Por Gerardo Bilardo
La forma en que se cerró el acuerdo entre YPF y Chevron para extraer petróleo en Vaca Muerta no era la esperada por Jorge Sapag y hasta resultó incómodo el momento en que se firmó.
El gobernador tenía expectativas de obtener un protagonismo más acorde al estatus jurídico de la provincia en su condición de dueña del recurso no renovable. Eso no sucedió porque finalmente el convenio se firmó sin previo aviso, con pocos invitados y encriptados secretos, como sucede en la industria petrolera a la hora de definir negocios importantes.
El oficialismo carga ahora con el peso de una discusión sobre un tema medular para la economía provincial en medio de la áspera campaña electoral rumbo a las primarias del 11 de agosto.
La experiencia piloto que pone a prueba la escala industrial de la extracción de crudo por métodos no convencionales en la Cuenca Neuquina se subió a la agenda política. En este contexto, el gobernador y sus candidatos enfrentan a adversarios como Guillermo Pereyra, rival en la interna del MPN y al mismo tiempo factor de poder y de presión en la industria de los hidrocarburos desde el cargo gremial que ocupa.
Pereyra, aspirante a una banca en el Senado por el partido provincial, ahora cuestiona la política petrolera de Sapag con argumentos emparentados con los de los ambientalistas y con los de aquellos sectores que formulan críticas por izquierda al acuerdo recientemente firmado.
En el gobierno se siguió con ansiedad el proceso que desembocó en la firma del acuerdo entre las petroleras argentina y estadounidense. En algún momento Sapag pensó que el acto de coronación de la alianza entre las dos empresas podía realizarse en Neuquén, pero pataleó cuando percibió que se estaba quedando sin silla en la mesa de negociación.
Hace un mes, el ministro de Energía Guillermo Coco dijo: “No tenemos ninguna información. No sabemos lo que van a firmar, nos van a tener que informar”. Fue una queja anticipada del gobierno ante el sigilo de la negociación y el desmoronamiento de las ilusiones iniciales de tener una participación más activa en este proyecto que implica una inversión, por parte de Chevron, de 1.240 millones de dólares para perforar los primeros 20 kilómetros cuadrados de una formación geológica (Vaca Muerta) que abarca una superficie de 30.000, de los cuales 12.000 están concesionados a YPF.
Finalmente el acuerdo llegó a la provincia después de la firma del convenio que se hizo en una ceremonia reservada en el edificio de YPF de Puerto Madero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sapag tiene la última palabra sobre el proyecto pero no parece estar inclinado a alterar el curso de los acontecimientos, más allá de un previsible tironeo por la obtención de beneficios extraordinarios, como podría ser el pago de un canon por el acceso al área que ahora se denomina General Enrique Mosconi, producto de la fusión de Loma La Lata Norte y Loma Campana por la que se unieron YPF y Chevron.
El gobernador, un militante de la primera hora de los no convencionales, ya dio pasos concretos en ese sentido, como la adhesión al régimen de promoción de la industria hidrocarburífera que dispuso el gobierno nacional para facilitar la firma de este acuerdo y la participación en una teleconferencia junto a Miguel Galuccio, titular de YPF, para promocionar el acuerdo.
El respaldo final culminará con un aval político en la Legislatura, pero previamente se están evaluando en el gobierno los aspectos jurídicos, ambientales y económicos de lo que proponen YPF y Chevron para desarrollar un proyecto que, de prosperar, arrastrará inversiones del orden de los 16.500 millones de dólares en los próximos 35 años, según dijo Coco el viernes.
El análisis local de la propuesta estará a disposición del gobernador entre el martes y el miércoles.
Sondeos previos indican que en la Legislatura existe voluntad mayoritaria para respaldar esta experiencia piloto, sumando los votos de los diputados del MPN y de los bloques identificados con el kirchnerismo.
El reclamo de comunidades mapuches es la pieza suelta en este proyecto. El mismo día en que se firmó el convenio entre YPF y Chevron, hubo una protesta que paralizó la actividad en cuatro pozos de Loma Campana. Hay un abanico de peticiones que van desde la consulta e información previa antes del desarrollo de la inversión, derechos consagrados en la Constitución, hasta el rechazo a la extracción de petróleo mediante la fractura hidráulica de la roca.
La empresa abrió una instancia de negociación que congeló la protesta mientras dure el diálogo. A la primera audiencia no concurrió ningún representante de la provincia que enfrentó el conflicto con dureza. Se trata de “un hecho delictivo”, dijo Coco cuando se refirió a la protesta que hicieron los mapuches en el yacimiento.
El desarrollo intensivo de Vaca Muerta es visto como la oportunidad de recuperar el autoabastecimiento energético perdido por el país y el consecuente ahorro de divisas superior a los 10.000 millones de dólares anuales por la compra a terceros del estratégico insumo. Para las empresas equivale a una oportunidad de expansión de sus ganancias. Y para el histórico partido gobernante de Neuquén representa la proyección de supervivencia de un modelo de desarrollo que funcionó durante décadas pero que no se usó como base para modificar la matriz productiva.
La suma de intereses define la importancia que se le asigna al éxito o el fracaso del desarrollo de Vaca Muerta. Es una apuesta que reedita y multiplica, desde lo político y económico, lo que fue la renovación anticipada de la concesión del megayacimiento gasífero Loma La Lata en el 2001.
Río Negro