Cuentas de Correos electrónicos de 100 personas vinculadas al juicio por daños ambientales serán entregadas a Chevron
Quito, 18 de julio de 2013.- El Juez estadounidense Lewis Kaplan, ordenó a las empresas Microsoft, Yahoo y Google, la entrega a Chevron, de los datos personales (incluye IP y contenidos) de los correos electrónicos de personas vinculadas al juicio ambiental por el que fue condenada la petrolera en Ecuador.
Este es un hecho de graves consecuencias, que vulnera los derechos más elementales de quienes están abocados desde hace más de 20 años en reparar el Amazonas ecuatoriano. Esta medida le permitiría a esta empresa tener acceso a sus cuentas particulares, conversaciones privadas, intercambios con sus familias y amigos, llegando a violar la intimidad de los implicados.
La orden del juez está dirigida a unas cien personas, entre las que están abogados, miembros de los afectados, personas de los equipos técnicos que apoyan al caso, periodistas y activistas de diversas partes del mundo, en un intento por amedrentar y ahuyentar a todos quienes tengan acercamiento con los más de 30 mil afectados, indígenas y colonos del Amazonas ecuatoriano.
Lewis Kaplan, juez de la Corte de Nueva York, es cuestionado por su parcialización en favor de Chevron a través de disposiciones que rebasan su jurisdicción. Muchas de sus resoluciones han sido cuestionadas y revertidas tanto por el Segundo Circuito de Nueva York, como por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
En esta disposición dictada Kaplan argumenta que las 100 personas inmersas en esta orden, no tienen el derecho a mantener la privacidad de sus cuentas, puesto que por no ser ciudadanos norteamericanos, para ellos no aplica la Primera Enmienda. Según Pablo Fajardo, abogado de los demandantes ecuatorianos, esta es una inobjetable muestra de racismo, “que nos lleva a pensar que quienes no son norteamericanos no tienen derechos”.
Fajardo aclara que esta decisión del juez norteamericano viola varios derechos al haberse extralimitado en sus competencias, puesto que no es posible aplicar esta medida sobre personas que no están bajo su jurisdicción; al hacerlo ha violado el derecho a la defensa de los implicados, que no han podido comparecer a su corte y el derecho humano a la confidencialidad, al secreto profesional e intimidad de las personas, puntualizó.
Ante esta situación, Humberto Piaguaje, coordinador de la Unión de Afectados/as por las operaciones de la petrolera, alertó a la población sobre estas vulnerabilidades y pidió poner más atención cuando se manejan cuentas en empresas que tengan sus sedes en Estados Unidos, a la vez que insistió que los demandantes no tienen nada que ocultar, pero sí les preocupa el grave precedente jurídico que sienta esta violación a los derechos humanos. “Lo que sí nos preocupa es la manipulación y distorsión que hará Chevron a la información privilegiada y confidencial que pueda obtener”, dijo al recordar que no sería la primera vez que manipule y use de manera indebida datos con el fin de “fabricar supuestos actos indebidos” y conocer la manera de trabajar de los demandantes.
Esta nueva violación a los derechos humanos perpetrada por la petrolera, considerada como la más “opaca del mundo” según lo revelan diversos estudios, se suma a una larga lista registrada durante 40 años, que incluyen desde desplazamientos forzados a poblaciones ancestrales, desaparición de dos pueblos indígenas, malos tratos e incluso violaciones a mujeres, como primeras evidencias de una forma irresponsable de relacionamiento con la petrolera, que además produjo cambios en las estructuras sociales y debilitamiento de las formas de vida de las culturas indígenas que fueron sumidas en la pobreza y humillación.
La actitud racista con la que operó en el Amazonas ecuatoriano, les llevó a utilizar tecnología deficiente, que provocó grandes niveles de contaminación y que generó el desplazamiento y extinción de muchas especies de animales la disminución de caza y pesca; además de la pérdida de importantes reservas naturales. Todo esto fue comprobado durante el juicio ambiental, que durante 20 años acumuló más de 230 mil hojas, en las que se incluyen más de 106 informes periciales, 60 de ellos pagados por la propia petrolera; más de 80 mil resultados químicos de muestras de suelo y agua; 40 testimonios de pobladores; y verificaciones de campo realizadas por los jueces que conocieron el caso.
En el proceso se establece que se construyeron, sin ningún tipo de recubrimiento, más de 880 fosas para el almacenamiento de crudo y agua tóxica, a las que instalaron “cuellos de ganso”, para que desfogaran en ríos, esteros y lagunas; en ellos además se arrojaron más de 16 mil millones de agua tóxica, a lo que se suman los 650 mil barriles de crudo regados directamente a la selva.
Como resultado el incremento en los índices de enfermedades mortales como el cáncer, que afecta a la población, incluidos niños que son víctimas de leucemia, en un índice 3 veces superior al resto de Ecuador; tasas de aborto espontáneo que crecen exponencialmente; dermatitis, problemas estomacales y digestivos.
Durante el proceso ha sido evidente y comprobada la violación del derecho a la justicia de los demandantes, para lo cual Chevron ha utilizado una multiplicidad de estrategias que van desde las presiones políticas y económicas sobre los gobiernos y los sistemas judiciales; acosos, amenazas, persecuciones a los demandantes y sus equipos técnicos y de apoyo; compra de testigos falsos, coacción sobre aliados al caso, para finalmente esconderse en un infamante juicio que se lleva en Estados Unidos, contra las víctimas.
Contactos: Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de Texaco (UDAPT)
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