Por Alcadio Oña.- El Gobierno es el mismo. El que con el argumento del “vaciamiento de YPF” expropió las acciones de Repsol, en abril de 2012, y el que ahora les reconoce a los españoles una indemnización que terminará en US$ 8.000 millones. Así, en poco más de un año, el “cero” que había voceado el actual ministro de Economía, Axel Kicillof, se convirtió en 8.000 millones de dólares:un prodigio de la contabilidad oficial.
Es el mismo kirchnerismo que toda la vida consideró a la devaluación el peor de los ajustes y una trampa de los grupos económicos el que arremete, ahora, con un ajuste cambiario que acumula 25% en lo que va de 2013. Ese kirchnerismo que acaba de descubrir la existencia de un endeudamiento bueno, después de machacar sin respiro con el pregón del desendeudamiento.
A esta parábola sólo le falta que el acercamiento al Fondo Monetario pase a una etapa superior. Ya es una señal que Kicillof trabaje en la limpieza de las estadísticas del Estado y en la del propio INDEC, dos razones que pesaron fuerte en el despido de Guillermo Moreno. Lo que sigue sería admitir que el diablo se meta con el chequeo de las cuentas públicas, bloqueado desde mediados de 2006 por decisión de Néstor Kirchner.
Todo es cuestión de tiempo, pero el tiempo apremia. Más bien,apremia la necesidad de dólares.
Eso, que el Gobierno define como “la restricción externa”, debiera ser llamado, en realidad, escasez de divisas. Y es pariente directa de sus políticas, de lo que hizo y no hizo con la economía.
Cuesta advertir que la restricción externa sea propiamente externa, cuando en la era K los precios internacionales de las materias primas producidas en el país no tienen precedentes históricos por su magnitud y duración. Hoy mismo están, en promedio, 140% por encima de los de julio de 2003.
Un viento de cola siempre presente, más tecnología y nuevos sistemas productivos le han dejado un saldo que cualquier gobierno habría envidiado: entre 2003 y 2013, la liquidación de dólares de la cosecha cantará impresionantes US$ 195.000 millones.
¿De cuál restricción puede hablarse si no es de la que fue gestándose adentro, con el retraso cambiario, la fuga de capitales y los desajustes estructurales de la economía, que en lugar de ser resueltos se potenciaron? Además de tardíos y desarticulados, los remedios empeoraron el cuadro, como lo prueban el cepo que sacude la construcción y el mercado inmobiliario, las trabas a importaciones clave y una parafernalia de controles que alimenta sospechas de corrupción.
Todo, pensado con la idea de contener la caída de las reservas. Y todo inútil: en lo que va del año se han perdido más de US$ 12.000 millones y difícilmente en 2014 pueda tolerarse un bajón similar sin que el país entre en zona de riesgo.
Kicillof hace trascender que permitirá el ingreso de bienes e insumos esenciales, pero la velocidad que ha adquirido el proceso no deja mucho margen. Al contrario, cabría imaginar nuevas medidas apuntadas a contener la sangría.
Justamente, un panorama así de complicado forzó al Gobierno a reparar en que también existe un endeudamiento bueno. Tan antiguo como el crédito, es el que financia inversiones productivas, sean públicas o privadas.
No se trata de una muestra de pragmatismo repentino, sino de una alternativa empujada por la necesidad de conseguir divisas. Sobre todo, porque la caja del Banco Central empezó a agotarse de tanto exprimirla con los pagos de la deuda.
Por allí pasa, finalmente, la restricción externa. Y no hay manera de revolearla para ningún otro lado que no sea hacia adentro: impensable, porque equivaldría a pegarse un tiro en el pie.
Ahí está, ostensible, la crisis energética largamente anunciada. El superávit de la balanza de divisas sectorial venía en pendiente, hasta que en 2011 viró hacia un rojo cada vez más intenso: entre ese año y 2013, sumará unos US$ 12.500 millones. Y seguirá comiendo dólares en grande durante un tiempo más.
Como sucede con tantas otras cosas, es evidente que el Gobierno no previó que la expropiación de las acciones de Repsol sería interpretada como un mal precedente y taponaría inversiones petroleras imprescindibles como el agua. Así, debió apurar un acuerdo bajo condiciones que asombran y convalidar un arreglo con la norteamericana Chevron, con cláusulas ocultas y por lo mismo sospechosas. Suena a broma hablar de “la recuperación de la soberanía hidrocarburífera”.
Hacia agosto del año pasado, la Presidenta puso en manos de Kicillof el manejo de toda la actividad energética. El entonces viceministro les exigió a las compañías informes sobre estructuras de costos, ganancias, destino de las utilidades, cantidad de personal, sueldos y hasta honorarios. Y ellas lo llenaron de papeles.
Nunca quedó claro en qué usó semejante montaña de datos. Salvo la seguidilla de aumentos en los combustibles, nada cambió de signo: en los últimos doce meses la producción de petróleo cayó 3,1% y 6% la de gas. O sea, lo que debía crecer siguió retrocediendo.
Aun así, el estratega de la nacionalización de YPF logró que Cristina Kirchner lo encumbrara al rango de ministro de Economía. Pero deberá correr detrás de problemas de los que él fue arte y parte, con un gobierno desgastado, sin tiempo y sin margen para errores y probar, finalmente, que reúne las cualidades que la emergencia impone.
En ese escenario estrecho, algunos portavoces del kirchnerismo han salido a ventilar que el complejo automotriz y la electrónica de Tierra del Fuego son unas máquinas de gastar divisas. Podrían agregar el déficit anual cercano a US$ 30.000 millones de toda la industria, aunque aquí no existe ninguna novedad sino una película donde queda al descubierto que la famosa sustitución de importaciones sólo fue famosa en el relato.
Habrá que seguir mirándola, porque no hay manera de pararla a corto plazo. Ahora mandan otras urgencias, y los riesgos de un choque parecen más cercanos y más lejana la alternativa de dejárselos al que venga. Y como es imposible detener el tiempo, la búsqueda de fondos está cómodamente al tope de la agenda.
“Mientras la brecha entre el dólar oficial y el blue o cualquier otro sea del 50 o del 60%, costará encontrar inversores dispuestos a traer divisas al tipo de cambio oficial”, afirma un analista acostumbrado a tratar con directivos de empresas extranjeras. Su cota no va mucho más allá del 20%, con un añadido: “Acelerar la devaluación puede achicar la brecha, aunque también induce a esperar”.
Metido en el juego de desinflar la cotización del paralelo y reducir la brecha, el Gobierno está vendiendo bonos de la ANSeS, nada menos que del fondo creado para garantizar las jubilaciones, y del Central. Por supuesto, a bajo precio.
El consultor le pone “positivo y alentador” al rumbo que parece haber tomado el Gobierno, seguramente porque coincide con aquello que él habría hecho hace rato y significa rever cosas que él nunca habría hecho.
Y cómo explicárselo a la tribuna K no es su problema.
Clarín
A esta parábola sólo le falta que el acercamiento al Fondo Monetario pase a una etapa superior. Ya es una señal que Kicillof trabaje en la limpieza de las estadísticas del Estado y en la del propio INDEC, dos razones que pesaron fuerte en el despido de Guillermo Moreno. Lo que sigue sería admitir que el diablo se meta con el chequeo de las cuentas públicas, bloqueado desde mediados de 2006 por decisión de Néstor Kirchner.
Todo es cuestión de tiempo, pero el tiempo apremia. Más bien,apremia la necesidad de dólares.
Eso, que el Gobierno define como “la restricción externa”, debiera ser llamado, en realidad, escasez de divisas. Y es pariente directa de sus políticas, de lo que hizo y no hizo con la economía.
Cuesta advertir que la restricción externa sea propiamente externa, cuando en la era K los precios internacionales de las materias primas producidas en el país no tienen precedentes históricos por su magnitud y duración. Hoy mismo están, en promedio, 140% por encima de los de julio de 2003.
Un viento de cola siempre presente, más tecnología y nuevos sistemas productivos le han dejado un saldo que cualquier gobierno habría envidiado: entre 2003 y 2013, la liquidación de dólares de la cosecha cantará impresionantes US$ 195.000 millones.
¿De cuál restricción puede hablarse si no es de la que fue gestándose adentro, con el retraso cambiario, la fuga de capitales y los desajustes estructurales de la economía, que en lugar de ser resueltos se potenciaron? Además de tardíos y desarticulados, los remedios empeoraron el cuadro, como lo prueban el cepo que sacude la construcción y el mercado inmobiliario, las trabas a importaciones clave y una parafernalia de controles que alimenta sospechas de corrupción.
Todo, pensado con la idea de contener la caída de las reservas. Y todo inútil: en lo que va del año se han perdido más de US$ 12.000 millones y difícilmente en 2014 pueda tolerarse un bajón similar sin que el país entre en zona de riesgo.
Kicillof hace trascender que permitirá el ingreso de bienes e insumos esenciales, pero la velocidad que ha adquirido el proceso no deja mucho margen. Al contrario, cabría imaginar nuevas medidas apuntadas a contener la sangría.
Justamente, un panorama así de complicado forzó al Gobierno a reparar en que también existe un endeudamiento bueno. Tan antiguo como el crédito, es el que financia inversiones productivas, sean públicas o privadas.
No se trata de una muestra de pragmatismo repentino, sino de una alternativa empujada por la necesidad de conseguir divisas. Sobre todo, porque la caja del Banco Central empezó a agotarse de tanto exprimirla con los pagos de la deuda.
Por allí pasa, finalmente, la restricción externa. Y no hay manera de revolearla para ningún otro lado que no sea hacia adentro: impensable, porque equivaldría a pegarse un tiro en el pie.
Ahí está, ostensible, la crisis energética largamente anunciada. El superávit de la balanza de divisas sectorial venía en pendiente, hasta que en 2011 viró hacia un rojo cada vez más intenso: entre ese año y 2013, sumará unos US$ 12.500 millones. Y seguirá comiendo dólares en grande durante un tiempo más.
Como sucede con tantas otras cosas, es evidente que el Gobierno no previó que la expropiación de las acciones de Repsol sería interpretada como un mal precedente y taponaría inversiones petroleras imprescindibles como el agua. Así, debió apurar un acuerdo bajo condiciones que asombran y convalidar un arreglo con la norteamericana Chevron, con cláusulas ocultas y por lo mismo sospechosas. Suena a broma hablar de “la recuperación de la soberanía hidrocarburífera”.
Hacia agosto del año pasado, la Presidenta puso en manos de Kicillof el manejo de toda la actividad energética. El entonces viceministro les exigió a las compañías informes sobre estructuras de costos, ganancias, destino de las utilidades, cantidad de personal, sueldos y hasta honorarios. Y ellas lo llenaron de papeles.
Nunca quedó claro en qué usó semejante montaña de datos. Salvo la seguidilla de aumentos en los combustibles, nada cambió de signo: en los últimos doce meses la producción de petróleo cayó 3,1% y 6% la de gas. O sea, lo que debía crecer siguió retrocediendo.
Aun así, el estratega de la nacionalización de YPF logró que Cristina Kirchner lo encumbrara al rango de ministro de Economía. Pero deberá correr detrás de problemas de los que él fue arte y parte, con un gobierno desgastado, sin tiempo y sin margen para errores y probar, finalmente, que reúne las cualidades que la emergencia impone.
En ese escenario estrecho, algunos portavoces del kirchnerismo han salido a ventilar que el complejo automotriz y la electrónica de Tierra del Fuego son unas máquinas de gastar divisas. Podrían agregar el déficit anual cercano a US$ 30.000 millones de toda la industria, aunque aquí no existe ninguna novedad sino una película donde queda al descubierto que la famosa sustitución de importaciones sólo fue famosa en el relato.
Habrá que seguir mirándola, porque no hay manera de pararla a corto plazo. Ahora mandan otras urgencias, y los riesgos de un choque parecen más cercanos y más lejana la alternativa de dejárselos al que venga. Y como es imposible detener el tiempo, la búsqueda de fondos está cómodamente al tope de la agenda.
“Mientras la brecha entre el dólar oficial y el blue o cualquier otro sea del 50 o del 60%, costará encontrar inversores dispuestos a traer divisas al tipo de cambio oficial”, afirma un analista acostumbrado a tratar con directivos de empresas extranjeras. Su cota no va mucho más allá del 20%, con un añadido: “Acelerar la devaluación puede achicar la brecha, aunque también induce a esperar”.
Metido en el juego de desinflar la cotización del paralelo y reducir la brecha, el Gobierno está vendiendo bonos de la ANSeS, nada menos que del fondo creado para garantizar las jubilaciones, y del Central. Por supuesto, a bajo precio.
El consultor le pone “positivo y alentador” al rumbo que parece haber tomado el Gobierno, seguramente porque coincide con aquello que él habría hecho hace rato y significa rever cosas que él nunca habría hecho.
Y cómo explicárselo a la tribuna K no es su problema.
Clarín
