 2012 la producción de crudo disminuyó un 8% respecto a 2011 y en gas natural, la caída fue de 5,6%.
Por otra parte, la utilidad neta fue un 12,2% menor a la de 2011 (a valores históricos) debido a que los costos de ventas y los gastos de administración crecieron en mayor proporción que los ingresos por ventas.
El primer aniversario de la expropiación de YPF muestra las grandes debilidades derivadas de una medida precipitada, mal diseñada y peor implementada. Esto tiene consecuencias políticas, económicas y energéticas.
a) La primera debilidad consiste en la falta de decisión del gobierno de cerrar el conflicto abierto con Repsol por la expropiación del 51% de sus acciones. La expropiación está todavía impaga y, peor aún, todavía YPF no ha sido tasada. Esto genera importantes inconvenientes, tanto para YPF como para el país, y la encuentra en un alto grado de litigiosidad con Repsol S.A., en los tribunales de Nueva York, en los tribunales europeos de Madrid y en nuestra propia justicia. Esta situación conflictiva le impide a YPF, entre otras cosas, acceder al financiamiento internacional y consolidar alianzas con empresas petroleras de primer nivel que puedan aportar recursos humanos, capital y tecnología fundamental para el desarrollo de los yacimientos no convencionales. La falta de certidumbre hacia el futuro genera consecuencias políticas que trascienden el ámbito local.
b) La siguiente debilidad radica en la urgencia de la economía argentina por revertir la declinación de la producción y de las reservas de gas natural y petróleo, reducir el déficit comercial energético y generar recursos para la inversión. Toda la expectativa política se colocó en cabeza de YPF, aunque ella sólo maneje el 30% de los recursos de hidrocarburos nacionales. YPF no puede por sí sola revertir la declinación del sector energético argentino y lograr el autoabastecimiento promovido por la ley que lleva ese nombre, y mucho menos en el corto plazo.
c) El entorno institucional no es tampoco una fortaleza. El Consejo Federal de Hidrocarburos, creado por la Ley N° 26.741, no salió de su enunciación, y en su lugar se creó la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, que no estaba prevista, mediante el Decreto N° 1277/12 que reglamentó a aquella. El IAE “Gral. Mosconi” ha expresado su rechazo a dicho decreto, por considerarlo inconstitucional al alterar el espíritu de la norma que dice reglamentar, con atribuciones que en algunos casos se superponen con las de la conducción de la empresa y con otras áreas de gobierno, tanto nacional como provinciales, y que condicionan y restringen su accionar.
d) Finalmente, la improvisación que caracterizó el nacimiento de la nueva YPF S.A. se observa claramente en las dificultades de su desempeño durante este primer año de gestión que, a pesar de contar con un reconocido plantel profesional, debe enfrentar una realidad externa a la empresa fuertemente condicionada, con dificultades para alcanzar sus objetivos físicos de producción y de desempeño económico y financiero.
Si Argentina no rectifica el rumbo de su gestión energética, se encamina a profundizar su fracaso. Esto será intolerable para la economía nacional y lo pagaremos caro todos los argentinos.
La Comisión Directiva del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
-17 de abril de 2013-
Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”