Desde el inicio de 2018 al mes de julio Global Witness registró el asesinato de sesenta personas comprometidas con la defensa de los territorios y la naturaleza, de las cuales veinte eran latinoamericanas. En el mismo sentido, días atrás la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos violaciones a los derechos humanos en el marco de proyectos de extracción no convencional de hidrocarburos, que se suma a la realizada por la red Oilwatch en 2017.
A simple vista pareciera que en Argentina la situación es menos violenta en comparación a otros países de la región, sin embargo los asesinatos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado en 2017, advierten sobre el incremento de los ataques contra activistas. No resultan de buen augurio la creación del Comando Unificado de la Patagonia de Gendarmería Nacional, que incrementó su presencia en las dos principales cuencas petroleras de la región ni la firma del decreto que habilita a las fuerzas armadas a intervenir en asuntos de seguridad interior. Tampoco las declaraciones de la ministra de Seguridad que legitiman peligrosamente la violencia de las fuerzas de seguridad. Justamente, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca le ordenó a Gendarmería Nacional que se abstenga de “intervenir sin orden escrita emanada de autoridad competente“.
Esta preocupación crece, además, si se toma en cuenta el horizonte planteado por el secretario de Energía, Javier Iguacel, que en Houston afirmó que desarrollar Vaca Muerta con la densidad de pozos del área Loma Campana implicaba pasar de los actuales 884 pozos a 35 mil. Esto implica una mayor presión del megaproyecto sobre los territorios con el objetivo de avanzar con la exportación de hidrocarburos. Un emergente de la conflictividad asociada al megaproyecto Vaca Muerta es el juicio por usurpación contra las autoridades de la comunidad Campo Maripe, impulsado por un terrateniente local, que comienza el 22 de octubre. En territorio de esta comunidad se puso en marcha el primer proyecto masivo de shale del área Loma Campana, a cargo de YPF y su socia Chevron.
En este marco, que Argentina haya firmado el Acuerdo Regional de Escazú es una buena noticia, aunque también es cierto que cuesta que los convenios supranacionales se efectivicen. Suscripto por 15 países de América Latina y el Caribe, el acuerdo es el primero de la región en materia ambiental y contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Este artículo forma parte del Nª23 boletín de EJES, donde describimos proyectos y conflictos en territorios alejados de la norpatagonia y vinculados a Vaca Muerta.
