La captura de carbono se anuncia como un medio para frenar el calentamiento global, sin embargo consume más recursos energéticos que las instalaciones eléctricas convencionales
Sara Plaza
A finales de 2009 el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), presentó un proyecto de ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, anunciándolo como una medida para reducir las emisiones de CO2, uno de los gases propulsores del cambio climático. Así, casi en la sombra, y tal y como alerta la organización ecologista Amigos de la Tierra, el ejecutivo está avanzando en esta propuesta legislativa, con la idea de incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva 2009/31/CE relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
La captura y almacenamiento de carbono consiste en atrapar el dióxido de carbono emitido por las instalaciones que se dedican a la quema de combustibles fósiles, transportarlo a un emplazamiento de almacenamiento y, finalmente, inyectarlo y confinarlo en una formación geológica subterránea. Para los principales países industrializados, ésta es una de las tecnologías de transición que contribuirá a frenar el cambio climático.
Sin embargo, las organizaciones ecologistas alertan de los riesgos de esta técnica, que sigue la filosofía de barrer y esconder el polvo bajo la alfombra, en lugar de reducir el consumo energético o de fomentar el viraje hacia las energías alternativas. Para Palle Bendsen, portavoz de NOAH/Amigos de la Tierra Dinamarca, “según la ciencia, nuestras emisiones deben empezar a decrecer antes de 2015. Cualquier herramienta de mitigación debe considerarse desde esta perspectiva, de manera que la captura y almacenamiento de carbono no tiene sentido, primero porque es imposible que pueda comenzar a tiempo y segundo porque esta práctica será ineficiente y extremadamente costosa”, dice Bendsen.
Continuar el negocio
Amigos de la Tierra acaba de presentar un informe que evalúa las reducciones futuras de CO2 a partir de la captura y el almacenamiento de carbono, en el que se indica que si se utilizara dicha técnica sólo se podrían evitar las emisiones de 45.000 millones de toneladas de CO2 (el 10%) entre 2010-2049 y que en los primeros 20 años serían evitables no más de 5.000 millones de toneladas de este gas. Por tanto, el estudio concluye que, aparte de no garantizar las reducciones “la captura de carbono es una tecnología diseñada para que, a partir de grandes subsidios públicos, las empresas que obtienen grandes ganancias a través de los combustibles fósiles puedan continuar su negocio”.
Por otro lado, los elevados costes económicos se deben a la necesidad de construir nuevas infraestructuras para atrapar y conducir el gas, y a las transformaciones químicas necesarias para separar el CO2 de los gases de escape. Dichas transformaciones absorben más energía, lo que significa que las centrales eléctricas necesitan quemar más combustible para producir la misma cantidad. La organización Greenpeace considera que este aumento puede ser “del 40 al 80% de los gastos de generación de energía respecto de los gastos de las centrales eléctricas convencionales”. A esto se unen los riesgos asociados al almacenamiento subterráneo. Así, dicha organización alerta de la posibilidad de escapes a la atmósfera “que podrían poner en peligro vidas humanas, contaminar depósitos de agua dulce, restringir los usos agrícolas de los suelos y contaminar las capas acuíferas y superficiales”.
Soluciones insuficientes
Pese a todo, esta tecnología cobra cada vez más importancia internacional. La ley que planea el Gobierno español sigue la línea marcada por las soluciones para frenar el cambio climático presentadas por la Unión Europea, concretamente en el denominado “Paquete de Energía y cambio climático”, con el que los países de la Unión darán cumplimiento al compromiso asumido de reducir las emisiones un 20% en 2020. Del mismo modo, EE UU, en su propuesta de ley climática, prevé la construcción de 12 plantas para explotar esta tecnología. De hecho, los principales países industrializados han creado la iniciativa: The Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF) que se centra en fomentar y desarrollar mejoras en las tecnologías para la separación, captura, transporte y almacenamiento de dióxido de carbono. Pertenecen a dicha iniciativa 24 países, entre los que se encuentran Canadá, Australia, Francia, Alemania o Arabia Saudí. Pero ¿quién está detrás de estas decisiones y alianzas políticas?
Entre los principales interesados en que la iniciativa CSLF salga adelante se encuentran importantes empresas productoras de petróleo, carbón, gas y compañías energéticas como BP o General Electric, quienes apoyan la tecnología y reclaman subsidios públicos para implementarla. Así, una de las conclusiones del Foro BP de Energía y Sostenibilidad, celebrado en abril del 2008, fue que tanto el ahorro y la eficiencia como las energías renovables “muy probablemente no serán soluciones suficientes en las próximas décadas, por lo que sería necesario recurrir a tecnologías puente, como la captura y secuestro de carbono”. En este sentido, reclamaban “apoyo financiero” para estas tecnologías, así como extender estos programas a países en desarrollo como China o la India.
Críticas de grupos ecologistas
Varios grupos ecologistas dicen que, en lugar de buscar excusas para seguir fomentando la construcción de nuevas plantas de energía no renovables, es necesario apostar por energías alternativas. Para Greenpeace, a través de las energías renovables se pueden reducir las emisiones de CO2 casi un 50% para 2050, además de asegurar el suministro energético y hacerlo de un modo asequible, manteniendo estable el desarrollo económico mundial.
Para Amigos de la Tierra, la técnica de CAC tan sólo evitaría la emisión del 10% de CO2 entre 2010 y 2049. Los costes económicos de la generación eléctrica aumentarían del 40 al 80% respecto de los gastos de las centrales térmicas convencionales.
Periódico Diagonal
