Los conflictos sociales y las crisis económicas se han transformado en una constante durante los últimos dos años en Chubut. El Estado se encuentra virtualmente quebrado a pesar de poseer enormes riquezas vinculadas a los recursos naturales. Los empleados estatales cobran tarde y en cuotas sus salarios, tienen la obra social cortada y reclaman soluciones con paros y cortes de ruta. La provincia tomó una enorme deuda pública, más de 1.100 millones de dólares desde 2010, lo que no se tradujo en mejores condiciones de vida para los chubutenses, y ahora se encuentra asfixiada por los vencimientos. Los desmanejos políticos de los gobernantes llevaron a crisis financieras recurrentes, a lo que se le sumó el corte de fondos extra por parte de Nación, un combo explosivo que pone en jaque la gobernabilidad (y los dirigentes petroleros hacen el trabajo sucio para despejar las rutas de maestras).
Por Marcelo García*/ Especial para el OPSur
El conflicto de los docentes y estatales de la provincia de Chubut tuvo su origen este año en el nuevo atraso en los pagos de los salarios por parte del gobierno de Mariano Arcioni. Los sueldos se abonan en cuotas y semanas después del quinto día hábil; a lo que se suma la obra social de la administración pública (SEROS) interrupida por falta de pago a los prestadores y la no cancelación de los aumentos salariales pautados en las negociaciones paritarias. A ese panorama que desató las protestas, los paros y los cortes de ruta de los empleados públicos provinciales se llegó por cuatro caminos. Uno se vincula directamente con que el 86 % de la deuda tomada por los diferentes gobiernos desde 2010 fue en dólares; se emitieron bonos por 1.159 millones de dólares, que están garantizados por las regalías petroleras, que se cobran en moneda estadounidense. Una parte de las regalías queda directamente inmovilizada para afrontar las cancelaciones del capital y los intereses de la deuda, que varían de manera alcista cada vez que el peso se devalúa frente al dólar. Chubut es la sexta provincia más endeudada del país y los fondos tomados a lo largo de seis años no se tradujeron en mejoras de la calidad de vida de los chubutenses.
El otro camino que llevó a la crisis actual se vinculó al ajuste. El actual gobernador Arcioni intentó aplicar en la primera mitad de 2018 un brutal ajuste que recaía esencialmente sobre los trabajadores y los gastos del Estado provincial. Parte de ese recorte consiguió instrumentarlo y los salarios el año pasado perdieron un 32% de su poder adquisitivo frente a una inflación que, en la Patagonia, fue del 50,6%. Ese ajuste fue derrotado por las movilizaciones, tomas, protestas y paros de los estatales, con los docentes al frente de la lucha, y el triunfo se tradujo en la recomposición salarial perdida y nuevas paritarias para 2019, donde se aplicó la cláusula gatillo de ajuste por la nueva inflación.
La tercera vía que explica el proceso actual está relacionado a la política, tanto desde la arista provincial como nacional. Arcioni quedó al frente de la administración provincial tras la muerte del gobernador Mario Das Neves y, en la búsqueda de un nuevo mandato –tras la derrota del ajuste, al que se había comprometido con Nación-, llamó a elecciones anticipadas. Aceptó pagar los atrasos salariales y las nuevas indexaciones, levantó los pagos de salarios escalonados que había establecido en 2018, y sumó nuevos gastos con el desdoblamiento electoral. Pero esa definición política lo alejó de la gestión de Mauricio Macri, y más aún cuando consiguió el nuevo mandato y se mostró mucho más cercano a la fórmula presidencial del Frente de Todos.
Chubut ya venía teniendo desacoples financieros desde el año pasado como consecuencia del peso de la deuda y sus vencimientos, pero para poder sortearlos consiguió que el Gobierno nacional le otorgara préstamos en pesos y le refinanciara los vencimientos. Por eso cuando Arcioni dio claras señales de no llamar a votar a Cambiemos en el ámbito nacional, el macrismo le cerró la posibilidad de nuevos préstamos para gastos corrientes y simultáneamente comenzó a cobrarle en tiempo y forma los vencimientos de los préstamos tomados. Así se produjo un combo explosivo que puso a la provincia en una virtual quiebra de la que no tiene escapatoria si no genera mayores ingresos y refinancia los vencimientos de la deuda en dólares y pesos.
Arcioni se propone asumir como gobernador electo el 10 de diciembre y sortear los primeros meses del 2020 con la esperanza de que la fórmula Fernández & Fernández gane las elecciones nacionales y vuelva a habilitarse el endeudamiento para salir del ahogo financiero actual. Suenan fuerte las versiones de la creación de una cuasimoneda provincial para sortear la falta de pesos, pero por ahora no se avanzó con esa opción.
Represión y patoteada
Mientras se desarrolla lo que podría llamarse el “Plan seis meses” –porque el propio ministro de Economía provincial anticipó que ese será el plazo de los problemas financieros y pago con atraso en los sueldos-, la potencia de la lucha de los estatales arrincona a Arcioni contra las cuerdas. Su cerrazón o incapacidad para rediscutir un esquema tributario y de ingresos amplio y sustentable en el tiempo, sumado a la amenaza de reprimir a los huelguistas que cortan rutas, pone su gestión al borde la gobernabilidad.
Los momentos de mayor tensión entre el gobierno de Arcioni y los estatales se vivieron en el marco de los cortes de ruta, en especial en la sureña ciudad de Comodoro Rivadavia. El primer evento represivo se produjo el 16 de agosto, cuando la Policía del Chubut detuvo a dos referentes docentes que estaban panfleteando en las rutas que conducen a los yacimientos petroleros. La respuesta de los estatales fue la intensificación de las protestas y nuevos cortes en toda la provincia, que terminaron con la liberación de los detenidos. Al día siguiente en Comodoro una movilización de más de 10 mil personas repudió los arrestos.
Las panfleteadas se reconvirtieron en cortes de ruta que impidieron que los obreros petroleros pudieran subir a los yacimientos. Los docentes estuvieron al frente de estas medidas y la respuesta del gobierno llegó de la mano de los dirigentes sindicales petroleros Jorge Avila, de los convencionales, y José Llugdar, de los jerárquicos; quienes responden políticamente a Arcioni y fueron los encargados de enviar una patota de encapuchados a desalojar a las maestras para liberar las rutas.
A los empujones y en medio de una zona liberada por el Gobierno, la Policía y la Justicia; el 4 de septiembre la patota del sindicalismo petrolero liberó las rutas, pero cargó sobre sus espaldas con un altísimo costo político y social, que se tradujo en lo que se calcula fue la movilización social más grande la historia de Comodoro. Más de 30 mil personas marcharon en defensa de los docentes, los estatales, contra el gobierno y, esencialmente, repudiando a la conducción de los gremios petroleros.
Hasta ese momento los obreros petroleros se habían solidarizado con los docentes y estatales en las rutas; se bajaban de las camionetas y micros en los piquetes y no se habían producido enfrentamientos. La decisión de los dirigentes no generó ninguna acción contraria de las bases, las que estaban arrinconadas por la baja de equipos de las operadoras y las amenazas de despidos de las PyMES del sector. El desalojo de las rutas por la fuerza generó una tensión social contra la dirigencia sindical petrolera y, de alguna manera, también se tradujo en un repudio a los trabajadores del sector (quienes más allá de no protagonizar la patoteada, tampoco la impidieron).
Aunque momentáneamente se levantaron los cortes de ruta, la huelga de los estatales sigue en casi todos los estamentos y localidades de Chubut. Las perspectivas no son alentadoras para septiembre y los próximos meses en una provincia rica en recursos naturales y virtualmente quebrada; por el contrario, podrían ahondarse la conflictividad y las consecuencias económicas que genera la falta de circulante y una profunda ruptura de la cadena de pagos. El condimento esencial sigue siendo la deuda como epicentro de la crisis, y se le suma la falta de gobernabilidad, las debilidades políticas de Arcioni, el ahogo financiero de Nación y el nefasto rol cumplido por la dirigencia petrolera que mandó a patotear maestras y trabajadores estatales que reclamaban por sus sueldos.
* Periodista e investigador de Nuevo Proyecto Energético Latinoamericano (NPEL) y El Extremo Sur / de la Patagonia.
