Brasil: Expansión del presal y soberanía territorial

 El descubrimiento de grandes reservas de hidrocarburos a más 7 mil metros bajo el nivel del mar movilizó al gobierno brasileño a desarrollar la extracción en aguas profundas. Una década después, y tras grandes inversiones públicas y alianzas trasnacionales, el gigante sudamericano enfrenta las secuelas del cóctel extractivista: violación de derechos colectivos, debilitamiento de la legislación, precarización laboral, racismo ambiental y corrupción. Mucha corrupción.

 Inauguracion plataforma de Petrobras

Por Marcelo Calazans, Tamra Gilbertson y Daniela Meirelles*

Traducción: Nancy Viviana Piñeiro

En 2005 Petrobras descubrió hidrocarburos frente a las costas de Río de Janeiro bajo formaciones salinas del campo offshore Tupi. Al año siguiente un consorcio compuesto por la compañía brasileña, BG Group (Reino Unido) y Petrogal (Portugal) perforó el yacimiento y estimó su potencial entre los 5.000 y 8.000 millones de barriles de petróleo equivalente (Flávia Gouveia, 2015). Tras nuevas exploraciones se encontraron depósitos de hidrocarburos en la capa presalina que se extiende a lo largo de las cuencas Santos, Campos y Espírito Santo, en las costas de los estados de Río de Janeiro y Espírito Santo.

El petróleo y gas del presal se alojan a unos 7.000 metros bajo el nivel del mar: los cubren de 2.000 a 3.000 metros de agua, y una capa de roca y otra de sal de aproximadamente 2.000 metros de espesor cada una. Estas reservas son consideradas las fuentes de energía extrema más importantes de la actualidad; las de mayor profundidad se encuentran a lo largo de las costas de África occidental y Brasil. Como referencia, vale destacar que la Agencia de Información Energética considera perforación ultra-profunda en el Golfo de México a aquellas que se realizan a 1.500 metros o más (The Nation, 13/03/2012).

El petróleo de presal se encuentra 7 mil metros bajo el nivel del mar, bajo miles de metros de capas de agua, roca y sal

Dadas estas características, y que además se hallan a unos 300 km de la costa, donde prevalecen las condiciones oceánicas severas, se requieren grandes inversiones para acceder a los yacimientos. La gran profundidad y presión que supone la extracción también plantea importantes dificultades tecnológicas que deben superarse recurriendo a una amplia variedad de especialistas, equipamiento de alta tecnología e infraestructura (Beltrão et al., 2009). Altos riesgos de extracción que también se traducen en graves impactos ambientales y sociales (BBC News, 12/04/2015).

 

Efectos del boom petrolero en Brasil

El gobierno brasileño y los principales actores de la industria petrolera quedaron sorprendidos por el descubrimiento de los yacimientos presalinos en 2006. Luego de meses de polémicas negociaciones, el 31 de agosto de 2009 el presidente Luiz Inácio Lula da Silva envió cuatro proyectos de ley al Congreso para proponer una transformación radical de la estructura regulatoria y operativa del sector hidrocarburífero. Las reformas asegurarían que un porcentaje del dinero del petróleo pudiera utilizarse en programas sociales. El gobierno, además, tendría una participación mayoritaria en una empresa semipública creada para la explotación del presal.

Por su parte Petrobras y el gobierno, a través de una masiva campaña publicitaria, proyectaron las reservas presalinas en 28.000, 35.000 y 50.000 millones de barriles. La posibilidad de edificar un Estado benefactor se agitó frente a los ciudadanos con promesas de salud pública, educación, vivienda, saneamiento y reforma agraria que serían garantizadas gracias al nuevo poder petrolero y las regalías. El argumento parecía seguir la lógica de que, de no ser por el petróleo, los gobiernos nunca podrían garantizar derechos a toda la población. Se invisibilizaba, además, que este avance implicaría quitarle derechos a algunos, es decir, a trabajadores precarizados, a la Naturaleza y a quienes habitan en las inmediaciones de los grandes proyectos. Una injusticia ambiental violenta y unilateral.

A partir del descubrimiento de las recursos offshore en Espírito Santo en 2006, las inversiones más importantes de los gobiernos de Lula y Dilma han estado concentradas en hidrocarburos. Por ejemplo, el Plan Decenal de Energía es una inversión de R$951 000  millones, de los cuales el 70,6% está destinado al sector de petróleo y gas; el 22,5%, al de electricidad; y el 7%, a los biocombustibles. Mientras que Petrobras recibió inversiones por US$220 mil millones, según su Plan de Negocios 2014-2018 (Apex Brasil, 2014). En tanto los Planes de Aceleración del Crecimiento (PAC 1 y PAC 2) del Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión y el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) dirigieron inversiones a proyectos tales como: construcción de puertos, astilleros, ductos, refinerías, plantas de fertilizantes e instalaciones logísticas, tanto en tierra como mar adentro. Esta infraestructura de gran escala se implementó a ritmo acelerado, con altos riesgos y sin reparar en costos. Se desarrolló así un boom petrolero: si en el año 2000 el sector hidrocarburífero representaba el 3% del PBI brasileño, 13 años después llegaba al 13%, tras los gobiernos de Lula (2003-2006 a 2007-2010) y el primer mandato de Dilma Rousseff (2011-2014).

La concesión de nuevos bloques exploratorios -incluidos los de lutitas- estuvo suspendida entre el 2008 y 2013 debido a que las leyes de regalías existentes pusieron de relieve el frágil pacto federal brasileño entre los estados considerados productores de petróleo y los no productores. Durante el debate por las leyes de regalías se pudo ver a las autoridades de los estados de Río de Janeiro, Espírito Santo y São Paulo, donde se encuentra la mayor concentración del PBI y del petróleo presalino, pelearse por mantener sus regalías en calidad de productores. Las autoridades de estos estados argumentaron que necesitaban el dinero para pagar las innumerables consecuencias sociales y ambientales vinculadas a la exploración petrolera: contaminación, derrames, aumento de la población en ciudades pequeñas y medianas y destrucción de los ecosistemas marinos, por nombrar apenas algunas. Eran muy conscientes de los riesgos propios de un estado petrolero.

Foto: Ricardo Stuckert

Por otra parte, las alianzas políticas del gobierno del PT con los sectores más conservadores, tanto en el Parlamento como en la composición de los ministerios, repercutieron en un debilitamiento de los códigos forestal y minero y en la aplicación de la legislación ambiental. Al mismo tiempo, impidieron tanto la implementación de los derechos territoriales de pueblos indígenas y tradicionales, como así también de pescadores, quilombolas[1] y de los trabajadores de las plataformas petroleras, que se encuentran tercerizados y precarizados.[2] Esta flexibilización se da por la influencia de intereses corporativos, sobornos y corrupción política, en un juego de acciones partidarias y corporativas que forman parte del pacto de poder sellado por las elites más importantes, entre ellas: Odebrecht, Camargo Correa, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez.

 

Petróleo y corrupción

Si bien el Gobierno afirma que la industria petrolera aún puede ser redituable con un barril a US$ 45, Petrobras ha lanzado un Plan de Desinversión. Este incluye la venta de activos, como fábricas de fertilizantes; reducción de inversiones en puertos y refinerías; y la retirada de otros países para concentrarse aun más en la exploración de petróleo y gas en territorio brasileño.

Tras nueve años de boom petrolero ocurrió lo inevitable: corrupción, malversación de fondos y mentiras

Incluso en medio de  la crisis desatada por la baja del crudo, de US$ 115 en junio de 2014 a US$ 48 en enero de 2015, la extracción de hidrocarburos en Brasil siguió batiendo récords y alcanzó los 3 millones de barriles de petróleo equivalente por día en el primer mes de este año, de los cuales el 27% se obtiene del offshore presalino (800 000 bpd). Por otra parte, la caída del precio del petróleo coincidió con una profunda crisis del pacto de poder hegemónico sellado desde el comienzo del Gobierno de Lula, en 2003. Tras nueve años de boom petrolero ocurrió lo inevitable: corrupción, malversación de fondos y mentiras. Justo antes de la elección de Dilma, investigadores de la Policía Federal de Brasil lanzaron la Operación Lava Jato, que descubrió el esquema de lavado de dinero con el que se habrían movilizado más de US$ 3.500 millones. El acto de corrupción más grande del país, que incluyó el financiamiento de partidos políticos por parte de los más importantes contratistas petroleros y Petrobras (Ministério Público Federal, 2015). Las complejas transacciones financieras de las que participan grupos subcartelizados y organizaciones políticas en un laberinto partidario se dan en las actividades de explotación del petróleo costa adentro y costa afuera, así como en la prospección sísmica, perforación de nuevos pozos, instalación de ductos, terminales de petróleo y gas, construcción de puertos y astilleros y ocupación de extensas áreas de tierra.

Dilma Roussef en inauguracion Plataforma P59 /Manu Dias
Dilma Roussef en inauguracion Plataforma P59 /Manu Dias

El descontento con las políticas brasileñas creció en marzo de 2015, hasta culminar en las protestas contra la corrupción gubernamental, protagonizadas por millones de personas en las calles. El Gobierno de Rouseff resultó fuertemente golpeado por la derecha, y la sociedad brasileña cayó en un debate complejo que enfrentó a la derecha con el Partido Progressista de Dilma (Financial Times, 16/03/2015).

 

Soberanía nacional versus soberanía territorial

Por su ubicación y su abundancia en recursos naturales, Espírito Santo es una de las regiones más importantes del país en términos de exportación de productos de pasta de celulosa, hierro, mármol y granito. Desde el primer gobierno de Lula cientos de compañías relacionadas con el sector de petróleo y gas han invadido el estado con el apoyo financiero del BNDES, el PAC 1 y 2 y compañías como Petrobras, StatOil, Shell, Total, Chevron y Jurong.

Si la población local no tiene derecho a decir “no” al petróleo, entonces la supuesta soberanía nacional no respeta la soberanía territorial

Por tratarse de una región devastada por las consecuencias de una economía de exportación y por la industrialización, el descubrimiento del segundo yacimiento más grande de petróleo presalino despertó sentimientos contradictorios en la población. Por un lado, el Estado alienta la industria petrolera ofreciendo nuevos bloques exploratorios, dando prioridad al sector hidrocarburífero en lo que respecta a políticas energéticas, desconociendo derechos territoriales, acelerando el otorgamiento de licencias sin estudios previos adecuados y manipulando continuamente el proceso de consulta. Por el otro, a lo largo de la costa atlántica, en el norte de Espírito Santo, la extracción de petróleo devasta grandes extensiones de bosque de Mata Atlántica y de la biodiversidad marina. La expansión extractiva convierte a los territorios de pesca y las tierras de quilombolas, campesinos, pueblos indígenas y pequeños distritos urbanos en zonas de sacrificio. Se destruyen las condiciones de vida de los habitantes locales, al tiempo que se expulsa, se persigue y criminaliza la resistencia (Gilbertson y Calazans, 2013).

Hay una exacerbación del racismo ambiental predominante en la zona y de la violencia policial, que suele accionar en conjunto con milicias privadas, como ha sucedido en el emblemático caso de los asesinatos de pescadores de la Asociación de Hombres de Mar (AHOMAR), en conflicto con Petrobras, en la Bahía de Guanabara, Río de Janeiro. Por otra parte, las ciudades y distritos que han convivido con la industria petrolera durante décadas, como el norte de Río de Janeiro y Bahía, demuestran claramente que la renta petrolera no se distribuye de manera equitativa en la sociedad sino que ha generado una elite local que concentra la riqueza y el poder. La población no tiene derecho de decir ‘no’ ante la expansión descontrolada de nuevos bloques petroleros y pozos exploratorios. Expansión que se lleva a cabo en nombre de la soberanía nacional pero sin respetar la soberanía territorial.

 

 ¡Ni un pozo más! ¡Por el derecho a decir ‘no’! 

Gracias a la vinculación de redes nacionales y regionales relacionadas a injusticias y conflictos socioambientales asociados a la industria del petróleo y el gas ha surgido un importante debate y campaña estratégica: ¡Ni un pozo más! ¡Por el derecho a decir ‘no’! Estas consignas se articulan con las campañas por los derechos de los territorios de pesca, indígenas y quilombolas, y por alimentos libres de plaguicidas. ¡Ni un pozo más! no significa que aquí y ahora se dejará de utilizar el petróleo y el gas, es decir, no implica la inmediata pérdida de empleo para los trabajadores de la cadena petrolera. ¡Ni un pozo más! es, en realidad, un pedido estratégico contra el avance de la expansión, para reflexionar sobre la necesidad urgente de reducir, y seleccionar con mayor cuidado, el uso de combustibles fósiles en pos de la justicia ambiental y climática.

¡Por el derecho a decir ‘no’! va al núcleo del debate sobre el consentimiento previo e informado, después de todo, no tiene ningún sentido tener derecho al consentimiento previo e informado sin el derecho a decir ‘no’. Una nueva sociedad y un nuevo modelo energético sólo serán posibles si logramos detener la expansión descontrolada de la ‘civilización’ petrolera. No habrá transición energética sin un alejamiento del modelo basado en el petróleo.

 

* Marcelo Calazans es director de FASE-ES, Brasil; Tamra Gilbertson es codirectora de Carbon Trade Watch; y Daniela Meirelles es investigadora de FASE-ES, Brasil.  La versión original de este artículo fue publicada en inglés bajo el título Brazilian pre-salt expansion: corruption and the petroleum industry. La traducción fue realizada por Nancy Viviana Piñeiro nvpmoreno.trad@gmail.com y  la edición por OPSur.

 

Fuentes consultadas:

Apex Brasil (2014). Brazil: a huge oil and gas market at the tipping point for world renouned success. Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones.

BBC News, 12/04/2015. Mass protest sweep through Brazil over oil giant Petrobras.

Beltrão, R. et al., (2009). Pre-Salt Santos Basin – Challenges and New Technologies for the Development of the Pre-Salt Cluster, Santos Basin, Brazil”, OnePetro 19880-MS, Offshore Technology Conference, Houston Texas, 4 de mayo.

Gilbertson, T. y Calazans, M. (2013). Like oil and water: struggles against the Brazilian “green economy, Carbon Trade Watch y FASE-ES, noviembre.

Gouveia, F. (2015). Tecnologia nacional para extrair petróleo e gás do pré-sal, UNIEMP

Financial Times (Samantha Pearson y Aline Rocha), 16/03/2015. One million join anti-Rousseff protests in Brazil.

Ministério Público Federal (2015). Results of Operation Lava Jato. Consultado el 9 de mayo.

Maritime Executive (Wendy Laursen), 03/03/2015. FPSO blast: Last three bodies recovered.

Petrobras Magazine (2015). Oil and nature gas production in January.

The Nation (Michael T. Klare), 13/03/2012. Our new ‘tough oil’ world: why 21st century oil will break the bank – and the planet.

[1] Quilombolas son los actuales habitantes de comunidades negras rurales formadas por descendientes  de africanos esclavizados, que viven, en su mayoría, de la agricultura de subsistencia en tierras donadas, compradas u ocupadas hace bastante tiempo.

[2] Los trabajadores petroleros arriesgan su vida en las plataformas offshore. Son muy comunes las explosiones y las fallas en los equipos. Por ejemplo, en febrero de 2015 nueve personas murieron frente a las costas de Aracruz, Espírito Santo, a causa de una explosión en la plataforma tipo FPSO (Maritime Executive, 03/03/2015). Los trabajadores padecen las consecuencias de las malas condiciones laborales, las irregularidades y falta de mantenimiento en los equipos, las deficiencias normativas, la falta de aplicación de las leyes, entre otras.

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