Recursos no convencionales y fractura hidráulica: Economía, sismos y terremotos

En las últimas semanas se desarrolló un interesante debate en el suplemento Cash acerca de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica, que luego se amplió a las tecnologías aplicadas en la explotación de recursos no renovables, el impacto en el medio ambiente y el tipo de desarrollo de la economía. En la presente edición se publican tres aportes que incorporan otros elementos de análisis.

Por Vladimir L. Cares, Fernando López y Pablo Cares *

El Departamento de Energía de los Estados Unidos, en su reciente reporte de junio pasado, “Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States”, le asigna a la Argentina el cuarto lugar en reservas técnicamente recuperables de shale oil a nivel mundial, con 27 mil millones de barriles. Asimismo, Argentina ocupa el segundo lugar después de China en reservas de shale gas, con 802 trillones de pies cúbicos. Las reservas nacionales están concentradas en cuatro cuencas sedimentarias, en particular en la Cuenca Neuquina, con el yacimiento Vaca Muerta como referencia emblemática de los hidrocarburos no convencionales. Resulta lógico que se realicen en Neuquén eventos dedicados a analizar y debatir los beneficios y riesgos de la explotación del petróleo y gas no convencional. Prueba de ello fue el encuentro técnico-empresarial Cluster Shale Neuquén, al que se le sumó el seminario organizado por la Legislatura provincial, de carácter más general y en el que se oyeron voces tanto favorables como contrarias a la modalidad productiva.

Las controversias, más allá de los matices y diferencias existentes, se dan en distintas partes del mundo repitiéndose, además, en sus trazos más sustantivos los argumentos que se esgrimen a favor y en contra.

Por un lado, desde ciertos sectores del empresariado se sostiene que la explotación de este tipo de recursos tiene un impacto ambiental ínfimo y que la técnica de estimulación utilizada, la fractura hidráulica (fracking), es eficiente y segura. Siguiendo esta lógica, se da por descontado que el único saldo a considerar será el desarrollo económico y social de la Argentina. Por ello, no se requerirá avanzar en nuevos marcos regulatorios pues, se afirma, la injerencia excesiva del Estado en temas económicos sólo ahuyenta la inversión privada.

En el otro extremo, desde concepciones que se autorreferencian como adscriptas al llamado pensamiento crítico latinoamericano, se mantiene la idea de cuestionar en su totalidad la actividad hidrocarburífera no convencional, a la que adjudican ser sólo una expresión más del neodesarrollismo extractivista impulsado desde el gobierno nacional. Este modelo genera, según estos críticos, una multiplicidad de consecuencias negativas para el medioambiente (contaminación de aguas, suelos y aire, generación de terremotos). Además, este neodesarrollismo promovería la degradación sistemática de la democracia reproduciendo, asimismo, condiciones para el fortalecimiento del patriarcado y el incremento de la violencia de género.

Tales posiciones extremas, entendemos, son difícilmente conciliables y aportan poco en términos de una resolución del conflicto.

Se torna imprescindible una mirada superadora, constructiva y racional. Ella debe considerar la complejidad de la temática realizando un análisis sistemático de los beneficios, costos y riesgos involucrados. Además, se precisa que el Estado nacional cumpla un rol protagónico y permanente en la regulación y control de la actividad. Por otra parte, la discusión debe incorporar no sólo los aportes expertos brindados por la comunidad de científicos y tecnólogos sino que, además, debe viabilizar los mecanismos adecuados para una participación pública efectiva. En este sentido, una comunicación adecuada de una información lo más veraz y objetiva posible es imprescindible.

Como ilustración de la complejidad de los temas involucrados analizaremos brevemente una cuestión que ha recibido en el último tiempo una creciente difusión en el debate: la causalidad que existiría entre fractura hidráulica y sismicidad inducida. Aclararemos algunos conceptos. La sismicidad inducida (entendida como la actividad sísmica provocada por la actividad humana) no es un fenómeno nuevo que haya llegado de la mano del fracking. La misma ha sido registrada –proveniente de diversos emprendimientos tecnológicos– desde la década de 1920 hasta el presente.

Veamos cómo este tema es tratado por diversos actores de la controversia. El American Petroleum Institute (API) –una institución de referencia para la actividad petrolera en todo el mundo– en “Shale Energy: 10 Points Everyone Should Know” (2012) considera –en el punto nueve del decálogo– que la fractura hidráulica no genera sismos. En el mismo sentido, COGA (Colorado Oil & Gas Association) considera que la relación entre sismos y fracking es uno de los tantos mitos que se repiten sin fundamento.

En el otro polo las cosas se ven diferentes. En primer lugar, en particular desde los países de habla castellana, se ha generalizado el uso del término terremoto como sinónimo de sismo. Así, para Greenpeace España el fracking conlleva una serie de impactos ambientales, entre ellos “la contaminación de aguas subterráneas, contaminación atmosférica, emisión de gases de efecto invernadero, terremotos (sismicidad inducida)…”. En nuestro país, los terremotos asociados al fracking figuran como uno de los argumentos más fuertes de algunos proyectos tendientes a prohibir la explotación de hidrocarburos no convencionales, por ejemplo el presentado recientemente en el Concejo Deliberante de la ciudad de Diamante (Entre Ríos). Asimismo, en una acción de amparo presentada en marzo pasado por diversos sectores políticos y organizaciones ecologistas entrerrianas en contra de YPF, se sostiene que la American Geophysical Union ha registrado un incremento de la actividad sísmica en los estados de Oklahoma, Texas y Colorado, vinculada a la utilización sistemática del fracking.

Nos es forzoso aclarar que la referencia a la palabra terremoto no es ingenua. En el imaginario social un terremoto remite a catástrofes de dimensiones importantes, tales como los ocurridos en el último tiempo en Chile, Japón o Haití. Las secuelas de los mismos en términos de pérdidas humanas y materiales fueron elevadas. Por tanto, resulta lógico que si el fracking ocasiona terremotos entonces sea necesario prohibirlo.

¿Qué dice el estado del arte en el estudio de la sismicidad inducida? Podemos mencionar tres recientes aportes:

1. The National Academies of Sciences (USA): (2012) Induced Seismicity Potential in Energy Technologies.

2. K. Keranen y otros: (2013) Potentially induced earthquakes in Oklahoma, USA: Links between wastewater injection and the 2011 Mw 5,7 earthquake sequence.

3. R. Davies y otros: (2013) Induced seismicity and hydraulic fracturing for the recovery of hydrocarbons.

En estos textos, como primera conclusión, se admite una vinculación causal potencial entre sismicidad inducida y fractura hidráulica. También se desprende de su lectura que las magnitudes de los sismos inducidos por el fracking, registrados hasta la fecha, varían desde microsismos (imperceptibles, magnitudes menores a 2 grados) a sismos menores (generalmente imperceptibles grados 2-2,9 y perceptibles a menudo pero que no ocasionan daños, en grados 3-3,9).

Para decirlo de manera categórica, no han existido terremotos asociados al fracking.

Sin embargo, reconociendo el conocimiento científico aún parcial del complejo fenómeno, a lo que hay que sumarle la enorme variación de las condiciones geológicas existentes, se requiere evaluar y gestionar a futuro los riesgos potenciales de la sismicidad inducida. Para ello, entre las recomendaciones está la realización de un monitoreo previo de la zona de interés, a fin de conocer el mapa sísmico base. También se requiere de una caracterización de las posibles zonas de fallas activas existentes usando toda la información geológica disponible. Además, se deben elaborar y aplicar modelos predictivos que evalúen los potenciales impactos de la sismicidad inducida. Complementario de esto es la elaboración de protocolos de buenas prácticas de ingeniería a fin de minimizar la emergencia de sismos inducidos.

Como cualquier actividad productiva, la explotación de hidrocarburos no convencionales precisa de la regulación por parte del Estado nacional o de los estados provinciales. Esto se torna imprescindible ante la presencia de potenciales riesgos tecnológicos, como por ejemplo la probabilidad de ocurrencia de sismos inducidos. Hasta la fecha, una regulación integral de la actividad sigue siendo una asignatura pendiente.

* Cátedra Tecnología y Desarrollo Humano Universidad Nacional del Comahue.

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