Panamá: Organización indígena rechaza proyecto REDD

Gobierno panameño buscaría implementar iniciativa sin consentimiento previo de comunidades indígenas.

Por Louisa Reynolds.- La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), que representa a los siete pueblos indígenas del país, se retiró de las negociaciones en Panamá sobre REDD, el programa financiado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para prevención del cambio climático.

Según COONAPIP, el proyecto REDD no garantiza la participación total y efectiva de los líderes indígenas.

Además, podría ser una amenaza para el control de las comunidades indígenas sobre su territorio y allanar el camino para la explotación de recursos naturales como madera y petróleo.

“Creíamos que REDD nos ayudaría a fortalecer nuestros derechos sobre los territorios porque nadie cuida los bosques como nosotros, pero el programa trató de hacer todo lo contrario y hemos perdido la fe en la ONU”, dijo Betanio Chiquidama, líder de la COONAPIP.

Las negociaciones incluyen a representantes de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), COONAPIP y la ONU.

En un informe preliminar publicado la primera semana de junio, investigadores independientes nombrados por la ONU para investigar las quejas de los indígenas confirmó el derecho de los pueblos indígenas a rechazar la implementación de cualquier proyecto forestal financiado por la ONU en el país.

“El reconocimiento del derecho de las autoridades indígenas a negarse a ejecutar un proyecto con la ONU por considerarlo lesivo para los intereses de los pueblos, no tiene precedente”, afirmó Levi Sucre, coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), que agrupa a organizaciones indígenas y comunidades forestales en la región mesoamericana, incluyendo a la COONAPIP.

Deficiencias y errores

Los autores del informe, la antropóloga Birgitte Feiring y el abogado Eduardo Abbott, ex secretario ejecutivo del Panel de Inspección del Banco Mundial, señalaron una serie de deficiencias y errores metodológicos en la implementación del programa y afirmaron que en vista que REDD incluye el compromiso explícito de respetar el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, el proyecto debe detenerse como señal de respeto, y sólo puede reanudarse si COONAPIP expresa su interés en reiniciar el diálogo.

El informe fue presentado durante la reunión de la junta normativa de ONU REDD realizada en Indonesia a fines de junio. La instancia resaltó la importancia de resolver el conflicto mediante el diálogo y dijo que el programa en Panamá constituía un proceso de aprendizaje para el programa ONU REDD en su conjunto.

El programa REDD está dirigido a reducir las emisiones producidas por la deforestación y degradación de los bosques. Según el Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente (PRISMA), Panamá tiene el tercer mayor porcentaje de bosques primarios en Centroamérica después de Belice y Costa Rica, y 77% de los bosques del país se encuentra en áreas protegidas o en territorios bajo autonomía indígenas, conocidos como comarcas o tierras colectivas. Esto no es coincidencia. Las tierras en las comarcas son de propiedad comunal y los bosques son manejados de acuerdo con las prácticas indígenas y sus creencias espirituales.

En el 2008, el gobierno panameño se sumó a la iniciativa REDD y empezó a diseñar un plan para su implementación. El año siguiente, la COONAPIP envió una carta a la ANAM solicitando más información sobre el proceso preparatorio para el programa REDD. Se realizaron una serie de talleres pero fueron principalmente informativos. El contenido de la propuesta REDD no fue modificada.

Para mayo del 2009, la COONAPIP había manifestado su desacuerdo con la propuesta ya que no se había realizado una consulta previa y que “la visión y misión que aparece en el documento R-Plan [Plan REDD] de la ANAM no es cónsono con la realidad de los pueblos indígenas”.

Además, Feiring y Abott también señalaron en su informe que la tasa de deforestación en Panamá no había sido evaluada adecuadamente. Para abordar estos aspectos, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) entregó US$62,000 a Panamá para desarrollar una campaña informativa entre la comunidad indígena.

Consentimiento previo

A mediados de junio del 2009, la ANAM intentó que ONU REDD y FCPF aprobaran la propuesta durante su reunión en Montreaux, Suiza. Sin embargo, la ONU decidió no hacerlo hasta que no se obtuviera el consentimiento previo de los pueblos indígenas.

Tres meses después, la ANAM, la COONAPIP y la ONU crearon una comisión técnica cuyos hallazgos serían incluidos en las propuestas de la ANAM. La COONAPIP presentó una lista de 19 puntos que incluían el fortalecimiento de la organización, la participación política de los pueblos indígenas, la promoción de todos los tratados y convenciones internacionales tales como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, programas de capacitación para profesionales indígenas, y reconocimiento legal de que todos los bosques dentro de las comarcas indígenas sean de propiedad colectiva. Sin embargo, no todos los 19 puntos fueron incluidos en la propuesta, tras lo cual la COOANPIP anunció su retiro definitivo de las negociaciones.

Según un informe elaborado por PRISMA sobre la implementación de la iniciativa REDD en Panamá, el país enfrenta dos posibles escenarios. El primero, que la iniciativa REDD avance sin COONAPIP, que provocaría graves cuestionamientos sobre su legitimidad y alcances. En vez de incluir a la COONAPIP, la ANAM buscaría establecer alianzas con grupos indígenas específicos, que provocaría divisiones y debilitaría las instituciones indígenas. El segundo sería desechar el programa, lo cual llevaría a la ANAM a buscar otros socios internacionales.

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