Trabajadores y las trabajadoras del parque y la Asamblea de Organizaciones en Defensa del Parque Nacional Calilegua se movilizaron ante la llegada a la zona de autoridades de la Administración de Parques Nacionales (APN) con un petitorio que va desde los despidos y la contaminación petrolífera del parque hasta la continuada violación de leyes internacionales sobre consulta a los pueblos originarios.
Por Colectivo Radio Pueblo
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Enterados los trabajadores y las trabajadoras del Parque Nacional Calilegua (PNC) y la Asamblea de Organizaciones en Defensa del PNC de la llegada a la zona de autoridades de la Administración de Parques Nacionales (APN) se movilizaron al sitio de reunión, a la que no fueron invitados pese a su conocida lucha, para expresarles sus reclamos en varios puntos que, aún con el cambio de autoridades, siguen sin respuesta desde las administraciones anteriores y que van desde los despidos y la contaminación petrolífera del parque hasta la continuada violación de leyes internacionales sobre consulta a los pueblos originarios.
Si bien en un principio el presidente de la APN, Eugenio Brèard, no se avino a entrevistarse con los integrantes de la asamblea por “estar ocupado”, en palabras del jefe de Gabinete, Santiago Montanaro, sin embargo la permanencia de los trabajadores y la asamblea logró la entrevista buscada y el planteo de algunos de los puntos principales del petitorio por el que vienen movilizando.
Uno de los varios puntos exigidos fue respecto de la situación laboral de una compañera del Parque Nacional Calilegua, Lucía Brunetto, que aún se encuentra despedida pese a las promesas que se vienen sucediendo. Lucía era quien administraba distintos proyectos sociales vinculados al parque para las comunidades colindantes tales como infraestructura y capacitación, labor social del PNC que queda así desatendida.
Sobre este particular cabe mencionar que la respuesta del presidente de la APN fue desconocer la existencia de despedidos de Parques Nacionales, argumento que fue rebatido in situ por la propia compañera despedida pero que, para no prolongar la nota, resultó un argumento reiterativo de las autoridades frente a casi todos los items planteados: el desconocimiento de situaciones debido a su novedad en el cargo. Vale aclarar que el presidente de directorio de Parques Nacionales fue designado por el decreto 236/2016 del 25 de enero de este año, hace más de 4 meses.
Otra exigencia de los trabajadores y trabajadoras del parque y de la asamblea fue la limitada e irregular designación de la comisión ad hoc para la remediación petrolera del PNC.
Limitada en el sentido que no cuenta esta comisión con participación de la parte civil, y por supuesto ninguno de los integrantes de la Asamblea de Organizaciones en Defensa del PNC ni de los trabajadores y trabajadoras de parques que la integran, quienes son precisamente los que han hecho conocer nacionalmente la crisis ambiental de la explotación petrolífera del parque.
En cuanto a lo irregular, pues tiene varias aristas. Por un lado varios de los pueblos originarios cuyos territorios históricos se superponen con el del PNC y que forman parte de la asamblea en defensa del mismo no fueron invitados a participar de la comisión, pese a la existencia de leyes internacionales que exigen la consulta previa, libre e informada de todos los pueblos afectados en su territorio. Por otro lado, los representantes de Parques Nacionales nombrados para la comisión, Julio Monguillot y Raúl Chiesa, no sólo no fueron elegidos bajo ningún proceso de consulta, sino que a Monguillot le fue abierto un sumario en 2013 por el entonces guardaparque del PNC y fiscalizador del yacimiento, Guillermo Nicolossi, por acciones que favorecían a las empresas petroleras a través de un proyecto de explotación que se extendía por 24 años; Chiesa, en ese momento vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales, fue quien cajoneó la investigación mientras Carlos Corvalán, presidente de la APN, avalaba el proyecto extractivo; razón por la Nicolossi presentara en 2014 una denuncia administrativa ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas frente a las actuaciones de Chiesa y Corvalán. En febrero de 2016 la denuncia ante la citada fiscalía fue ampliada por Néstor Sucunza, Intendente del PNC.
Se llega de esta manera al absurdo actual donde los denunciantes del extractivismo vulnerante del PNC quedan como meros espectadores de un necesario proceso de remediación del parque nacional y donde los representantes de la APN en la comisión ad hoc que debe decidir y fiscalizar las acciones de saneamiento del PNC son nada más ni nada menos que los trabajadores de parques sospechados o denunciados por favorecer a las petroleras, cuyas secuelas ambientales son ahora los responsables (un eufemismo) de resolver.
Los claroscuros no paran allí, pues Chiesa y Monguillot fueron nominados a la comisión ad hoc por la funcionaria del área conservación de la APN, quien luego de nominarlos renunció a su puesto, quedando hasta ahora dos personas sospechadas nominadas por la anterior funcionaria y el área virtualmente desierta para nuevas actuaciones.
Las consecuencias de tal situación son insospechadas, pues así las cosas quedan algunas preguntas clave sin responder. En una entrevista a Moisés Corregidor, trabajador del PNC y miembro de la Asamblea de Organizaciones en Defensa del PNC, algunos de los alcances del gris pueden auscultarse: “como dato para la opinión pública, sellar uno de estos 32 pozos (petroleros abiertos en el Parque Nacional Calilegua) significa un gasto que ronda los 30 millones de pesos, millones más millones menos, y sellar el pozo 3, que ellos piensan como primera medida, es más caro, aproximadamente 5 veces lo que significan los otros pozos, o sea 150 millones de pesos para ese pozo que está colapsado”. Al preguntarle quien pagaría ese costo, la respuesta fue concisa y clara “es lo que no sabemos”. Acaso ese punto oscuro acabe arrojando en realidad más luz a los hechos.
La Asamblea de Organizaciones en Defensa del PNC exigió al presidente de la APN, quien alegó desconocer a fondo la situación, la impugnación de los designados a la comisión ad hoc y consecuentemente la designación de nuevos representantes a dicha comisión, donde también se debe tener en cuenta la participación de la parte civil, y en particular el respeto a las leyes internacionales que exigen la consulta previa, libre e informada de todos los pueblos originarios afectados.
Para finalizar al menos en los puntos centrales del petitorio, y rizando el rizo de esta nota, los trabajadores del PNC expresaron su apoyo a los trabajadores del Parque Nacional los Glaciares, que vienen denunciando violencia laboral consistentes en maltratos y amenazas de despidos en ese parque. El denunciado por ello es el actual intendente del Parque Nacional los Glaciares, anterior presidente de la APN y ya citado más arriba en esta mismo texto: Carlos Corvalán.
