OPSur.- El viernes 22 nuevamente intentaron ejecutar el desalojo de la comunidad Huenctru Trawel Leufú dictado por la jueza civil de Cutral Có Nancy Vielma. Por la mañana un oficial de justicia y el abogado de la empresa Petrolera Piedra del Águila, Alejandro Diez llegaron escoltados por efectivos de la policía neuquina y de la Unidad Especial de la Policía (Uespo) al territorio. Los mapuche fueron sorprendidos en un primer momento pero poco a poco se fortalecieron en el lugar y con apoyo de otras comunidades resistieron, mientras en Neuquén capital y en Picún Leufú organizaciones sociales y vecinos manifestaban su rechazo a la orden judicial.
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El renovado ímpetu de la empresa por entrar a perforar el territorio de la comunidad guardaría relación directa con las ventajas que le otorga el Gas Plus, plan nacional lanzado en 2008 para estimular la explotación de nuevos yacimientos gasíferos que autoriza a las empresas a vender el combustible más caro. Recienemente Petrolera Piedra del Águila se sumó a la listas de beneficiarios con los yacimientos El Umbral y Ramos Mexía. A una semana de aquellos hechos entrevistamos a Martín Velázquez Maliqueo, werken del Consejo Zonal Centro de la Confederación Mapuche Neuquina, para evaluar la situación en Huenctru Trawel Leufu y su correlato con lo que sucede en otras comunidades de la provincia.
-Después de toda la presión que hubo el viernes en torno a Picún, ¿hubo alguna reunión con el ministro de Gobierno Jorge Tobares o con algún otro representante del gobierno neuquino?
No, hasta el momento no ha habido contacto con nadie del gobierno para resolver o por lo menos para dar cumplimiento a los compromisos que ya el Estado firmó, a través del ministro Tobares, de promover el estudio de impacto cultural y socio-ambiental.
-Se puede afirmar entonces que el estado provincial cerró unilateralmente las vías de diálogo.
Sí, sí. Unilateralmente. Los compromisos que habían tomado hace un tiempo atrás hoy por hoy quedaron en la nada. Creo que es una situación bien comprometedora para el gobierno, que es el único responsable de solucionar esta situación. Hoy por hoy se está lavando las manos, no se está haciendo cargo de la política que ellos mismos generaron y tenemos estas consecuencias.
-En el resto de las comunidades de la zona centro de la provincia se han producido también ingresos de empresas, ¿cómo sigue la situación en ese sentido?
Por ahora no ha habido más avances por parte de las petroleras, [tengo] entendido que han mantenido su grado de producción, no han avanzado sobre los territorios. Más aún con esto de la crisis mundial, la recesión, las empresas se han, un poco, mantenido sobre los niveles de explotación. Estuvo saliendo por los medios regionales que Enarsa y la empresa provincial de gas y petróleo de Neuquén [Hidrocarburos del Neuquén S.A.] firmaron acuerdos en Plaza Huincul para poner en producción dos equipos de perforación en áreas de la zona. No sabemos cuál es el territorio que se va a pretender explotar.
De hecho Respsol cumplió con las obligaciones ambientales para poner en producción 6 equipos de un total de 10 para, supuestamente, mantener las fuentes laborales.
-En Picún Leufú primero se había ordenado permitir el ingreso de la empresa y ahora están hablando de desalojo de la comunidad. ¿Cómo lo han evaluado ustedes este cambio?
En realidad no nos sorprende en absoluto que el gobierno esté tomando una posición de este tipo, de desalojar a la gente de la comunidad, cuando antes lo que le importaba era la entrada. No es algo nuevo, nosotros lo podemos esperar, pero sí es preocupante a la hora de pensar que este gobierno, que se mostraba más dialoguista, hoy está en una posición que es directamente desalojar a las comunidades; represión, esa es su política. El gobierno hoy creo que está quedando expuesto por esa política, ¿no?
Creo que es preocupante en el sentido de que cuando se comenzaron los diálogos el gobierno puso sus mejores interlocutores, personas que firmaban acuerdos, compromisos, pero vemos que fueron solamente unos dibujos que hicieron y hoy por hoy están mostrando realmente la cara que tienen a la hora de reconocer los derechos a las comunidades mapuche.
-¿Desde el Consejo Zonal Centro, desde la Confederación Mapuche Neuquina se está evaluando algún plan de lucha, algunas medidas a tomar ante esta situación?
Sí, se están evaluando. Yo creo que todos los Consejos Zonales están evaluando medidas para llevar adelante, en la zona centro también nosotros estamos preocupados por la situación, saber cómo respondemos ante tanto grado de impunidad por parte del Estado, por su política de negación. Cómo presionamos al gobierno en el sentido de por lo menos obligarlo a que implemente el programa de relevamiento [territorial ordenado por la ley 26.160 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena], que sería uno de los temas que pueden llegar a poner paños fríos, resolver algunos conflictos territoriales que las comunidades tienen. Pero hasta que eso no pase, no suceda, creo que vamos a seguir viviendo estos intentos de desalojo, represión y todo eso.
Creo que de acá en adelante está en las comunidades poder resolver esta situación de una vez por todas, apuntar a una movilización fuerte como pueblo y obligar al Estado a que dé cumplimiento al actual marco jurídico que hoy nos ampara, nos reconoce. Tiene que haber un grado de madurez de las comunidades, ya a esta altura es imposible estar pensando que el gobierno vaya a resolverlo todo por la vía política porque vemos que lo que está impulsando es judicializar los reclamos, persecución a los integrantes de las directivas de las comunidades, procesamientos. Esa es la respuesta que hoy está dando el gobierno ante la falta de respuestas políticas o de soluciones para resolver el conflicto.
-La resistencia
“La orden que llevaba el oficial de justicia era desalojar, abrir la tranquera y sacar a la gente que está adentro”, afirmó el comunero Juan Carlos Curruhuinca. “La provincia dice que las tierras son fiscales pero la tenencia de tierra la tenemos nosotros, la teníamos… porque en una reunión en la municipalidad de Picún el abogado de Tierras dice: “¿A ver los papeles? Quiero verificar la carpeta que tienen”, y en un revuelo de papeles sacan la tenencia del campo con derecho a compra, pero quedaron papeles de pago de pastoreo. Se pagaron por 6 mil hectáreas y hoy estamos reconociendo 3.800 hectáreas, porque el resto la provincia todas las dividió y las loteó; empezó a lotear tierras para uno, tierras para otro”, denunció.
“Sin ir más lejos la Dirección Provincial de Tierras, antes de este último desalojo, mandó a notificar a todos los integrantes de la comunidad que tiene en venta las tierras, que supuestamente son fiscales”, agregó el comunero. En diálogo con el Observatorio relató la resistencia al último intento de desalojo.
“Esta gente llegó temprano, se ve que a las 7.50 estaban en la tranquera, rompieron candados y rompieron el fierro que hace de pasaporte, nos ganaron de mano porque ya estaba la policía adentro. Como a las 9, más o menos, nos empezamos a juntar, la empresa llegó con un camión, una casilla, mandaron a la gente a limpiar, y cuando van metiendo la casilla marcha atrás le cerramos la tranquera, se metió un peñi a caballo, se atravesó un vehículo, y empezaron las discusiones.”
Resistimos hasta las 6 de la tarde. A las cinco de la tarde, más o menos, nos enteramos que las organizaciones de Neuquén –APDH, Zanon, CTA, Sejun– se estaban organizando en una marcha a la Gobernación para exigirle al gobierno de la provincia que pare con el desalojo, con reprimir a los mapuche. Sin ir más lejos [esa mañana trabajadores de la ex cerámica] Zanon estaban en una reunión en la Legislatura con [el ministro de Gobierno, Jorge] Tobares, y [Alejandro] López [dirigente ceramista], le informó al ministro Tobares que había un desalojo. Y ya nomás los diputados opositores se pusieron al tanto y le exigieron al ministro Tobares que pare con los desalojos, que empiece a respetar los derechos de los pueblos originarios.”
Lo lindo también es que gente de Picún -que sabe que [Petrolera Piedra del Águila] una empresa fantasma que la maneja el poder, empezó a manifestarse en la plaza contra de los atropellos que estaban sucediendo en la comunidad, la orden de desalojo y la orden de reprimir. Y a la comunidad llegaron familia [familiares], llegaron más peñis, más al rato llegó gente de la Confederación, de otras comunidades cercanas.”
Los peñis le dijeron al abogado de la empresa que si había algún herido, si reprimían, había un desalojo, iban a venir más organizaciones, más comunidades, iban a tener que desalojar a todas las comunidades que vinieran y no iban a tener garantías de entrar libremente al territorio: ‘Porque si pegan hoy van a tener que pegar todos los días, van a venir más comunidades a ocupar ese territorio, van a tener que tener a la Uespo a disposición todos los días y no van a tener garantías de entrar libremente’.”
Ya eran las cinco y media cuando el abogado Diez exigía que repriman, ya estaban los de la Uuespo con sus itakas, con sus lacrimógenos, con los perros. Pero la resistencia fue fuerte, porque había un número importante de gente en la tranquera, y logramos que esta empresa se retirara con todos sus móviles policiales, con la Uespo, con los perros.”
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