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Entre los principales hechos del Observatorio de Derechos Humanos y Agronegocios, en el mes de noviembre vimos además represiones a antiguos asentamientos campesinos. También denuncias de violencia hacia las mujeres indígenas, movilizaciones anti-corrupción contra el Parlamento y una misión de observación internacional que señaló que el propio Estado paraguayo ataca a defensoras y defensores de derechos humanos….
Para algunos analistas la victoria de los indignados de Paraguay sobre el senador colorado Víctor Bogado en el Congreso es, en el fondo, una victoria de Cartes y su proyecto de “nuevo rumbo”. La victoria de una derecha que está apostando a una modernización empresarial del Estado y que se quiere librar del lastre de la derecha prebendaria, que tiene sus máximas expresiones en varios de los parlamentarios. (1)
El primer antecedente público de esta puja fue aquel temprano malestar de operadores y presidentes de seccionales coloradas ante el nombramiento de técnicos en los ministerios de Cartes, recuerda el economista Luis Rojas.
Esta “limpieza” se hace con la ayuda protagónica de la prensa empresarial y sus denuncias en las últimas semanas, que operaron sobre indignaciones genuinas que la sociedad paraguaya venía acumulando contra la venalidad de los parlamentarios y la cultura política tradicional.
Al parecer el sector al que representa Cartes intenta librarse de esta clase política que resta el pragmatismo empresarial que busca un Estado capitalista neoliberal. La existencia de esta clase parásita impide maximizar las ganancias desde el punto de vista empresarial, pues somete todo a tiempos extorsivos y burocráticos de acuerdo a intereses personales.
Una clase empresaria necesitaría, en contrapartida, un Estado “moderno” de acuerdo a las leyes del mercado, una máquina liviana, ágil y eficiente, que no cargue con el peso muerto -o la intermediación amañada- de clases prebendarias.
Violaciones constitucionales y de normas
Una mirada general nos muestras que durante sus 100 primeros días el cartismo construyó su armagen de leyes para cimentar su estrategia (Modificación de Ley de Seguridad, Responsabilidad Fiscal y Alianza Público Privada).
Para estas tres aprobaciones sobrepasó los preceptos constitucionales sobre las funciones de las FF.AA y las del Parlamento. En las tres también restó poder de deciciones a los y las parlamentarias para acumularlo en el Ejecutivo y amenazó el equilibrio de poder, pilar del sistema democrático burgués.
Sin embargo, no es difícil pensar que la primera intervención del “nuevo rumbo” en violaciones constitucionales -siempre con ropaje legal- haya sido la destitución del gobierno de Fernando Lugo. Algo que el argentino Néstor Kohan llamó golpe de Estado “constitucional”.(2)
El violar normas establecidas, como estrategia, siguió con Federico Franco, que hizo la “tarea sucia” de aprobar siete nuevas semillas transgénicas en sólo ocho meses y desconociendo las normativas de bioseguridad. En este sentido, la ofensiva de derecha habría empezado desde Curuguaty, el golpe contra Lugo y su primer presidente fue Franco y no Cartes.
El empresario tabacalero, deportivo, terrateniente y de bebidas entra con el proyecto de las clases hegemónicas “modernizantes” a beneficiarse y formalizar, con la legitimidad de las elecciones, las decisiones de su antecesor.
Es difícil imaginar las acciones de Cartes sin un Franco que le haya allanado el camino; tampoco se puede entender el “nuevo rumbo” sin lo de Curuguaty o el golpe de Estado del año pasado. Hay una total continuidad entre lo que hizo el gobierno transitorio liberal y el colorado de hoy, según esta mirada.
La policía, para garantizar fumigaciones irregulares
En setiembre empezó la campaña sojera 2013-2014 en el país, y arranca con las aprobaciones transgénicas(soja, algodón y maíz), entre ellas la nueva soja Intacta, que será la reina del campo. Tiene mayor capacidad de contener agrotóxicos y nueva patente, lo que evitará las diferencias que tuvieron los sojeros paraguayos y la multinacional Monsanto en la anterior cosecha, por la patente perimida de la soja RR.
Se estima que 35 millones de litros de agrotóxicos demandarán las extensiones nacionales de soja esta vuelta, un poco más de 3 millones de hectáreas. (3) Esto empezó a sentirse alrededor de las comunidades campesinas e indígenas con las intensas fumigaciones. Desde el inicio de la zafra sojera hay una resistencia a las aspersiones que afectan la salud de las comunidades, casi en toda la geografía de la región Oriental.
Y estas situaciones tienen como respuesta las represiones policiales, fiscales y judiciales contra las comunidades en resistencia y sus dirigencias. Esto en el campo, mientras que en la ciudad se vieron movilizaciones contra las privatizaciones de empresas estatales o por mejores condiciones laborales, lo que volvió a movilizar articuladamente al movimiento social paraguayo. Sin embargo, sobre el mismo sigue pesando un letargo y una desmovilización, y esto el nuevo rumbo viene aprovechándolo.
Los luchadores y luchadoras por la tierra y la salud ambiental sienten la avidez de las clases agroexportadores, que si ya históricamente han sido prepotentes y avasalladoras, en este momento lo hacen al amparo de las políticas de este gobierno.
La economía del nuevo rumbo apuesta a aprovechar al máximo las rendijas del mercado internacional y los roles que éste designe para países de economía primaria. “Paraguay es fácil Paraguay es como esa mujer bonita”, ya había dicho el propio mandatario para impresionar a inversionistas uruguayos. (4)
La soja, la ganadería, la importación, las finanzas y la especulación inmobiliaria, los rubros principales de esta economía, intentan aprovechar el “viento favorable” para expandir a lo máximo sus ganancias. Los ganaderos y sojeros deforestan masivamente y suben sobre tierras campesinas, en su ímpetu actual.(5)
Incluso empiezan a poner los ojos en antiguos asentamientos campesinos como Laterza Cue y para obtener tierras de comunidades campesinas e indígenas hechan mano de múltiples recursos: represión física, legal, especulación instititucional, adulteración de documentos, fumigaciones asediantes….
Y una nueva modalidad de uso de la policía, que actúa como guardia privada de los sojeros, acampando para resguardar los cultivos, garantizando preventivamente las fumigaciones, por más violatorias de las leyes ambientales que sean éstas, como lo comprobó una comitiva de senadores en los poblados de Maracaná y Luzbella. (6)
Y llegando a la represión brutal en el caso de encontrar resistencias, como se dio en Tavapy II, Tava Jopói, Joaju, Capiibary y Maracaná entre fines de octubre y el mes de noviembre. (7) Todo esto con el acompañamiento del Ejecutivo en el actuar policial, a través del ministro del Interior, Francisco De Vargas.
A medida que avance la zafra de la soja se irán intensificando las contradicciones entre el modelo campesino y el de agronegocios, y todo apunta que la violencia y las represiones irán en aumento. Es la obstinación del modelo sojero de imponer su lógica en los territorios, frente a la resistencia campesina e indígena que pelea por la sobrevivencia, por su tekoha(espacio vital) y su teko(cultura).
Podemos enmarcar en este escenario y entorno a las decisiones en políticas agrarias, el atentado que sufriera en su casa el dirigente campesino Tomás Zayas. El 1 de noviembre desconocidos a bordo de una moto dispararon seis tiros de pistola 9mm contra la casa del referente, ubicada en Minga Porâ. Zayas atribuyó la autoría a mafias y sectores reaccionarios de la política. (8)
Misión de observación
Otro acontecimiento de gran envergadura durante noviembre fue la visita de 43 personas de distintos países a los territorios campesinos e indígenas más violentados en sus derechos elementales, como Sawhoyamaxa, Tacuati Poty, Arroyito, Curuguaty, además del diálogo con organizaciones sociales, defensoras y defensores de derechos humanos y también funcionarios estatales.
En su informe final la misión de observación resalta que en Paraguay no existe una política o institucionalidad en materia de derechos humanos. Y que se han profundizado las prácticas represivas del Estado, especialmente con la excusa de caputurar al Ejército Paraguayo del Pueblo(EPP). Antes que hacerse presente a través de sus políticas de salud, educación, vivienda reforma agraria… en territorios de extrema pobreza, el Estado lo hace con sus instituciones militares o policiales, señala.
En otros párrafos el informe denuncia que el Estado paraguayo sigue sin cumplir los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), de las Naciones Unidas, en lo que respecta a los casos de comunidades indígenas enxet del Chaco central.
Otro punto fuerte de las orbservaciones son el desempeño del Poder Judicial, la fiscalía y la policía, que actúan con procedimientos irregulares, no se apegan al debido proceso y alimentan la impunidad. Y aún más, operan como instrumento de agresión contra defensores y defensoras de derechos humanos.
En el caso de la policía, se señala que en muchos casos actúa con uso desproporcional de la fuerza durante los desalojos forzosos contra el campesinado. En esta materia, varios participantes de la misión resaltaron la violencia de los operativos contra los niños y niñas de las comunidades campesinas, que son violentados hasta sexualmente por fuerzas policiales o militares.
Uno de los pedidos puntuales al Estado paraguayo fue el de poner la suficiente predisposición para elegir a un nuevo Defensor del Pueblo, cuyo mandato feneció hace cinco años. Además de tener en su contra una serie de denuncias de corrupción y de maltratos que afectan principalmete a víctimas de la dictadura estronista.
Otro pedido al Estado fue el abstenerse de emitir discursos y declaraciones que menoscaben y estigmaticen a defensores y defensoras de los derechos de las comunidades.
Curuguaty
Tras la bochornosa elevación del caso a juicio oral en setiembre, la siguiente novedad en torno a la masacre de Curuguaty fue un hábeas corpus favorable a uno de los campesinos imputados. Néstor Castro recibió un balazo policial durante aquella fatídica mañanadel 15 de junio, y tras buscar ayuda médica en hospitales públicos, fue arrestado y remitido a la cárcel.
Si bien recibió atenciones médicas elementales y le sometieron a varias cirugías, nunca tuvo la atención adecuada para la gravedad de su cuadro. Hasta el mes de noviembre seguía sin poder comer normalmente alimentos sólidos. La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay-CODEHUPY presentó el recurso, que fue otorgado a principio de noviembre.
Una semana después la policía arrestó a Florencio Florentín, uno de los 54 imputados arbitrariamente por la fiscala Ninfa Aguilar, agente que promovió el desalojo irregular que terminó en tantas muertes en Marina Kue.
Florentín fue requisado en una barrera policial, fue llevado a declarar a la fiscalía y remitido a la cárcel. Su pecado fue figurar en un cuadernito encontrado en el campamento campesino tras la masacre. El mismo contenía los datos de la personas que se censaron para gestionar ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra(INDERT) -de manera institucional- el acceso a aquellas tierras del Estado.
Esta “evidencia” bastó para que el nuevo fiscal de la causa, Jalil Rachid, acuse a 14 campesinas y campesinos de asociación delictiva (formar una asociación jerárquica con el fin de delinquir). Y también a Florentín.
El 1 de diciembre último hizo un año del asesinato del dirigente Vidal Vega, articulador de las familias del asentamiento YvyPyta, núcleo poblacional de donde salió la ocupación campesina de Marina Kue. Vega era un testigo clave de la masacre y manejaba informaciones y hasta pruebas del actuar de la policía durante aquel día. Fue acribillado en su casa por dos personas que bajaron de una moto y luego huyeron. La fiscalía, tan “eficiente” en condenar a los campesinos y campesinas del caso, hasta hoy no se han pronunciado públicamente sobre alguna investigación para esclarecer el asesinato del dirigente.
25 de noviembre
A fines del penúltimo mes varias organizaciones sociales conmemoraron el Día Mundial por la Eliminación de la Violencia Hacia la Mujer. Se destacó el karu guasu(comilona) de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras, Rurales e Indígenas-CONAMURI.
La misma emitió un comunicado señalando que la pérdida de territorio de las mujeres indígenas y campesinas es la base para que se atente y violente contra todos sus demás derechos y hasta su cultura y vida. Responsabilizó de estos atropellos a los sectores ganaderos y sojeros del país.
En la misma fecha, tres asociaciones del pueblo indígena Paî-Tavyterâ y mujeres de la CONAMURI presentaron ante las autoridades estatales un documento con sus principales demandas sobre violencia y trata hacia las mujeres. En otro acto cultural hicieron lo mismo ante la sociedad paraguaya.
Entre las principales situaciones figuran distintos tipos de violencia, ambiental (arrasamiento de ecosistemas y territorios), acoso sexual, violaciones, raptos y trata. Estos hechos tienen como responsables a estancieros, capataces o personas vinculadas a la comercialización del cultivo de marihuana. La policía, las fiscalías y el Poder Judicial actúan con complicidad hacia sus verdugos, por omisión o al estar implicadas, denunciaron las comunidades.
Paseras
A fines del mes estalló el conflicto entre el gobierno de Cartes y los y las paseras de los cruces fronterizos entre nuestro país y Argentina. Con las ventas de fin de año aparentemente los sectores importadores y supermercadistas presionaron al gobierno para reprimir el paso de pequeños importadores que traen mercaderías para vender en puestos ambulantes de las calles.
En los últimos meses proliferaron los puestos en las calles donde los principales artículos que se venden son aceites, lácteos, artículos de higiene personal y de limpieza, bebidas, frutas y verduras.
Estas actividades comerciales en la calle fueron encaradas por familias de nivel económico humilde, que pasan a Argentina a comprar productos a precios más baratos(menos de la mitad a veces) y vuelven al país a revenderlos en casillas, toldos, mesas o en los ómnibus. Así pudieron criar a generaciones enteras de sus hijos e hijas.
Este flujo de actividades es un rebusque de cientas de familias frente a una economía cada vez más excluyente y concentrada en cuatro o cinco principales rubros, que no redistribuyen sus ganancias a través de impuestos proporcionales o que directamente evaden los controles del fisco.
En ese escenario de sobrevivencia de estas familias, el gobierno de Cartes desplegó su represión policial y militar con el operativo “Hendy”, que requisó mercaderías y persiguió a los pequeños importadores, amenzando 15 días del sustento de las familias. Entretando, la respuesta de las trabajadoras y trabajadores fue la de denunciar que el gobierno los reprime, pero ante los poderosos del contrabando hace la “vista gorda”.
Esto logró instalarse en el sentir generalizado de la gente en esos días, y también el gobierno emitió una lista de supermercados (de las cadenas más poderosas) que efectivamente registraban en sus góndolas artículos sin la documentación de haber sido importados legalmente.
Se vivieron días de tensión en los cruces intrafronterizos, con cierres en los puentes tanto desde el lado paraguayo como argentino, a lo que el gobierno respondió con una feroz represión policial contra los paseros y paseras en las cercanías del puerto de Ita Enramada.
Finalmente el gobierno impuso a los comerciantes un tope máximo de valores y mercaderías que pueden ser traídos de Argentina, los obliga a inscribirse en un padrón de contribuyentes del Estado y les prohíbe el ingreso de una serie de artículos como aceites, lácteos, yerba, azúcar, calzados y ropas. (9)
Leyes a favor del campesinado
Entre los acontecimientos resaltantes en el último mes, además, figuran dos leyes presentadas por legisladores del Frente Guasu, que proponen expropiar el asentamiento de Laterza Cue bajo una declaración de interés social y promover que las instituciones estatales compren preferencialmente alimentos de las familias campesinas.
La primera propuesta persigue el objetivo de garantizar que las tierras del viejo asentamiento de Laterza Cue permanezca en manos de sus pobladores campesinos. La segunda, que los ministerios, municipalidades, concejalías, gobernaciones…se provean de alimentos de la producción campesina. (10)
Base IS
CITAS:
(1) http://alainet.org/active/
(2) http://amauta.lahaine.org/?p=
(3) http://www.ultimahora.com/
(4) http://www.abc.com.py/edicion-
(5) http://ea.com.py/sojeros-y-
(6) http://ea.com.py/comitiva-del-
(7) –http://ea.com.py/difunden-
–http://ea.com.py/wagner-
–http://ea.com.py/quemaron-
–http://ea.com.py/ministro-
–http://www.baseis.org.py/
(8) http://www.baseis.org.py/base/
(9) http://ea.com.py/la-
(10) http://ea.com.py/promueven-
FOTO: Policía antimotines resguardando sojales que violan normativas ambientales como las barreras vegetales de protección y la franja libre de 100 metros entre el cultivo y caminos vecinales. De fondo se ve la maquinaria fumigando. Tava Jopói FUENTE: Última Hora
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