Además de carecer de poder, instancias gubernamentales no incorporan a pueblos indígenas en toma de decisiones.
Magali Zevallos.- La primera consulta previa de envergadura nacional en el Perú, programada para iniciarse en abril de este año, se encuentra suspendida debido a controversias en relación con las demandas indígenas. Las comunidades nativas a ser consultadas han exigido al gobierno una serie condiciones previas para iniciar el proceso de consulta, fundamentalmente la remediación de los pasivos ambientales provocados por 40 años de explotación y contaminación petrolera, lo cual ha destapado una olla a presión sobre la situación de abandono y postergación en la que viven los pueblos indígenas en el país.
Se trata de la consulta previa alrededor del lote 192, ex lote 1-AB, donde opera la empresa argentina Pluspetrol Norte —que tiene una producción de 17,500 barriles diarios de petróleo, que representa el 11.7% de la producción total del país, con reservas probadas de 72.5 millones de barriles— ubicado en las cuencas de los ríos del Alto Marañon, Pastaza, Tigre y Corrientes, en la región Loreto, en el nororiente del país. En su área de influencia directa habitan 17 comunidades nativas pertenecientes a los pueblos indígenas Achuar, Quichua y Urarina, conformadas por aproximadamente 2,700 habitantes.
“Esta consulta a cargo de Perupetro [empresa estatal encargada de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú] ha destapado los problemas reales de la zonas de influencia minera y petrolera, las demandas reflejan la cantidad de problemas que debe atender el Estado debido al abandono gubernamental, la condición que han puesto los pueblos indígenas es que, si no hay remediación ambiental no hay consulta. La suspensión de la consulta tiene justificación, se postergará hasta que se garanticen mayores condiciones de vida en la zona”, señala la congresista Verónika Mendoza, presidenta del grupo de trabajo sobre el seguimiento a la implementación de la Ley de Consulta Previa del Congreso de la República.
“La población no se opone a la petrolera; sólo quiere un Estado que los incluya en las políticas públicas, exigen servicios básicos como salud y educación, ponen condiciones porque ha habido abandono estatal durante décadas y no están dispuestos a tolerar una vez más”, añade.
Tras la última visita de inspección a la cuenca del río Pastaza que realizó en marzo el grupo de trabajo liderado por la congresista Mendoza, junto con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal y el presidente regional de Loreto, Yván Vásquez, el gobierno declaró en estado de emergencia ambiental por 90 días la zona afectada. Sin embargo, aún queda pendiente realizar los trabajos de monitoreo y establecer las medidas correctivas en los ríos del Alto Marañon, Tigre y Corrientes.
Según la Resolución Ministerial 094-2013 del Ministerio del Ambiente, del 25 de marzo, la declaración de emergencia se debe a las elevadas concentraciones de parámetros físicos, químicos y microbiológicos que superan los estándares ambientales nacionales, de acuerdo a lo reportado por la Autoridad Nacional del Agua, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y la Dirección General de Salud Ambiental.
Consulta previa no es suficiente
Javier La Rosa, coordinador del Área de Pueblos Indígenas del no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL), afirma Noticias Aliadas que en el país no hay ninguna institución pública que proteja los derechos de los pueblos indígenas y que garantice el respeto de su integridad.
“El gobierno de [el ex presidente] Alan García [2006-2011] desmontó el INDEPA [Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos], organismo que veía políticas intersectoriales sobre pueblos indígenas, y con el gobierno de [el presidente Ollanta] Humala eso no se ha corregido, por lo tanto no hay una institucionalidad estatal sólida en materia de pueblos indígenas”, señala.
Agrega que el gobierno con la sola aprobación de la Ley de la Consulta Previa en agosto del 2011 pensó que sería suficiente.
“La consulta previa no resuel
ve los temas de fondo de los pueblos y de las comunidades indígenas, se requieren otras medidas, uno de ellos es la institucionalidad estatal indígena”, sostiene La Rosa. “En nuestro país tenemos [en el Ministerio de Cultura] un Viceministerio de Interculturalidad debilitado, con poco poder, y que no ha tenido capacidad de liderazgo para poder proponer a los demás sectores estatales qué cambios tenían que hacerse para afrontar la consulta previa.
Este viceministerio no ha sido capaz de discutir con el Ministerio de Energía y Minas ni el Ministerio de Economía y Finanzas sobre los límites que debe de tener el Estado cuando hubiera procesos de inversiones en territorio indígena”.
“Lo más grave aún del Viceministerio de Interculturalidad es que no ha sido capaz de incorporar a los pueblos indígenas en las tomas de decisiones, y el principal problema es que nuestro modelo económico descansa principalmente en la exportación de materias primas, que por lo común se encuentran en territorios indígenas.
Por ello, los principales reclamos se centran en la protección de sus territorios porque es su medio de vida”, precisa.
El sexto informe alternativo sobre cumplimiento del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo y la situación de los pueblos indígenas en el Perú, presentado por instituciones de la sociedad civil en setiembre del 2012, señala que “mientras los territorios de los pueblos indígenas son depredados, sus derechos a la salud y a la educación aún siguen postergados por el Estado. La cobertura de ambos sigue siendo pobre. Asimismo, los ataques a los territorios indígenas aumentan el riesgo de la inseguridad alimentaria, pese a que los pueblos se dedican a la agricultura y producen buena parte de los alimentos que consume el país”.
La gran mayoría de estos pueblos se dedica a la pequeña y mediana agricultura, involucrando a 2.3 millones de familias que hacen un total de 10 millones de personas, un tercio de la población del país. Sin embargo, el sustento de miles de familias indígenas, y por consiguiente de las familias urbanas, se ve amenazada por las políticas extractivistas pues, en muchos casos, las concesiones mineras y de hidrocarburos se superponen a las tierras productivas. Asimismo, lejos de promover políticas que fortalezcan la pequeña agricultura, el Estado viene priorizando el apoyo a la agricultura de agroexportación, señala el informe.
Derechos postergados
El derecho a la salud también ha sido postergado. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, a fines del 2011 la demanda de personal médico no era cubierta en su totalidad, principalmente en las zonas rurales con serias consecuencias para el acceso a los servicios de salud de sus poblaciones. Igualmente señala que en el país no existe una política de salud eficientemente implementada y acorde con un enfoque intercultural, “aun cuando es notorio que ella permitiría desarrollar acciones que disminuyan las brechas sanitarias entre los niveles nacional y regional y las poblaciones indígenas”.
En cuanto al acceso a la educación, cerca de 20% de estudiantes indígenas entre los 6 y 11 años no acceden al sistema educativo, según el Censo General del 2007. El gobierno actual ha admitido, a raíz de la última Evaluación Censal de Estudiantes 2011, que se ha incrementado la brecha de desigualdad en el logro de aprendizajes entre las zonas urbanas y rurales. Sin embargo, esto sólo refleja la histórica postergación que el sistema educativo peruano mantiene para los pueblos indígenas.
“La bandera del actual gobierno es la inclusión social”, dice La Rosa. “Es un Estado incoherente, en vez de poner en práctica la inclusión, excluye y margina a las poblaciones indígenas, y no estamos hablando de una minoría, pues representan entre el 20% y 25% de la población”.
Para Luis Vittor, asesor de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), es importante que en las políticas de inclusión que está promoviendo el gobierno no se pierda de vista que la consulta previa es una parte de las obligaciones que todo Estado debe implementar para desarrollar políticas públicas interculturales en todos los niveles de Estado.
Las ocho organizaciones que constituyen el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Perú, aprobaron en su segundo en encuentro nacional realizado en abril, la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas u Originarios, con atribuciones de rectoría intersectorial para la generación e implementación de políticas públicas que garanticen el cumplimiento de sus derechos y en el cual se asegure su participación plena.
“Nuestra propuesta se orienta hacia la construcción de una nueva Constitución Política del Perú que reconozca el carácter plurinacional del Estado Peruano en concordancia con la diversidad de pueblos del país”, se lee en el pronunciamiento emitido por el Pacto de Unidad al cierre de su encuentro.
Por su parte, Vittor señala que para establecer una verdadera institucionalidad estatal indígena se requiere voluntad política para avanzar en el desarrollo de políticas públicas interculturales.
“Estas políticas deben ser formuladas con participación y consentimiento de los pueblos indígenas como acto de reparación por las prácticas históricas de exclusión y discriminación”, manifiesta Vittor. “Por lo que la consulta previa debe ser un medio para que el Estado repare deudas históricas, y así inicie un verdadero diálogo intercultural e inclusivo con los pueblos indígenas”
