Nicolás Gandini | El Inversor Online |
Aunque la atención del Gobierno está prácticamente monopolizada por la resolución del conflicto con los fondos buitre en Nueva York, esta semana continuaron las negociaciones entre YPF y las principales gobernaciones petroleras en torno a la nueva ley de Hidrocarburos que impulsa la Casa Rosada.
En forma complementaria al bullet point presentado hace 10 días a ejecutivos de la industria petrolera en las oficinas del Ministerio de Planificación, el Ejecutivo difundió a los mandatarios de Chubut y Neuquén, máximos referentes de la Ofephi -la organización que nuclea a los estados productores de hidrocarburos-, el borrador de un proyecto de Ley integrado por 40 artículos.
A fines de la semana pasada, los gobernadores enviaron a la petrolera que preside Miguel Galuccio una contrapropuesta con anotaciones sobre cada uno de esos puntos. Si en la torre de Puerto Madero mantenían la esperanza de mantener un intercambio colaborativo en torno a la iniciativa regulatoria, la devolución redactada por colaboradores de Jorge Sapag (Neuquén) y Martín Buzzi (Chubut) –los únicos gobernadores de la Ofephi que hasta ayer tenían copia del proyecto oficial- terminó rápidamente con ese deseo.
El Inversor Online tuvo acceso a los principales lineamientos de la respuesta remitida por las provincias, que critica de forma taxativa el corazón de la iniciativa avalada por el Gobierno e YPF.
Los principales contrapuntos son los siguientes:
– El borrador de la Casa Rosada prevé que los concesionarios actuales que ya renegociaron por 10 años sus bloques (período de explotación de 25 años más una prórroga de 10) tendrán derecho –en caso de haber cumplido con el plan de inversiones asumido- a solicitar una nueva extensión por otros 10 años. La contrapropuesta de Buzzi y Sapag no niega esa posibilidad, pero la supedita al pago de un canon de reingreso al área pagadero por única vez. Su valor se determinaría de manera proporcional con las reservas probadas (P1) y probables (P2) remanentes en cada concesión. Es la metodología que utilizaron la mayoría de las provincias petroleras ((Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Mendoza) para renegociar las áreas que vencían en 2016/17. Neuquén, por caso, recaudó cerca de US$ 700 millones cuando prorrogó la mayoría de sus concesiones petroleras en 2008/2009.
– El texto redactado por el secretario Legas y Técnico de la Presidencia, Carlos Zanini, contempla el pago de regalías adicionales del 3% para las compañías que soliciten una nueva prórroga por 10 años de sus yacimientos. Las provincias quieren que esa alícuota pueda trepar, en algunos casos, hasta el 4 por ciento.
– El proyecto oficial establece que las petroleras deberán destinar un 0,5% de sus ingresos a actividades de RSE (Responsabilidad Social Empresaria) y un 1% a obras de infraestructura. La contrapropuesta de los gobernadores patagónicos prevé –desde una óptica más laxa- a que las provincias puedan solicitar, por su cuenta, financiamiento puntual para obras de infraestructura en las zonas de influencia donde se encuentren los reservorios.
– El borrador impulsado por el Gobierno propone la homogenización, a nivel nacional, de los pliegos licitarorios de áreas petroleras. A lo que se aspira es a lograr un modelo único y común aplicable en todas las provincias, dado que en la actualidad existen divergencias entre estados que atentan contra la previsibilidad del marco regulatorio. Sobre este punto, los gobernadores petroleros sostienen que ese modelo debe ser discutido en el seno de la Ofephi y no por la Comisión de Planificación de Inversiones Hidrocarburíferas, el organismo creado en 2012 por iniciativa del ministro de Economía, Axel Kicillof, tal como prevé el texto oficial-
– El documento redactado por Zanini elimina la posibilidad de que las gobernaciones reserven para sus petroleras provinciales áreas petroleras. El tándem Buzzi/Sapag respondió que el artículo no tiene sustento legal porque va en contra de algunas constituciones provinciales (como la de Neuquén) y además, atenta contra una concepción estratégica que ubica al control del recurso hidrocarburífero en manos del poder público y no del privado.
– El texto oficial prohíbe la inclusión de un acarreo (carry) –modalidad elegida por los gobernadores para conservar una participación minoritaria de los yacimientos sin que eso implique invertir dinero- a favor de las petroleras provinciales (Gas & Petróleo de Neuquén, Petrominera Chubut y Emesa Mendoza, entre otras) en la licitación de bloques de exploración. Las provincias interpretan que, al no poder recurrir a ese mecanismo, la captación provincial sobre la renta petrolera se verá seriamente afectada. Por lo que reclaman alternativas –podría ser un canon de ingreso a los bloques- que compensen esos ingresos para las arcas provinciales
