Chevron va de Huantraico a Vaca Muerta

Marcelo Zlotogwiazda.-

En un extremo el viceministro Axel Kicillof afirma que el acuerdo de YPF con Chevron para el área Vaca Muerta va a impulsar un “carnaval de actividad petrolera”. En el extremo contrario el candidato a diputado por el macrismo y ex economista jefe de YPF durante el menemismo Federico Sturzenegger comete la desmesura de opinar que “es la estafa al pueblo argentino más grande que se recuerde”. Esta nota no pretende fundamentar ninguna de esas dos certezas blindadas, sino aproximar posibles respuestas a algunas de las tantas dudas que generó el decreto 929 de nueva “Soberanía Hidrocarburífera” y el acuerdo entre la petrolera estatal y la heredera de la Standard Oil de California.

La primera duda es sobre la necesidad de YPF de recurrir a capital externo para recuperar el autoabastecimiento que se perdió por culpa de una muy mala política energética. Enrique Martínez, ex titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) durante el actual gobierno y miembro del Movimiento Evita, sostiene que “los propios datos de YPF contradicen categóricamente las afirmaciones de divulgadores, economistas, periodistas, y hasta las del propio viceministro de Economía, sobre la imposibilidad argentina –más que de YPF– de aportar las inversiones necesarias”. Su argumento es que el propio plan quinquenal que presentó el presidente Miguel Galuccio hace un año prevé inversiones por 37.200 millones de dólares en todo el período, de los cuales un 68 por ciento (25.300 millones) se cubrirá con el flujo de fondos y las utilidades de la compañía, 20 por ciento con financiamiento en el mercado local, y sólo un 12 por ciento con aportes de socios estratégicos para la explotación de petróleo y gas no convencional. Martínez considera que es más conveniente, y que es factible, obtener esos 4.400 millones de dólares en el mercado local (emitiendo acciones, por ejemplo) antes que asociarse con una multinacional.
Pero las proyecciones de Galuccio sobre capacidad de fondeo propio parecen exageradas. El año pasado YPF obtuvo una utilidad neta de 3.900 millones de pesos, y si se observan los resultados de los últimos diez años se verá que la ganancia neta osciló entre un mínimo de 3.600 millones y un máximo de 5.700 millones, ¡de pesos! Cuesta entender cómo se llega de esos números en pesos a esa misma cifra pero en dólares, que surge de dividir por cinco años los mencionados 25.300 millones de dólares.
En caso de que se diera por válido que YPF requiere socios (por capital y/o por know-how) surgen varias otras preguntas. Algunas de forma: ¿no sería más legítimo que el nuevo marco jurídico para el acuerdo tuviera estatus de ley en lugar de un decreto? ¿Se puede permitir por decreto que una concesión tradicional cambie a la categoría “de producción no convencional” para poder acceder a beneficios promocionales y a una prórroga? ¿El decreto respeta la propiedad provincial de los hidrocarburos?
Hay más preguntas nada formales. ¿Si YPF buscara socio por licitación en lugar de por vía directa no obtendría mejores condiciones, como por ejemplo una mayor compensación por lo ya invertido en esa área? ¿Es razonable el beneficio promocional de permitirle al concesionario exportar a partir del quinto año el 20 por ciento de lo producido sin pagar retenciones, lo que para Chevron (controlará la mitad de la asociación) significa una ganancia extra (a los precios actuales del barril de petróleo) de 50 millones de dólares por año?
Son preguntas y dudas que podrían aclararse si el Gobierno hiciera públicos todos los detalles del acuerdo y se prestara al necesario debate.
Hay otra pregunta sobre Chevron que puede aportar a los datos de contexto. ¿Por qué YPF elige como primer socio de un nuevo esquema normativo a una empresa que está produciendo cada vez menos? En efecto, según datos de la Secretaría de Energía, en los últimos doce meses la compañía extrajo la mitad del petróleo que hace seis años, y cerca de un 80 por ciento menos de gas. ¿Fue la declinación natural de los pozos? ¿Hubo falta de inversión en general? ¿Hubo falta de inversión recuperación secundaria (técnicas para sacarle más jugo a la tierra)? ¿Fue una combinación de factores?
Otra vez, son preguntas y dudas que podrían aclararse si los funcionarios y la empresa facilitaran información y respondieran cuestionarios.
La pregunta anterior sirve para retomar una historia turbia de petróleo y dinero. Es la historia de la concesión Huantraico, de la cual proviene el 82 por ciento del gas y el 83 por ciento del petróleo que actualmente produce Chevron. Esa concesión nació escandalosamente. Huantraico fue una de las áreas “supuestamente” de riesgo que el radicalismo incluyó en una tanda de licitación del Plan Houston que se realizó en 1987. Muchos técnicos y especialistas, incluso de YPF, se oponían a que el Estado cediera ese yacimiento porque, aseguraban, no implicaba riesgo alguno ya que se trataba de la extensión de un yacimiento –Filo Morado– que ya estaba en producción. El sindicato petrolero copó el acto de apertura lanzando agua, gamexane y papel higiénico, pero la protesta no impidió que los sobres se abrieran y que la firma Petrolera San Jorge festejara el triunfo de su oferta.
Las advertencias sobre la ausencia de riesgo tenían asidero. En muy poco tiempo Huantraico se convirtió en uno de los principales yacimientos del país y, a pesar de la declinación productiva señalada antes, sigue siendo –rebautizado El Trapial-Curamched– el tercero en importancia después de Cerro Dragón de Pan American Energy y de Chihuidos de YPF.
Y gracias a la entrega de esa verdadera mina de oro negro, Petrolera San Jorge pasó de ser una empresa mediana a una compañía valuada en algo más de 1.000 millones de dólares, que fue lo que en 1999 Chevron les pagó a sus dueños, las familias Ostry y Priú.
Una buena parte de ese dinero de origen turbio alimentó uno de los deportes preferidos de los argentinos ricos: la fuga de capitales. Según consta en las planillas reveladas por el arrepentido Hernán Arbizu, miembros de la familia Priú depositaron en sucursales extranjeras del JP Morgan cerca de 300 millones de dólares.