Por Román Zuárez.- El día 16 de julio, y luego de un decreto que reglamentaba condiciones de privilegio a medida de la multinacional, se firmó el acuerdo entre Chevron e YPF. El acuerdo implica un desembolso de U$S1.240 millones por parte de la petrolera, que permitiría la perforación de más de 100 pozos en la primera etapa. En una segunda fase, el desarrollo total del área requerirá la perforación de más de 1.500 pozos adicionales para alcanzar, en 2017, una producción de 50 mil barriles de petróleo y 3 millones de metros cúbicos de gas natural asociado por día, convirtiéndose en el principal productor de Argentina (hoy la producción diaria de todo el país es de alrededor de 90 mil barriles diarios).
¿Quién es Chevron?
Chevron es la heredera de la Standart Oil of California, con la cual Perón firmó los cuestionados contratos de 1955, y opera en el país a través de su subsidiaria Chevron Argentina. Está especializada en la extracción de petróleo no convencional mediante el sistema de bomba hidráulica llamado “fracking”. Este sistema es cuestionado por el pasivo ambiental que deja, algo ya demostrado en regiones de EEUU y Canadá, donde pueblos enteros debieron ser abandonados porque el gas llegaba a salir por las cañerías de agua de las casas particulares. Diversos estudios demuestran que la ruptura de la roca que contiene el petróleo causa irremediables problemas ambientales, envenenando las napas freáticas y destruyendo la posibilidad de otras actividades económicas.
La Confederación Mapuche ha planteado su decisión de impedir el desembarco de Chevron, la misma empresa que fue condenada en Ecuador por contaminar 500 mil hectáreas de la selva amazónica y que se niega a pagar lo dictaminado por la justicia como reparación para las poblaciones contaminadas. Derramó 103 millones de litros de petróleo y 63.000 millones de litros de agua tóxica en ríos, afectando al menos a 30 mil indígenas de la amazonia ecuatoriana. Hace pocas semanas la justicia argentina negó el embargo solicitado por Ecuador contra los bienes de Chevron en Argentina y días después el gobierno K firmó un acuerdo con esa empresa… así funciona la “unidad latinoamericana” que tanto pregonan.
Las características del acuerdo
Para no caer en críticas fáciles debemos observar la complejidad de esta temática. Es real que en el marco del capitalismo, y en un estado capitalista dependiente como Argentina, parece difícil buscar otros caminos para explotar el petróleo no convencional. No hay otros países que tengan la tecnología que ha desarrollado EEUU para explotar este tipo de petróleo, algo estratégico para sostener la debilitada hegemonía de EEUU ya que le permitiría su autoabastecimiento, hecho que facilitaría su decisión de quitar peso a su intervención en Medio Oriente para concentrar su mirada, y sus tropas, en la estratégica región del Asia-Pacífico.
Parece claro que ningún gobierno burgués en Argentina dejaría de explotar este recurso, aún a sabiendas de los enormes costos ambientales y sociales que generará. La oposición burguesa critica el acuerdo por conveniencia electoral, pero haría exactamente lo mismo de estar en el gobierno. Y debemos decir que hasta podría ser difícil, en el marco del ahogo energético y de divisas que sufriría, que un gobierno revolucionario no avanzara en alguna forma de extracción de estos recursos, aunque debería realizarse con mecanismos que busquen el menor costo ambiental posible y con una lógica que persiga la sustentabilidad del recurso en el tiempo.
Pero lo que evidencia los límites del tibio nacionalismo burgués que expresa el kirchnerismo son varias características del acuerdo. El primer rasgo escandaloso es el carácter casi secreto del acuerdo y el hecho de que hay cláusulas totalmente secretas, con la excusa del carácter estratégico del recurso. El segundo elemento es la evidente pérdida de soberanía que implica, por la entrega del principal pozo del país a una empresa yanqui y por el patético hecho de que ante cualquier litigio la justicia que actuará será la de… ¡Francia! Sí, al igual que en los acuerdos menemistas, cualquier litigio con una empresa privatizada se hará en un país imperialista y no en el país donde se firmó el contrato. Si la excusa es la necesidad de un tercer país al ser el Estado argentino parte del acuerdo (cosa que no es así ya que lo firma YPF), ese país podría ser cualquiera de nuestra Latinoamérica; ¿qué tal Ecuador?
Se le permite a Chevron exportar una parte del petróleo extraído libre de toda retención. Es un hecho muy grave, tanto por la desigualdad ante la ley con respecto a otros exportadores como porque Argentina cede soberanía energética al permitir la salida de un bien clave para su futuro, ya que nuestro país no es una potencia petrolera que pueda exportar, sino un país con petróleo que debería asignar la escasa cantidad que le queda para su planificación con el objetivo de sustentar su desarrollo mientras va modificando la matriz energética del país.
Otra crítica es que en este acuerdo el estado argentino le está regalando a una empresa privada los costos de exploración y desarrollo, realizados por los trabajadores de YPF gracias a la inversión y la capacitación que durante décadas realizó nuestro país. Esta parte de la extracción de petróleo, la más cara y de mayor riesgo, nuevamente es entregada a una empresa privada imperialista, como ya lo había hecho el menemismo. Por último, también se habilita a Chevron a remitir utilidades a su casa matriz en dólares. O sea, para Chevron no hay cepo cambiario ni control de divisas. Es un acuerdo en el cual el estado argentino vuelve a la lógica de los ‘90 en toda la línea.
Y, como es lógico al tratarse de una empresa privada, Chevron buscará realizar la explotación en el menor tiempo posible y sin medir ningún costo ambiental. Esta es otra característica no definida en el acuerdo. Seguramente sucederá como en los primeros años de privatización de YPF, cuando el menemismo (y los Kirchner como parte de ese proyecto) festejaban el aumento en la extracción de petróleo, que en verdad encubría el saqueo de Repsol a nuestros bienes comunes.
La necesidad de una ruptura cultural
Es fundamental sostener que no hay posibilidad de escapar de esta forma de explotación de los bienes comunes más que con una política revolucionaria y una profunda ruptura cultural con el modelo de consumismo permanente. Esto es relevante para poner en su medida nuestra dura crítica a lo que ha firmado el gobierno: el acuerdo es lamentable, pero la realidad es que en la actual situación energética del país, y en el marco del sistema en que vivimos, no hay otra posibilidad para un gobierno burgués que firmar un acuerdo de este tipo. Esos son los límites del nacionalismo burgués, incapaz de romper con la dominación imperialista o de avanzar en rupturas culturales, sociales y económicas con el capitalismo.
Necesitamos construir una sociedad distinta, donde el objetivo ya no sea el lucro privado ni el consumismo desenfrenado. Esto implica un enorme desafío, ya que plantea la necesidad de una ruptura cultural con nuestros mismos patrones de vida y nuestra lógica de qué implica “progresar” en la vida. En una sociedad distinta, el progreso no puede implicar tener cada día un auto más nuevo, o un celular con más pavadas, o más electrodomésticos en nuestras casas o viajar cada vez más lejos para las vacaciones… El progreso verdadero será construir una sociedad cada día más justa. En ese camino deberemos también modificar nuestra matriz energética y avanzar hacia formas de desarrollo realmente sustentables que permitan la utilización adecuada y renovable de nuestros bienes comunes. Esta será parte fundamental de la obra que hoy debemos empezar y que necesariamente será continuada por una nueva generación.
Nota publicada en A Vencer Nº 56 Agosto 2013
MIR Argentina