Eterna cuesta arriba del fracking

Por Fernando Cabrera Christiansen

Periodista, coordinador de Observatorio Petrolero Sur y Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental

El mito griego cuenta que Sísifo fue condenado por Zeus a subir una montaña cargando una gran piedra, que, poco antes de llegar a la cima, caía al pié de la cuesta, por lo que el ascenso debía repetirse perpetuamente. Como en ese mito, la explotación de Vaca Muerta se impone sobre los hombros populares, y cuando el objetivo anhelado por el Gobierno (aumento de extracción, exportación, etc.) parece empezar a concretarse, el proceso vuelve a cero, y hay que soportar nuevamente la subida.

Así sucedió en 2014 con la caída internacional del precio del crudo, que frenó el arranque de la explotación de Vaca Muerta; situación repetida en 2019, con el recorte de los subsidios que en 2018 apalancaron la expansión. Al cierre del Gobierno macrista, como en el mito de Sísifo, parece que una vez más habrá que arremangarse y cargar la Vaca Muerta cuesta arriba.

Todo el poder a los CEO

La política hidrocarburífera no escapó a la crisis de la gestión de Cambiemos. La bomba de relojería que la alianza gobernante confeccionó desde el inicio de su mandato explotó antes de que este finalizara. Liberalización del sector financiero, aumento exponencial de la deuda externa y millonarias transferencias desde el conjunto de la población que tienen un mayor peso sobre los sectores populares hacia a las grandes corporaciones fundamentaron la economía desde 2015. Duró poco: las multitudinarias movilizaciones de diciembre de 2017 contra la reforma previsional signaron el principio del fin. El acuerdo con el FMI y la mano negligente del mercado se encargaron del resto: al cierre del macrismo, con todos los indicadores sociales estallados, las imágenes del 2001 no parecen tan lejanas.

Al conformar el equipo de la cartera energética, Cambiemos había anticipado que su política beneficiaría a las principales compañías del sector. Al ministro Juan José Aranguren, exgerente de Shell, lo seguían otros funcionarios con carrera en Pan American Energy, Exxon Mobil, Axion, Edesur, Total y TGS, entre otras. En paralelo, designaron en YPF a directivos provenientes de otros sectores, como el presidente Miguel Ángel Gutiérrez, ex Telefónica. Como corolario, la política hidrocarburífera tuvo una lógica más coordinada entre distintos actores empresarios y gubernamentales, en desmedro del rol preponderante que había mantenido YPF desde su expropiación parcial en 2012.

En esta etapa, el Gobierno focalizó los subsidios en algunos nuevos proyectos de extracción de hidrocarburos no convencionales a través de la Resolución 46/2017, dolarizó las tarifas y liberalizó el precio de los combustibles (mientras pudo), promovió la flexibilización laboral en Vaca Muerta (ver nota de Marcelo García en esta edición) y se alineó estrechamente con el Gobierno de Trump. Lo que en definitiva implicó que las compañías privadas multiplicaran sus ingresos en perjuicio de los/as consumidores/as y de YPF.

Promediando la gestión, las limitaciones de esta dinámica comenzaron a hacerse tangibles. Después de recurrir al FMI, una ley retrotrajo los aumentos de tarifas a noviembre de 2017. Macri la vetó inmediatamente. En junio renunció Aranguren. En agosto, abrieron con bombos y fanfarria la exportación de gas, y una inusitada devaluación aceleró el proceso inflacionario que, dolarización mediante, impactó en el precio de la energía. Por ello, el nuevo ministro/secretario Javier Iguacel incumplió el aumento de la energía en dólares, aunque en pesos la suba continuó. En diciembre se anunció una nueva suba de tarifas; horas después, Iguacel renunció y fue sucedido por un funcionario de la gestión económica, Gustavo Lopetegui, quien reinterpretó la Resolución 46/2017 y pagó menos de lo que esperaba Tecpetrol, la gran beneficiada por los subsidios en 2018, que aún presiona con acciones legales. En abril de 2019 volvieron a aumentar las tarifas y prometieron que mantendrían los precios durante la segunda mitad del año; el peso se devaluó un 30 % después de las elecciones primarias de agosto, y el Gobierno definió el congelamiento de precios de los combustibles liberalizados en 2017 por 90 días, pero ofrec financiar parte de la “pérdida” a cambio de que no hubiera juicios. A los 30 días, sacó del freezer los precios de los combustibles y los aumentó.

El ideal (post-neo)liberal que el Gobierno quiso imponer en la gestión energética encontró, por lo menos, cuatro obstáculos: las resistencias políticas y populares, sobre todo a los tarifazos, la falta de dólares, las exigencias de las corporaciones (que reclaman subsidios u otros beneficios estatales) y el acuerdo con el FMI, que impuso un ajuste a cambio del multimillonario préstamo en dólares. Más allá del desconcierto, quienes menos tienen fueron los más afectados por los tarifazos, que, vinculados con el empeoramiento de todos los indicadores sociales, multiplicaron la pobreza también en términos energéticos. El 2019 define un escenario abierto e inestable con tensiones que se profundizan, medidas zigzagueantes e incertidumbre generalizada.

Más allá del entusiasmo

Una serie de realidades imponen limitaciones estructurales al desarrollo del megaproyecto Vaca Muerta o podrían hacerlo. Como señalan en este número de Fractura Expuesta, Mariana Fernández Massi y Facundo López Crespo, la dependencia de subsidios, la irrelevancia de las compañías globales como motores del despegue no convencional, la incertidumbre en torno a los posibles mercados internacionales como destino de la producción y, finalmente, la falta de infraestructura (en particular, de gasoductos y acondicionamiento y extensión de vías férreas) son los pilares sobre los que se asientan las dudas sobre la posibilidad de que este megaproyecto cumpla los muy anunciados logros inmediatos.

Por otra parte, son cada vez más recurrentes las sospechas en torno a la rentabilidad del negocio del fracking, y en EE. UU. se multiplican las publicaciones que expresan tales dudas. Esta técnica permitió que el país del norte se convirtiera en el mayor productor de petróleo y gas del mundo, pero constata una situación controvertida: aumenta la extracción pero no genera las ganancias esperadas. “Con un exceso global [de producción de gas] que baja los precios, muchos están perdiendo dinero y se mantienen a flote vendiendo activos y endeudando”, sostiene Clifford Krauss, uno de los especialistas en energía del New York Times (30/06/2019). En los últimos cuatro años, en los EE. UU. y Canadá, aproximadamente 175 compañías hidrocarburíferas entraron en proceso de quiebra con deudas por unos 100 mil millones de dólares. Muchas tomaron grandes préstamos cuando los precios de los hidrocarburos eran más altos, y al menos siete se han declarado en quiebra en 2019 en EE. UU., entre ellas Weatherford International, la cuarta empresa global de servicios petroleros, que adeuda 7 700 millones de dólares. “No estamos generando los rendimientos que esperan nuestros inversores”, explicó Mark McCollum, su director ejecutivo, al periódico neoyorkino. Estas noticias no aparecen en los medios de Argentina y tampoco son tomadas en cuenta en las planificaciones gubernamentales.

Otros ausentes en el debate argentino son los impactos socioambientales del megaproyecto, aunque eventualmente pueden aparecer en la prensa como hechos excepcionales. Excepcionalidad puesta en duda por Maristella Svampa, quien en esta edición desglosa los resultados de Vaca Muerta: multiplicación de derrames, proliferación de basureros con residuos tóxicos, ocupación intensiva del territorio, desplazamiento de poblaciones y otras economías, emisión de gases de efecto invernadero, utilización de grandes cantidades de agua dulce y aumento de la sismicidad, entre otros riesgos y daños. La falta de consideración de estas dimensiones en la planificación oficial fue advertida por el Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU, que en 2018 solicitó al Gobierno nacional que reconsiderara la explotación de Vaca Muerta. Uno de los fundamentos de ese pedido se relaciona con las responsabilidades extraterritoriales concernientes a los impactos de la extracción en términos de cambio climático. También están ausentes en los debates, y en la prensa, la reconfiguración de las masculinadades asociadas a este megaproyecto extractivo no convencional y las violencias contra las mujeres, un vínculo que Graciela Alonso desentraña en esta edición de Fractura Expuesta.

La expansión de la explotación mediante fracking ha tenido una serie de resistencias desde aquella emblemática movilización de agosto de 2013 en Neuquén, en repudio al aval de la legislatura provincial al acuerdo Chevron-YPF. Las comunidades mapuche, sindicatos, crianceros y vecinos/as de distintas localidades impactadas han llevado a cabo diferentes estrategias de disputa. Expresión de ello son las veintena de municipios de Neuquén, Río Negro y Mendoza que se declararon libres de fracking; en tres casos las ordenanzas fueron judicialmente cuestionadas por las provincias de Neuquén y Río Negro y por YPF, y declaradas inconstitucionales por las máximas instancias judiciales provinciales. En tanto, desde comienzos de 2018 se lleva adelante en Mendoza un fuerte cuestionamiento, con movilizaciones, cortes de rutas y acciones semanales para exigir la sanción de una ley que prohíba el fracking. El principal argumento esgrimido es el uso del agua en una provincia que sufre la carencia de ese bien, sin embargo los partidos mayoritarios no han avanzado en el debate legislativo sobre el tema.

La alternativa: desfocalizar

Alberto Fernández, quien tiene mayores chances de ser elegido presidente de la Nación, avizora el megaproyecto Vaca Muerta como un motor del crecimiento. Junto a sus asesores no disimula sus expectativas respecto de los beneficios que podría generar esa explotación, conciben al megayacimiento como dinamizador de un polo industrial y, al mismo tiempo, vía la exportación de hidrocarburos, esperan que se convierta en una de las fuentes de divisas. Más allá de las diferencias al interior del Frente de Todxs, no se escuchan en sus filas voces críticas contra ese pilar, algunos hablan incluso de “blindar” este proyecto.

Un cambio de Gobierno no modifica las dificultades mencionadas. Además, la gran apuesta gubernamental es un emprendimiento cuyo timón está fuera del país, su suerte en parte está atada a la viabilidad y rentabilidad de otros megaproyectos dispersos en el mundo (dado que los inversores que se busca seducir miran el tablero completo) y al precio internacional de los hidrocarburos. En un contexto de una sobreoferta global de gas, Vaca Muerta no puede más que aparecer como un gran riesgo financiero, al que se suman daños económicos, sociales y ambientales que ya fueron enumerados.

En el mito, Sísifo es condenado eternamente. Que no pase lo mismo con la política energética y económica argentina. No focalizar en Vaca Muerta, construir alternativas energéticas y económicas son algunas de las posibilidades que esta nueva etapa tendría que permitirnos construir. Que no se desaproveche.

Referencias:

The New York Times (Clifford Krauss) (30/06/2019). “U.S. Oil Companies Find Energy Independence Isn’t So Profitable” (Las compañías petroleras de EE. UU. consideran que la independencia energética no es tan rentable).

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