El objetivo del gobierno nacional es consensuar con los gobernadores una ley complementaria a la Ley Nacional de Hidrocarburos y a la Ley Corta, que tenga como eje el incentivo a la exploración y puesta en producción de yacimientos no convencionales de petróleo y gas. En las últimas semanas, hubo intercambios de borradores y definiciones del neuquino Jorge Sapag, quien defiende a ultranza a su petrolera estatal-provincial, GyP.
El lunes 9 fue el primer encuentro, en Olivos, ante una convocatoria que vino de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner a los diez mandatarios que forman parte de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. Allí se les entregó el primer borrador de discusión para la nueva ley.
A fines de calmar los ánimos del neuquino Sapag y conciliar posturas con el chubutense Martín Buzzi, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, comenzó a hacer contacto con ellos, según confirmó El Inversor Online. Las mesas de trabajo continuarán entre Nación y el organismo que nuclea a las provincias petroleras.
EL BORRADOR DE OLIVOS
El “Acuerdo Federal para el Autoabastecimiento de Hidrocarburos” es la propuesta que surgió del gobierno nacional, con acuerdo de YPF, con el subtítulo “Complemento normativo a las leyes 17.319 y 26.197 para la explotación no convencional y la promoción de la exploración y explotación de hidrocarburos”.
En los primeros párrafos, destaca que las nuevas técnicas conocidas como “fracking” o estimulación hidráulica en yacimientos ubicados en formaciones geológicas de esquisto, areniscas compactas, capas de carbón, entre otras, revolucionaron y permitieron a Estados Unidos lograr su autoabastecimiento.
“No existirá soberanía hidrocarburífera efectiva sin un fuerte incremento de las inversiones”, indica el borrador. “Así, el Gobierno nacional y los gobernadores integrantes de la OFEPHI han decidido proponer a discusión del Honorable Congreso de la Nación un complemento normativo de las leyes 17.319 y 26.197 con la finalidad de reglar la explotación convencional y no convencional de hidrocarburos, la exploración y explotación offshore y en zonas de riesgo”, apunta .
Además, la iniciativa que analizaron en Olivos implica el establecimiento de requisitos mínimos en los mecanismos de selección de los concesionarios. Nación quiere que las concesiones de explotación tengan un plazo previsto de 25 años para la explotación convencional, en tanto que para la explotación no convencional se permita una concesión de 35 años. En el caso de aguas profundas, 30 años. En todos los casos la prórroga es de 10 años.
Al hacer referencia a la Ley Corta, que trasladó la propiedad de los recursos hidrocarburíferos a los Estados provinciales, señala en un párrafo que las provincias seguirán actuando como titulares del dominio originario. Ponerlo de manifiesto en el texto resulta importante para no enfurecer a los principales distritos del sector, como Neuquén, Chubut y Santa Cruz.
Uno de los puntos cuya interpretación entró en conflicto fue el que reconoce a las regalías como único mecanismo de percepción de renta petrolera para las provincias. Es que son varias las provincias, incluida Chubut, las que renegociaron contratos aplicando bonos o “regalías extra” (en esta provincia van de 3 a 4 puntos porcentuales de los ingresos, según la ley provincial).
Otra de la propuesta polémica, esta vez involucra a los municipios: “se procurará que los municipios no graven a la industria hidrocarburífera y/o adopten normas que interfieran con dicha actividad”. Un punto que toca directamente a los sindicatos indica: “se propenderá asimismo a que los representantes de los trabajadores y de la comunidad establezcan, conjuntamente con las empresas del sector, las nuevas modalidades laborales dada la naturaleza de los nuevos proyectos”.
“Se prevén aportes a las provincias productores por parte de las compañías como Responsabilidad Social Empresaria (RSE), así como aportes a las provincias productores por parte del Estado nacional, respecto de los proyectos alcanzados por el Régimen del Decreto 929/13”, dice. El decreto es el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos.
LA CONTRAPROPUESTA DE OFEPHI
Una semana después, el lunes 16 de junio, los gobernadores de OFEPHI presentaron su contrapropuesta en el Ministerio de Planificación Federal de la Nación. El nombre tentativo es “Régimen Federal de Promoción de Inversiones y Responsabilidad Empresaria para la extracción de Gas y Petróleo no convencional”.
“La aplicación de nuevas técnicas para la explotación y desarrollo de horizontes geológicos más complejos y de gran profundidad hace necesario el dictado de nuevas normas en cada órbita de gobierno con el compromiso de coordinar y concertar un conjunto de reglas uniformes y coherentes para la actividad”, señalan los gobernadores.
“Es muy difícil pensar que el problema del autoabastecimiento se resuelve con una sola norma o desde un solo lugar. Lejos de ello la solución a una situación compleja requiere aportes y soluciones que deben venir, en el marco del federalismo de concertación, acompañada por todos los niveles de gobierno”, argumentan en el texto.
“Se propicia crear un régimen especial, temporario, para los proyectos de desarrollo de reservorios hidrocarburíferos no convencionales, offshore, petróleo pesado, pozos profundos y de frontera en el marco de las leyes nacionales 17.319, 26.197 y 26.741 sus modificatorias y complementarias, aplicable en todo el territorio nacional, con un plazo para adherir al mismo”, sostienen.
“Por ello se propicia crear un Régimen Especial a los efectos que los permisionarios y concesionarios obtengan un plazo adecuado para su explotación, con reglas claras y adaptadas a las especiales exigencias de este tipo de inversiones, todo ello en el marco de un régimen de beneficios adecuados”, expresan.
Al respecto de la Ley Corta, se subraya también en este proyecto de OFEPHI. La propuesta de los gobernadores plantea la necesidad de un esquema promocional flexible, esto quiere decir que debería evaluarse la magnitud del proyecto y el tipo de yacimiento.
“Es así que proponemos ampliar los beneficios promocionales no solamente a los inversiones en yacimientos no convencionales, sino también para las inversiones que se realicen en pozos a gran profundidad y de frontera, offshore y en yacimientos de petróleos pesados”, indican los mandatarios.
“Sugerimos también que los montos de inversión requeridos para ser considerados beneficiarios de este régimen promocional, sean flexibles en función del tipo de empresa, características del yacimiento, costos de las tecnologías aplicadas, volúmenes de producción, cantidad de empleados contratados y otras variables sociales y económicas. Caso contrario se establecería un régimen promocional sólo para grandes empresas”, añaden.
