Presentaron una denuncia penal contra funcionarios y empresarios por el derrame en Vaca Muerta

La Confederación Mapuche de Neuquén, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentaron una denuncia penal para que la Justicia investigue el derrame de crudo en el área de Bandurria Sur, que YPF y la filial local de la firma Shlumberger explotan en el yacimiento Vaca Muerta. Ayer hubo un nuevo incidente -mucho más pequeño- en la zona de Loma La Lata.

Las organizaciones se presentaron hoy en la Fiscalía General de Neuquén y pidieron que se investigue por el derrame al secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente provincial, Jorge Antonio Lara; al subsecretario de Ambiente local, Juan de Dios Lucchelli; y los responsables de las empresas involucradas. ¿Los eventuales delitos? Incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y contaminación con sustancias peligrosas.

El derrame en Bandurria Sur fue el 19 de octubre y, según denunciaron las organizaciones Greenpeace y FARN en base a imágenes satelitales que fueron divulgadas, “hay un mínimo de 85 mil metros cuadrados impactados directamente por el crudo -equivalente a 10 canchas de fútbol aproximadamente- y alrededor de 77 hectáreas contaminadas, a sólo 11,5 kilómetros de la localidad de Añelo y del río Neuquén”.

Del otro lado, el gobierno de Neuquén tardó más de una semana en brindar datos precisos sobre la superficie afectada y estimó que se volcaron hidrocarburos sobre 8 hectáreas y que el “efecto spray” por la acción del viento contaminó otras 45. Según el portal El Intransigente, YPF quiso ocultar el derrame y cortó la señal de los empleados que estaban en el lugar. A su vez, las organizaciones sociales denunciaron que prohibieron el ingreso a la zona con teléfonos celulares luego de que se filtraran algunas imágenes en Twitter.

Por otra parte, desde el gobierno prometieron multas históricas, aunque de acuerdo a la que adelantó el subsecretario Lucchelli -uno de los denunciados- no podrá superar los 28 millones de pesos.

Para las organizaciones sociales, en cambio, “se utiliza la figura de la multa para disipar, en cierto modo, las responsabilidades penales que sobre le hecho pueden recaer sobre los funcionarios de ambiente y las empresas”.