Expropiación de YPF: el debate ahora es si las provincias deben pagar o compensar su participación

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Por Raúl Figueroa.- El acuerdo de pago por la expropiación de YPF, que reconoce un pago de 5.000 millones de dólares a Repsol por parte del Estado argentino y que fue tratado ayer en el Senado de la Nación, implica un punto de debate sobre la participación de las provincias petroleras –en sociedad con el Estado nacional- y el modo en que éstas deberían asumir su parte en el pago de dicho resarcimiento, en función de sus respectivos porcentajes de participación. Así se escucharon distintas voces en los últimos días: desde el gobernador Buzzi, que asegura que la provincia de Chubut no tendrá que aportar ni un solo peso, hasta el senador Mario Cimadevilla, que sostiene que la provincia debería desembolsar “más de 200 millones de dólares” para pagar esa participación, o el senador Marcelo Guinle, quien advierte que el tema será resuelto por un acuerdo posterior en el que se evaluarán diversas alternativas para compatibilizar el interés común de quienes en definitiva son socios.

El antecedente más concreto de ese tipo de participación está dado por el contrato que suscribió la provincia de Santa Cruz a fines de 2012 con YPF, cuando acordó la prórroga de las áreas que la operadora explota en dicha provincia, que integra junto a Chubut la cuenca del golfo San Jorge. En aquel caso, el acuerdo estableció un valor inicial de 60 millones de dólares, por una participación equivalente al 5%, a pagar en 60 cuotas de 1 millón de dólares cada una.

En la ley que aprueba el acuerdo de expropiación se establece que las provincias deberán acordar una forma de compensación al Estado nacional, que es el responsable de desembolsar los 5.000 millones de dólares (a pagar en bonos con vencimientos hasta el año 2033), en proporción a la participación accionaria de cada una, de acuerdo con las reservas y niveles de producción de la empresa en sus territorios.
El debate alcanza también a la provincia de Neuquén, donde la senadora nacional Lucila Crexell (MPN) opinó que Neuquén debe pagar por sus acciones en la empresa YPF, pero (coincidiendo con dichos del gobernador Jorge Sapag) añadió que se debe hallar “una manera creativa y sin endeudamiento” para cumplir con esa obligación.

“Es indispensable el pago porque hace a la seguridad, y el cumplimiento habla de la seriedad de una provincia que está comprometida con lograr el desarrollo de una cuenca  que tiene las condiciones para revertir el déficit energético del país”, destacó Crexell a la prensa neuquina.

En Chubut, el gobernador Martín Buzzi se expidió sobre el tema el martes último: “Por supuesto que nosotros, dinero contante y sonante por la expropiación no vamos a poner, porque nos quedan muy lejos esos números. El mayor capital que ponemos son las reservas, el horizonte, los yacimientos de la formación D-129 (donde la operadora ha perforado su primer pozo shale exploratorio) y estamos poniendo todo lo que existió antes de Repsol, que fue la YPF estatal, porque estamos poniendo nuestro patrimonio físico y simbólico de aquí hasta el fin de la explotación petrolera; creemos que esto tendrá una resolución más política que económica”, afirmó el mandatario provincial.

En línea con esa postura, el senador Marcelo Guinle indicó que Chubut –que tiene un 2,6% del total de la compañía- en algún momento se sentará a hablar de este tema con Nación, pero estimó que ello formará parte de un acuerdo que integre los intereses de quienes son socios en el paquete accionario de la empresa nacionalizada: “No creo que haya una compensación por regalías, cada uno intentará manejarlo de la mejor forma posible pero hay distintos mecanismos de asociación; por ejemplo Petrominera entró como socia de El Tordillo a partir de la renegociación que YPF tuvo con la provincia por la prórroga de sus concesiones, entonces esa es una forma y hay múltiples posibilidades para conjugar los intereses de esa integración, sobre la base de que YPF es una enorme herramienta para el desarrollo del gran potencial energético que tiene el país, como lo demuestra Vaca Muerta y las enormes inversiones que se requieren para su desarrollo”.

Desde una visión crítica, el senador Mario Cimadevilla cuestionó los alcances del acuerdo y aseguró que la provincia deberá pagar más de 200 millones de dólares, aunque reconoció que entre los mecanismos posibles para evitar el pago se cuenta la prórroga de las concesiones que la operadora tiene en las provincias petroleras, algo que la provincia de Chubut ya acordó. Desde esa perspectiva, el cuestionamiento del senador radical deja de centrarse en el aporte económico –que la provincia no debería realizar, según aquella posibilidad contemplada en el acuerdo- pero plantea su discrepancia con el tipo de prórroga acordada y, particularmente, con el escaso resarcimiento exigido para compensar el pasivo ambiental: “fijar un valor de 277 millones de dólares es irrisorio”, fustigó. En este punto, Guinle admitió que el tema fue tratado y discutido en las comisiones, si bien también aclaró que hay gran parte del pasivo que corresponde a la etapa de la YPF estatal, sin que ello implique quitar responsabilidades a Repsol. Para Cimadevilla, la continuidad jurídica de las sociedades obliga a Repsol a reconocer un monto muy superior, además de que el reclamo por la reparación también debería dirigirse al Estado nacional.

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