La UCR, el FAP y el PJ disidente criticaron el proyecto oficial, que mañana comienza a discutirse en comisión
Por Gustavo Ybarra | LA NACION
El Senado se prepara para convertirse en escenario de un nuevo debate en torno a un polémico proyecto del Poder Ejecutivo cuando inicie, mañana, el tratamiento en comisiones de la nueva ley de hidrocarburos que impulsa la administración de Cristina Kirchner.
La iniciativa ya cuenta con el rechazo de casi todo el arco opositor, que denuncia que detrás del proyecto se esconde la pretensión del Gobierno de alzarse con la recaudación de la renegociación de los contratos de los yacimientos concesionados que habilita el texto para el año próximo.
También lanzaron fuertes cuestionamientos por el perjuicio que implicará para las provincias, a las que les quita la facultad de negociar sus áreas hidrocarburíferas y le impone topes al nivel de regalías que podrán percibir por la extracción del crudo.
Otro punto polémico del proyecto es que habilita la práctica del “fracking” para la exploración y explotación de gas y petróleo.
El oficialismo cerró filas en torno a la propuesta del Poder Ejecutivo y ya tiene garantizada la verticalidad de su bancada de senadores para avanzar con la firma del dictamen, el jueves, y con la aprobación del proyecto en el recinto, prevista para una semana después.
“Esto va a afectar al gobierno que viene. Están entregando la renta petrolera a cambio de hacer caja con la renegociación de los contratos el año próximo”, denunció en diálogo con LA NACION el jefe de la bancada radical, Gerardo Morales (Jujuy).
La opinión de Morales anticipa el rechazo de la UCR al proyecto, aun cuando el centenario partido recién tomará su decisión oficial el jueves en una reunión del comité nacional de la que participarán sus bloques legislativos de ambas cámaras y especialistas invitados a dar su opinión sobre la iniciativa.
El FAP-UNEN fue más allá y ya anticipó que derogará la ley si, como prevé el oficialismo, llega a ser sancionada. “Este proyecto ni Menem se animó a plantearlo, muestra que el neoliberalismo en la Argentina no termina de morir”, afirmó Fernando Solanas (UNEN-Capital), quien advirtió que si la fuerza que integra llega a ser gobierno dará marcha atrás con la medida. “Vamos a tirar abajo la ley y las concesiones, las vamos a expropiar e indemnizar y ya no serán concesiones, serán contratos de obras y servicios y la renta quedará para la Nación”, afirmó.
El peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) sostuvo que “todos los beneficios quedarán para la Nación y nada para las provincias”, según el texto redactado por el Poder Ejecutivo.
Uno de los temas más controvertidos es el de los límites a las regalías petroleras que podrán percibir las provincias. La oposición sostiene que el Gobierno les pondrá un techo del 12%. En el caso de ingresos brutos, el tope es del 3%.
Sobre este punto, Carlos Verna (PJ-La Pampa) dio un ejemplo gráfico de cómo verán limitados sus ingresos los distritos petroleros. “En mi provincia hay concesiones que dan 35% de regalías; con esta ley pasarán a ceder 12%”, afirmó.
Como contrapartida, destacan los críticos, el proyecto le da al Poder Ejecutivo facultad de otorgar beneficios y exenciones fiscales e impositivas a los nuevos emprendimientos y a los ya existentes.
El fracking, en la mira
La rionegrina Magdalena Odarda (FAP), en tanto, puso la mira en el artículo que habilita el uso de métodos no convencionales para la extracción de gas y petróleo.
“Promover este tipo de explotaciones a través de la ley de hidrocarburos es una estrategia del Gobierno para eludir la discusión sobre el fracking en nuestro país”, afirmó la legisladora, quien recordó que ese método fue prohibido en más de 40 municipios del país.
En una serie de seminarios organizados en el Senado la semana pasada, varios especialistas anticiparon sus críticas al proyecto.
Así, Félix Herrero, del Grupo Moreno, denunció que “esta ley no cambia nada”, sino que “confirma el principio del beneficio para las empresas”. Según este especialista, el nivel mundial de la renta petrolera es de 10 a 15%, mientras que el texto elaborado por el gobierno kirchnerista les garantizaría a los concesionarios tasas de entre 20 y 25%.
Por su parte, Daniel Montamat, ex secretario de Energía, cuestionó que el proyecto no establezca límites a la cantidad de concesiones que podrá explotar una misma empresa o sociedad. También denunció que el Poder Ejecutivo podrá prorrogar por varios años (podrían llegar hasta 35) y sin licitación las concesiones vigentes. Para Montamat, esa cláusula “es el caballo de Troya” de la ley, ya que “si se permite la prórroga ilimitada, el poder concedente original de las provincias se fue, queda diluido”.
Otro tema que anticipa polémica es la concentración de beneficios que la ley hace en las provincias petroleras. “Nosotros no estamos de acuerdo con esto, porque así vamos a tener provincias ricas y pobres”, opinó Morales, quien sostuvo que uno de los puntos que deben discutirse es cómo se reparte la renta petrolera.
El debate recién comienza. El oficialismo, como suele ser su costumbre, no tiene intención de aceptar cambios salvo que los proponga el Poder Ejecutivo.
La Nación
