Los permisos concedidos en España para buscar yacimientos de gas natural no convencional, el que se obtiene a través de la fracturación hidráulica o ‘fracking’, implicarán una inversión de entre 1.500 y 2.000 millones de euros solo en la fase de exploración.
Esta cifra se basa en lo que las empresas han “prometido gastar en la investigación” de cada sondeo, según figura en sus permisos, lo que generará un “impacto directo” en la economía, según explica el portavoz de la plataforma empresarial Shale Gas España Juan Carlos Muñoz Conde en una entrevista con Efe.
Actualmente en España hay concedidos unos setenta permisos de exploración de hidrocarburos no convencionales, una fase que “va a aportar unos datos valiosísimos sobre los recursos que podemos tener en España”.
Estas inversiones son “a riesgo”, indica Muñoz Conde, ya que “no todos los proyectos tienen resultado positivo”, aunque la plataforma es optimista.
“De estos permisos que tenemos concedidos habrá unos buenos y otros malos”, aunque los yacimientos no convencionales cuentan con la ventaja de basarse en “zonas un poco más amplias” que los tradicionales, por lo que no es necesario “estar pinchando para acertar”.
El gas no convencional es aquel que se encuentra almacenado en formaciones rocosas y arcillosas poco permeables y que, para extraerse, necesita que se combinen dos técnicas: la perforación vertical y después horizontal y la estimulación hidráulica o inyección a presión de agua y aditivos químicos.
“Es importantísimo que iniciemos los sondeos exploratorios con fractura hidráulica para que todo el mundo vea que el 90% de los mitos no son ciertos y que el 10% restante son riesgos gestionables con total normalidad como cualquier industria”.
Respecto a la regulación de la actividad, el portavoz subraya que se elaboran “estudios a fondo para que la población esté tranquila de que todo lo que se va a hacer cumple todos los requisitos medioambientales y va a tener una mínima afección”.
Estas exigencias, “muy garantistas”, se encuentran “en el límite” de entorpecer, es decir, que si fueran aún más estrictas harían que las inversiones se ralentizaran o desaparecieran.
“La fase exploratoria tiene un impacto muy bajo en general”, considera, ya que la actividad es básicamente investigación, de manera que si “se le aplican criterios de una producción masiva puede que sean tan complejos que hagan que sea inviable”.
En ese sentido, aclara que las declaraciones de impacto ambiental de estos proyectos ya incorporaban estudios sísmicos antes de la “crisis” del almacenamiento subterráneo de gas Castor, cuya actividad se suspendió tras registrarse pequeños movimientos en la zona.
El almacenamiento Castor “es un proyecto complicado y singular”, insiste, mientras que en los miles de ejemplos de fracturación hidráulica que hay en el mundo solo ha aumentado la sismicidad en algunos casos excepcionales, y en pequeña medida.
Ante esta situación, pide una tramitación “lo más razonable posible” que permita comenzar los primeros sondeos exploratorios a finales del año que viene -actualmente no se desarrolla en España ningún tipo de actividad de “fracking”-.
La plataforma cree que el Gobierno español tiene “una posición muy importante, muy estratégica y muy de Estado de lo que supone la exploración de hidrocarburos”, aunque “lo que hace es darnos cariño más que soluciones a corto plazo”.
Con respecto a los ecologistas, Muñoz Conde lamenta que la fracturación hidráulica “acaba siendo un debate ideológico” en el que no se tiene en cuenta el “potencial económico enorme” que esta industria tiene para España.
Frente a esto, aboga por el “derecho a saber” si hay posibilidad de extraer el gas, al tiempo que se desarrolla un conocimiento sobre esta industria para después aplicarla en España o en el extranjero.
“Esto se va a hacer en el mundo de una forma masiva”, porque implica una cierta democratización de la energía gracias a los recursos dispersos, así que en España “podemos subirnos al carro o no”, concluye.