El debate se centró en la defensa, por el oficialismo, de la recuperación de una herramienta clave para alcanzar el autoabastecimiento, mientras que las críticas de la oposición fueron por cómo se instrumentó la expropiación. A partir del 7 de abril, en Diputados.
Por Sebastián Premici
“El objetivo que persigue el acuerdo es el autoabastecimiento hidrocarburífero. Servirá para ratificar el rumbo que iniciamos hace dos años”, sostuvo Aníbal Fernández al comienzo del debate. El segundo miembro informante fue Pereyra, sindicalista petrolero opositor al gobierno nacional, alineado sindicalmente con Hugo Moyano. “El acuerdo abre las puertas a las inversiones. De otra manera no podría haber sido posible. Sin un convenio amistoso con la petrolera española, el país tendría que afrontar más de 320 juicios internacionales en el Ciadi. Por eso creo que estamos dando un paso importantísimo. Tenemos la gran oportunidad de transformar la energía en nuestro país”, sostuvo el neuquino, quien más allá de acompañar el proyecto, criticó el acuerdo con Chevron.
En un debate que duró aproximadamente doce horas, los representantes de los distintos bloques repitieron las posiciones que ya habían expresado durante los plenarios de las comisiones de Presupuesto y Energía sin muchos sobresaltos ni sorpresas. “La pregunta es si estamos mejor o peor que hace dos años. El déficit energético 2013, según el Indec, fue de 6163 millones de dólares. Es decir, desde que se votó la ley que declaró de interés público la producción de hidrocarburos, el déficit creció más de 3000 millones. Este es el número que importa y no los 5000 millones que se pagarán por la expropiación”, sostuvo Ernesto Sanz, presidente de la UCR, quien agregó: “Ya sea por juicio o avenimiento, el precio debe fijarse por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Esto no existe. El dictamen que presentó el tribunal será puntualmente destruido por el resto de los integrantes de la bancada”.
Sanz basó parte de su argumento en el déficit energético del país. Sin embargo, obvió el dato informado por el propio presidente de YPF, Miguel Galuccio, en ocasión de su visita al Senado: a partir de la expropiación del 51 por ciento de las acciones, la compañía le permitió al Estado ahorrarse 1200 millones de dólares en la importación de gas, como consecuencia directa del aumento de la producción.
“Se cierra una nueva página negra, el vaciamiento de YPF que incluyó la entrada de Eskenazi, que fue quien permitió que la empresa perdiera participación de mercado. También convalidó una estampida en los precios de los combustibles, que fue el primer disparador de la inflación. Esto de que teníamos que firmar la expropiación por la soberanía nacional es parte de los cuentos de la tía, la tía vieja. Ningún gobierno desde Menem en adelante les exigió inversiones a las petroleras. Esto es una colonia de cuarta”, sostuvo Fernando “Pino” Solanas (Unen).
Las alusiones a Menem no hicieron mella en el riojano, ya que no estuvo presente en el debate, como suele ocurrir en la mayoría de las sesiones. Tampoco estuvo presente Michetti, de viaje por los Estados Unidos para participar de un encuentro con distintos referentes políticos de la región.
El entrerriano Alfredo De Angeli estrenó su bancada con un juego de adivinanzas. “¿Cómo van a votar?”, le preguntaron al ruralista algunos periodistas apostados en los pasillos del Senado. “Ah, no sé, no les voy a decir. Van a tener que esperar hasta el final”, dijo riéndose. De Angeli se retiró de la minirronda de prensa acentuando con sus manos la incógnita que había sembrado. Pero la incógnita quedó trunca cuando Diego Santilli llegó al recinto: “Nos vamos a abstener”, sostuvo el otro senador del PRO. “No aprobar este acuerdo sería como decir que está bien quedarse con una empresa sin pagar. Hoy lo que se intenta es subsanar este proceso que trajo graves consecuencias para los argentinos”, sostuvo el macrista.
El pampeano Carlos Verna votó a favor, aunque no reparó en críticas hacia el Poder Ejecutivo. “Yo no quiero más Chevron, no quiero que vengan a asociarse con YPF y se lleven el petróleo sin pagar retenciones”, indicó el senador, para luego anunciar que, como había votado la expropiación, votaría a favor del acuerdo bajo análisis.
“Lo que no entienden Galuccio ni este gobierno es que el dueño de YPF es la sociedad argentina, y no debe haber secreto para con la sociedad. Como somos parte de la empresa, debemos conocer el acuerdo con Chevron. La política energética petrolera es una materia pendiente en donde debemos encontrar una salida común para recuperar el autoabastecimiento”, analizó el puntano Adolfo Rodríguez Saá.
Según la Agencia Estadounidense de Energía, el país tiene 802 billones de metros cúbicos de gas y 27 mil millones de barriles de petróleo no convencionales, las que ubican al país como el segundo y cuarto reservorio a nivel mundial, respectivamente. El acuerdo con Chevron abarca un área de sólo 20 kilómetros cuadrados, donde la firma invertirá 1240 millones de dólares.
“La estrategia de Repsol fue el bloqueo para que YPF se desarrolle.
Chevron fue una punta de ruptura. Teníamos sobre nosotros los juicios en el Ciadi. Con la convicción de lo que fue una ruptura, los mexicanos apretaron a Brufau. Si YPF estaba inhabilitada para crecer, ¿para qué carajo estaba la empresa? Entonces, los distintos inversores apuraron para llegar a un acuerdo. Es en ese marco que la Presidenta agradeció las negociaciones de Rajoy y Peña Nieto, para poner a la Argentina en la carrera de los hidrocarburos no convencionales y convertirnos en actores fuertes de la geopolítica del Atlántico Sur”, concluyó el neuquino Marcelo Fuentes.
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Solución amigable
El acuerdo celebrado entre el Gobierno y Repsol autoriza el pago de 5 mil millones de dólares con títulos públicos por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF. El Convenio de Solución Amigable fue pactado entre las dos partes y, además del pago, pone fin a los 31 litigios que estaban activos contra el Estado nacional y contra empresas privadas por parte de la firma española. Se destacan el proceso de Repsol contra el Estado en el Ciadi, tribunal arbitral del Banco Mundial, por 10.500 millones de dólares, y las acciones legales en curso contra la propia YPF y potenciales socios en Vaca Muerta, como Bridas y Chevron.
Como el valor de mercado de los títulos públicos puede no alcanzar el monto acordado, se convino establecer un “valor garantizado” de 4670 millones de dólares. Entonces, la emisión de bonos puede ampliarse, aunque con un tope de 1000 millones de dólares adicionales para llegar a los 6 mil millones nominales. El compromiso se considera cancelado si Repsol percibe los importes de la amortización o si vende los títulos.
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Los próximos pasos
La Cámara de Diputados comenzará a tratar el acuerdo YPF-Repsol a partir del lunes 7 de abril. El primer paso será una reunión a puertas cerradas entre los integrantes del bloque del Frente para la Victoria, conducido por Juliana Di Tullio, junto al ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini. Los funcionarios brindarán los detalles del acuerdo, al igual que sucedió en el Senado. Al día siguiente se haría el debate en el plenario de las comisiones de Presupuesto, presidida por Roberto Feletti, y Energía, a cargo de Mario Metaza, ambos del Frente para la Victoria. El dictamen se firmaría la semana del 15 de abril y el tratamiento en el recinto, una semana después. Una de las opciones que se barajan es que se desdoble la sesión en dos jornadas consecutivas, teniendo en cuenta la gran cantidad de oradores que podrían participar. Al igual que ocurrió en la Cámara alta, la oposición presentará a sus expertos para aportar información sobre el proyecto. El Gobierno se comprometió a tener aprobado el acuerdo antes del 1º de mayo, fecha en la que sería ratificado por el directorio de Repsol.
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Senado: con duras críticas, el kirchnerismo logró darle media sanción al acuerdo con Repsol
Senado aprobó en la madrugada de hoy el proyecto de ley que habilitará a la administración de Cristina Kirchner a emitir títulos de deuda por más de US$ 5000 millones para pagarle a Repsol la expropiación del 51% de las acciones de YPF.
Con 42 votos a favor, 18 en contra y 8 abstenciones y luego de más de 11 horas de debate , el kirchnerismo logró darle media sanción al acuerdo sellado entre el Gobierno y Repsol para que sea tratado en la Cámara de Diputados. El objetivo del oficialismo es aprobar la ley, a más tardar el 24 de abril.
El convenio- que determina que el Gobierno pagará el monto acordado en títulos públicos y en cuotas en veinte años- obtuvo el respaldo de los senadores del Frente para la Victoria, de sus aliados. En tanto, el radicalismo y el interbloque FAP-UNEN resolvieron rechazar la iniciativa; mientras que el peronismo federal y el PRO se abstuvieron.
“El acuerdo abre las puertas a las inversiones de nuevas empresas en Argentina”, dijo el diputado Guillermo Pereyra, quien preside la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, al abrir el debate.
En igual sentido se manifestó el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto. “Hay que asumir cada etapa histórica y asumir lo que nos tocó, porque acá ningún partido político puede tirar la primera piedra. La expropiación era el único camino que había para intentar frenar transferencia de acciones de Repsol y que la empresa terminara vaya saber a dónde. Se percibía en los últimos años que se llevaban utilidades y no invertían un peso”, sostuvo.
El legislador fue el último orador- de una lista de 40- en el debate. Cuando habían pasado minutos de la medianoche, el senador aseguró que “no había ninguna posibilidad de sentarse con los españoles cuando se efectuó la expropiación”.
En tanto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Aníbal Fernández, aclaró que “no habrá conflictos a futuro” por la expropiación y destacó que “los pasivos ambientales son atendidos” por la petrolera argentina.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
El jefe de Proyecto Sur, Fernando Solanas , afirmó que “ningún gobierno desde [Carlos] Menem en adelante fue capaz de exigirle a las petroleras el cumplimiento de las inversiones, el cumplimiento de los contratos”, al criticar lo actuado por el gobierno nacional en la materia.
Al cuestionar el convenio, disparó que el Estado “hasta fue incapaz de exigir un medidor en cada pozo de la República. Esto es colonia de cuarta, cada uno viene y se lleva lo que quiere”, por lo que remarcó que lo sucedido en materia de hidrocarburos “es la historia de la impunidad”.
“Estamos ante un dibujo, una suerte de tomadura de pelo a todos porque se está hablando de 5 mil, 6 mil millones en bonos que serán descontados del bolsillo del pueblo argentino hasta el 2033” y calculó que “los argentinos deberán pagar unos 13.700 millones de dólares hasta 2033”, arremetió.
El socialista Rubén Giustiniani, en tanto, argumentó en contra del acuerdo porque “sólo la urgencia del gobierno necesitado de préstamos internacionales explican esta negociación”, y acusó al Poder Ejecutivo de no explicar “el pago discrecional a una empresa que vació de reservas el país”.
A su turno, el radical Ernesto Sanz, máxima autoridad formal de la UCR, explicó su rechazo a la iniciativa ya que “hay un sobreprecio de mala praxis”, y responsabilizó al kirchnerismo por el “déficit energético” y la “pérdida del autoabastecimiento” en la Argentina.
La Nación
