Petróleo: lo que hemos perdido, lo que hemos ganado y lo que podemos perder

Tres casos emblemáticos revelan la relación del Estado con las empresas extranjeras. En uno, Colombia perdió millones a cambio de nada; en otro, la presión ciudadana  logró grandes beneficios; el tercero, Campo Rubiales, todavía está por resolverse.
Por Juan Felipe Harman*

Lo que perdimos: Caño Limón
Bajo el gobierno de Álvaro Uribe se negoció la extensión a perpetuidad del contrato Cravo Norte con la Occidental Ptroleum Corporation (Oxy), que finalizaba en 2009. En esta renegociación no solo se mantuvieron las condiciones generales del contrato, sino que se aumentaron los beneficios para la empresa.

tan solo de 2009 a 2013 el Estado perdió aproximadamente 2.748 millones de dólares como regalo a la Occidental, sin contar con la deuda social y ecológica que se mantiene con la destrucción de la Laguna de Lipa, el desplazamiento de los pueblos indígenas Uwa y otros impactos que actualmente sigue padeciendo Arauca.

Por una parte, se liberó a la Oxy de la responsabilidad de venderle el crudo liviano a Ecopetrol, y por otra, se subvaloraron los cálculos del yacimiento, como bien lo documentó el profesor Óscar Vanegas en 2010: “El argumento económico del Gobierno fue que, supuestamente, le representaría a la Nación un valor presente neto de 846 millones de dólares, es decir, 94 millones de dólares más de lo que se obtendría si no se firma la extensión, basándose en una producción proyectada que declinaba aceleradamente desde 85.000 barriles diarios en el año 2004 (realmente estaba en 95.000) a 25.000 barriles diario en el año 2010, a un precio proyectado de 25 dólares el barril”.
El cálculo resultó inmensamente errado. Este campo, cinco años después, sigue produciendo más de lo estimado, con 37 mil barriles, y es el sexto con mayor producción en el país. El precio del petróleo se consolidó en los 100 dólares, cuatro veces más que lo estimado por el Gobierno y no va a bajar. Este yacimiento sigue siendo un estandarte en la producción de crudo liviano y esta perversa decisión política de extender el contrato ha causado grandes pérdidas económicas para el país.

Fuente: elaboración del autor a partir de los cuadros y las razones expuestas en el contrato.
En resumen, las condiciones contractuales del contrato Cravo Norte son:
– Regalías del 20 por ciento.
– Impuesto de Renta del 33 por ciento (la actual reforma tributaria fija la renta en 25 por ciento).
– Exenciones tributarias calculadas por la Contraloría teniendo en cuenta la resolución del descuento de las regalías de la base liquida gravable.
– Una participación del 50 por ciento de la Occidental y el 50 por ciento de Ecopetrol como lo estipuló el contrato, claro está, con la operación de la Occidental.
Sobre esa base de cálculo y teniendo en cuenta los costos operacionales por barril, tan solo de 2009 a 2013 el Estado perdió aproximadamente 2.748 millones de dólares como regalo a la Occidental, sin contar con la deuda social y ecológica que se mantiene con la destrucción de la Laguna de Lipa, el desplazamiento de los pueblos indígenas Uwa y otros impactos que actualmente sigue padeciendo Arauca.
Son alrededor de cinco billones de pesos, tres veces y medio más que el presupuesto de inversión asignado para agricultura en el presupuesto del 2014.

Aris Gionis Planta petrolera de Ecopetrol en Barrancabermeja.

Lo que ganamos en campo Castilla
La Chevron suscribió un contrato de asociación con Ecopetrol en 1973: el contrato Cubarral en el departamento del Meta, que se venció en el año 2000. Entonces, la empresa solicitó la extensión por diez años más al Gobierno de Andrés Pastrana y todo tendía a que se le iba a dar gusto a la Chevron, en un momento donde el crudo pesado no tenía el peso que tiene hoy en el mercado mundial de hidrocarburos.
Sin embargo, la Unión Sindical Obrera (USO), las comunidades locales y organizaciones sociales, fueron fundamentales en la campaña para que estos campos fueran retomados por Ecopetrol. En el transcurso de ese proceso se retomaron ejercicios de movilización social, eventos académicos e incluso discusiones con la misma Ecopetrol dentro de la negociación de la convención colectiva.
Hoy, estos campos son los más importantes que opera Ecopetrol de manera directa y sus reservas han crecido exponencialmente gracias a nuevas tecnologías de recuperación secundaria, como lo documenta la propia empresa.
De 30 mil barriles que explotaba la Chevron, la producción en 2013 creció a los 123 mil barriles en manos de Ecopetrol, y aun con ese volumen de producción, las reservas probadas siguen creciendo. Haciendo el cálculo a partir de 2004 hasta 2013, las ganancias de Ecopetrol en el control del yacimiento son más que buenas.
 

Fuente: elaboración del autor a partir de los cuadros y las razones expuestas en el contrato.
 
Las condiciones de este contrato son:
– Regalías del 20 por ciento.
– Impuesto de Renta del 33 por ciento (la actual reforma tributaria fija la renta en 25 por cientio).
– Exenciones tributarias calculadas por la Contraloría teniendo en cuenta la resolución del descuento de las regalías de la base liquida gravable.
– Una participación del 60 por ciento de Ecopetrol y el 40 por ciento de la Chevron como lo estipulaba el contrato original. La ganancia de Ecopetrol se calcula sobre la base del 100 por ciento de la producción.
Teniendo en cuenta los costos operacionales del campo, Ecopetrol obtuvo utilidades de 4.593 millones de dólares en el período de 2004 a 2013 por el control total del campo. Son alrededor de 9 billones de pesos que han financiado el presupuesto público de la Nación, sin contar con las utilidades correspondientes al período entre 2000 y 2003.
Sin la presión política de los ciudadanos que se enfrentaron a la posibilidad que se le extendiera este contrato a la Chevron, esos recursos se hubieran trasteado en remesas para esta empresa.

Ministerio de Minas y Energía El actual Ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta Medina.

Contratos Rubiales- Pirirí: lo que está en juego
El Campo Rubiales es estratégico para el país pues actualmente es el más importante en volumen de producción y de reservas, y es operado por la empresa Pacific Rubiales por medio de los contratos de asociación Rubiales y Pirirí firmados en su momento con la Tethys Petroleum, adquirida posteriormente por la multinacional canadiense. En una relación del 60 por ciento de participación de Ecopetrol, frente a un 40 por ciento de participación de Pacific, con gastos divididos en partes iguales.
Estos contratos finalizan en junio de 2016, cuando pasarían a ser tomados por Ecopetrol, y creo que hay elementos de sobra para tomar dicha decisión:
1) El comportamiento corporativo de Pacific Rubiales al negarse al pagar la deuda que tenía con Ecopetrol en Campo Quifa con un diferencial de producción de más de 500 mil barriles, y cuyo pago solo acordó cuando solicitó la extensión de los contratos Rubiales y Pirirí.
2) Las denuncias sobre las condiciones laborales en dicha empresa y la persecución al derecho de asociación señalado en la denuncia realizada por la Unión Sindical Obrera (USO) en la Fiscalía General de la Nación.
3) La necesidad de aumentar las reservas del país, lo que depende fundamentalmente de incrementar la participación del Estado en campos maduros como este, que sostienen la producción nacional.
4) Las manipulaciones mediáticas que se han venido demostrando con la compra de publirreportajes a favor de la empresa, como el escándalo desatado nacionalmente en el medio Kienyke, la financiación masiva de publicidad en La W radio, y la persecución penal instauradas contra el periodista Héctor Rodríguez de primerapagina.com.

Sin la presión política de los ciudadanos que se enfrentaron a la posibilidad que se le extendiera este contrato a la Chevron, esos recursos se hubieran trasteado en remesas para esta empresa.

Aún así, el anterior ministro de Minas y actual ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha hecho alusión pública sobre la importancia del trabajo de esta empresa en Colombia. Esta protección gubernamental, de la mano con una agresiva campaña mediática entre lo que se encuentra el patrocinio a la Selección Colombia, demuestra que esta empresa viene allanando el camino de la extensión de su contrato.
Por un lado, le prenden una vela a Santos organizándole un torneo de golf con el expresidente estadounidense Bill Clinton y el multimillonario Luis Giustra, y por otro, prenden la vela a Uribe cuando aparece el socio accionista y representante de la filial minera Pacific Coal, el exministro Hernán Martínez, como garante en la convención uribista, en la que salió como candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga.
No se requiere ser adivino entonces para comprender que alrededor de la decisión de la extensión de estos contratos a Pacific Rubiales está en juego quien se gana su apoyo a vísperas de las elecciones presidenciales.
Las reservas de Campo Rubiales
El 6 de Marzo de este año, Pacific hacía el anuncio de que ya no dependía en materia de reservas de Campo Rubiales, y que dicho campo venia declinando: “En Campo Rubiales las reservas probadas y probables netas cerraron en 93,6 millones de barriles, 18,6 menos que en el 2011, cuando fueron de 118 millones”.
Lo contradictorio del asunto es que mientras en sus informes resta importancia a las reservas de Campo Rubiales en la carta de solicitud de prórroga plantea que podrían duplicar la producción debido a la recuperación secundaria alcanzando un factor de recobro del 40 por ciento.
En 2011, un reporte de certificación de reservas de Meta Petroleum, filial de Pacific y operadora directa del bloque, planificaba tres escenarios para el 31 de Diciembre de 2010: el primero de ellos era de 394 millones de barriles, el segundo de 408.6 millones de barriles y el tercero de 409 millones de barriles. A su vez se imponía como meta alcanzar una producción acumulada de 261 millones de barriles antes del 2016.
En ese sentido, y teniendo en cuenta los pozos actuales de producción, podríamos decir que en el peor escenario las reservas de campo Rubiales están alrededor de 133 millones de barriles y que la cifra que divulgaron hace poco es un esfuerzo de Pacific para mostrarle a sus accionistas que no requieren de campo Rubiales.
Si mantenemos el escenario de que el petróleo difícilmente bajará de los 100 dólares el barril, y teniendo en cuenta los costos operacionales según los mismos reportes de Pacific, la participación que está en juego llega a los 25 millones de dólares. Millones que podría ganar el país si se decide a tomar el control del yacimiento: 50 billones de pesos, sin contar con las reservas probables con las que esta empresa viene especulando alrededor de la tecnología Star.

Lo contradictorio del asunto es que mientras en sus informes resta importancia a las reservas de Campo Rubiales en la carta de solicitud de prórroga plantea que podrían duplicar la producción debido a la recuperación secundaria alcanzando un factor de recobro del 40 por ciento.

El petróleo es un bien público y su explotación racional no solo se cuantifica en recursos económicos para superar la desigualdad democratizando la renta, sino en la posibilidad de ejercer la soberanía energética como mecanismo de autodeterminación de la nación y de las comunidades que la componen. Esto, lejos de ser un simple problema de ganancias, debe promover mecanismos como el derecho a la energía, a subsanar la deuda ecológica y a promover la participación social en las decisiones de los territorios relacionados con la explotación de su subsuelo.
En Rubiales nos jugamos todo. Si se sigue premiando al modelo trasnacional que prorrogó Cerromatoso e indemniza a la Drummond, o nos decidimos como colombianos a administrar nuestros bienes comunes de manera soberana para enfrentar los problemas estructurales que han alimentado la desigualdad social en el país.
*Proyecto Grammalote
razonpublica.com