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Fondos de compensación no fueron suficientes y Correa decide extraer el petróleo en área protegida.
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El presidente Rafael Correa anunció el 15 de agosto que había decidido extraer el petróleo que se encuentra en el Parque Nacional Yasuní debido a que la comunidad internacional no acogió la iniciativa ecuatoriana de dejar este recurso bajo tierra, al no haber proporcionado la compensación de US$ 3.6 millardos que pedía Ecuador para no explotar el denominado bloque Ishpingo, Tambococha, Tiputini (ITT), ubicado en esta área protegida.
La cooperación internacional sólo recaudó US$13 millones, 0.37% del total solicitado.
Correa aseguró que la explotación es necesaria para reducir los niveles de pobreza en el país y desestimó la protesta de sectores ecologistas que vieron quebradas las esperanzas que habían puesto en el gobierno nacional para preservar el Parque Nacional Yasuní, considerado como una de las zonas con mayor diversidad de la Tierra.
El gobierno ha cambiado también la cifra de lo que se espera recibir con la explotación del ITT, pues de los $7.2 millardos en que valoraron las reservas durante las negociaciones de la Iniciativa Yasuní, pasó a estimarlas en más de $18.2 millardos, para fundamentar su argumento de que ello servirá para reducir la pobreza, eliminando el déficit de vivienda y dotando de servicios básicos, escuelas, hospitales y otras obras a la población.
El discurso gubernamental lo han reproducido las comisiones de la Asamblea Nacional, donde se debe dar paso al pedido presidencial de explotar el ITT. Las comisiones de Desarrollo Económico, Justicia, Derechos Colectivos y Gobiernos Autónomos ya tienen listos informes positivos. Por ejemplo, la resolución de la mesa de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa establece que “los recursos obtenidos formarán parte de un proceso de cambio en la transformación de la matriz productiva, lo cual implica gran inversión en el sector social”.
La composición de la Asamblea Nacional, en la que el gobierno tiene 108 votos de los 126 posibles, asegura la aceptación de su pedido, pese a que no ha explicado la composición de los $18.2 millardos que generaría el ITT, pues no se ha referido a si este valor es un ingreso neto al erario nacional luego de restar los gastos de operación —calculados en un 30% por ser un crudo catalogado como “pesado”— y que necesita de mayores procesos tecnológicos para extraerlo. Tampoco ha explicado si estos ingresos, que se harían efectivos a partir del quinto año de explotación, serán utilizados ahora, obteniéndolos mediante la figura de venta anticipada de petróleo, como ya se ha hecho con empresas chinas que están accediendo al petróleo explotado en otros campos ecuatorianos.
Valor del yacimiento
El ex superintendente de Bancos, el economista Alfredo Vergara, calcula que los ingresos netos del ITT serán de unos $600 millones a $700 millones anuales, valor que con el que no sería posible cumplir con la oferta gubernamental de dotar de servicios básicos a la población ecuatoriana. Vergara asegura que la premura por explotar el ITT se debe a la necesidad de sostener el gasto fiscal actual del gobierno, lo que impediría mayores inversiones para reducir significativamente los niveles de pobreza en los próximos años.
El gasto y la inversión fiscal actual son sumamente altos debido a la considerable inversión social que realiza el gobierno, lo que ha incidido también en el aumento del número de servidores públicos, incluido personal docente y de salud.
En su mensaje transmitido por cadena nacional, Correa intentó convencer principalmente a los jóvenes, a los que se refirió constantemente, de que el gobierno había hecho todos los esfuerzos para que la propuesta sea exitosa, pero que ahora es necesario explotar el petróleo. La constante referencia a los jóvenes se debe a que este es el sector de población que mayor apego tiene a la ecología y asumió la defensa del Yasuní como una de las principales causas por las que incursionan en la política nacional y son un considerable porcentaje del padrón electoral.
Fueron los jóvenes quienes iniciaron las protestas contra la decisión de Correa la misma noche del anuncio cuando se reunieron en la plaza de gobierno, donde está ubicado el palacio presidencial, para pedir que no se explote el ITT. Sin embargo, la mayor protesta se dio la noche del 27 de agosto, cuando intentaron llegar a la plaza de gobierno pero fueron reprimidos por la Policía Nacional. A partir de entonces las manifestaciones en defensa del Yasuní han decrecido y el gobierno está logrando los respaldos necesarios para llevar adelante dicha explotación.
Consulta popular
Sectores ecologistas y el movimiento indígena han propuesto la realización de una consulta popular para que población responda a la pregunta ¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT indefinidamente bajo el subsuelo?, para lo cual presentaron su propuesta a la Corte Constitucional y se aprestan a recoger las 600,000 firmas necesarias para llevar a cabo su proyecto. No obstante, otro supuesto frente juvenil ha planteado otra pregunta para que la Corte la califique, que se refiere a declarar Ecuador libre de toda actividad extractiva, lo que debilita la posición indígena y ecologista. Finalmente, un grupo de más de 30 alcaldes de la Amazonia, que aspiran a la reelección en febrero próximo, llegaron a Quito y plantearon una nueva pregunta en la Corte Constitucional, apoyando la explotación del ITT y que el ingreso se destine a la lucha contra la pobreza.
Las elecciones municipales a realizarse en el 2014 han consolidado el apoyo al presidente por parte de autoridades locales, incluso de aquellas que lo criticaban anteriormente, pues todos buscan la reelección apoyados por el movimiento oficialista. Varios de los alcaldes que ahora respaldan la explotación petrolera en el Yasuní fueron electos por el Movimiento Plurinacional Pachacutik, brazo político del movimiento indígena y actualmente férreo opositor al gobierno.
Una consulta genera dudas en sectores de derechos humanos, no sólo por el riesgo de perderla, sino porque involucra la sobrevivencia de los colectivos humanos que habitan en el Parque Nacional Yasuní.
“Si sabemos que la explotación del Yasuní provocará la desaparición de los pueblos aislados, no podemos arriesgar en una consulta su sobrevivencia. Lo que deberemos hacer es defender el Yasuní a como de lugar”, dice a Noticias Aliadas Harold Burbano, abogado de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos.
Con las tres preguntas en la Corte Constitucional, y considerando el apego que ésta tiene a la política gubernamental, es muy probable que califique una pregunta que fortalezca la posición de gobierno, desarticulando así la propuesta indígena y ecologista, la que tampoco ha logrado el apoyo masivo que se requiere para frenar la decisión presidencial de explotar el ITT y que afectará definitivamente el delicado ecosistema del Yasuní, aun cuando el gobierno sostiene que esta afectación sólo será al uno por 1,000 de la extensión del parque nacional
