Un mundo sin sanciones a corto plazo

Como siempre, la carta más fuerte es Brasil, que considera la decisión argentina como soberana y nacional. México en la otra punta, con España, una dupla más conservadora que el propio Fondo y los Estados Unidos
Por Martín Granovsky | Página/12
España quiere la guerra. La Unión Europea apoya a Mariano Rajoy pero sugiere diálogo. El mexicano Felipe Calderón parece un Rajoy enojadísimo. A los Estados Unidos no les gusta la expropiación de acciones de YPF, obvio. Pero tampoco quieren guerra con la Argentina. Y Brasil dice que la decisión de Cristina Fernández de Kirchner sobre el futuro de YPF es soberana, mientras que la presidenta Dilma Rousseff da un paso enorme: recibe a Julio De Vido, como lo hizo el viernes, que no sólo es ministro sino interventor de la empresa. Así pinta el mundo cuando el Congreso parece encaminarse a promulgar el control estatal de los hidrocarburos que, hasta el 16 de abril último, estaban en manos de Repsol.
En su reunión de mañana, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea tratarán el caso YPF. El viernes, el Parlamento Europeo por 458 votos a favor, 71 en contra y 16 abstenciones criticó la iniciativa argentina por “unilateral y arbitraria” y pidió a la Comisión Europea y al Consejo que estudien “cuantas medidas sean necesarias para evitar que se reproduzcan situaciones como las actuales, incluida la posibilidad de una suspensión parcial de las preferencias arancelarias unilaterales”.
Castigos, una retórica
Roberto Bouzas, especialista en economía internacional e investigador de la Universidad de San Andrés, dijo a Página/12 que “más allá de las condenas verbales, de la presión diplomática o del ‘costo político’, es difícil prever que en el corto plazo vaya a haber sanciones concretas”. Explicó Bouzas que el único instrumento de sanción en manos de España es el tratado bilateral de inversiones que protege a los inversionistas de ambos países. Añadió: “El tratado habilita a los inversionistas privados a demandar directamente al Estado presuntamente violador del tratado ante un tribunal arbitral. Este es un recurso para la empresa privada, en la que no se requiere la participación del gobierno del país de origen. Por otro lado, es improbable que haya medidas comerciales. En todo caso cualquier medida comercial que fuera tomada no sería tomada por España, ya que el gobierno español no implementa la política comercial de su país, que forma parte de una unión aduanera en la que esas competencias fueron cedidas a la Comisión Europea”.
¿Qué podría pasar, según Bouzas? “Eventualmente la UE podría suspender los beneficios del SGP a la Argentina, como lo hizo Estados Unidos hace unas semanas. Los montos involucrados no son significativos y el gobierno de Estados Unidos hizo eso en base a una ley que así lo obliga y después de que las empresas involucradas ganaron sus respectivos casos en el Ciadi. En otras palabras, deberíamos estar a varios años de ese escenario. En síntesis, toda la retórica sobre sanciones me parece que es sólo eso.”
Daniel Filmus, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo a este diario que en todo caso el asunto terminará en el Ciadi y advirtió que “las medidas proteccionistas contra productos argentinos en algunos rubros en Europa y en los Estados Unidos empezaron antes del anuncio de Cristina sobre YPF y tienen que ver con políticas comerciales restrictivas”.
Rajoy sin rey
¿Podría convertirse la defensa de Repsol en una carta nacionalista para Rajoy como fueron las Malvinas para Margaret Thatcher en 1982?
El presidente del gobierno español la tiene complicada por la crisis económica. “La desocupación ya superó largamente el 20 por ciento, pero la desocupación juvenil pasó el 40 por ciento”, dijo a Página/12 Mario Burkun, profesor de la Universidad de Buenos Aires y uno de los docentes del viceministro de Economía, Axel Kicillof, a quien recuerda como parte de un grupo de alumnos que “al mismo tiempo mostraban pensamiento crítico, estudiaban mucho y militaban”.
El rey Juan Carlos, carta habitual de la diplomacia española así gobierne el Partido Popular o el Partido Socialista Obrero Español, no puede ayudar mucho. La Corona quedó manchada por las sospechas de tráfico de influencias del yerno real. Juan Carlos pidió perdón en público por su safari para cazar elefantes en medio del marasmo de su país pero, además, no logra ser noticia en Forbes sino en la prensa amarilla. El muy vendido diario alemán Bild Zeitung no para de difundir detalles de la relación de Juan Carlos con la princesa alemana Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, 47, una empresaria y organizadora de safaris que acompañaba al rey en la cacería de Botswana.
El cimbronazo es tan grande que el gran historiador español Julián Casanova escribió en El País que “parece el momento de repensar el papel de la Corona en la democracia y en la sociedad actual, no en el que tuvo, con méritos ampliamente reconocidos, en 1975, 1978 y 1981”, una referencia a la muerte de Francisco Franco, a la transición democrática y al rol de Juan Carlos durante la sublevación del guardia civil Antonio Tejero contra la democracia. Casanova pide repensar el tema “antes de que el sueño de una monarquía perpetua, limpia de manchas y sombras, acabe en pesadilla”.
El primer ministro conservador no puede ni consolarse con mantener el combate contra la maldad argentina por encima de otras noticias. La decisión de Rajoy de tomar el control de Radio Televisión Española sin consenso parlamentario con el PSOE desató un escándalo mayor al de Repsol e YPF, donde los dos partidos cerraron filas.
Nada de Malvinas ’82
Juan Gabriel Tokatlian, director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Di Tella, aconseja no jugar a que un eventual colapso español, que tiene raíces autónomas y anteriores al discurso de Cristina, quede relacionado con la decisión argentina. Tokatlian dijo a Página/12 que sería inconveniente un escenario que ligue un “bien estratégico” a defender por parte de Occidente por un lado, y, por otro, un “desafío argentino”. Sin embargo, apuntó que “hoy, a diferencia de 1982, está todo en cuestionamiento: los bancos, las fortunas de los CEOs, el empleo de los griegos e italianos, todo está siendo puesto en discusión”.
La referencia a 1982 alude a comparaciones simplotas que comenzaron a aparecer en las redes sociales y van formando parte de las conversaciones cotidianas.
El doctor en Historia Federico Lorenz dijo ante una consulta que, como símbolos nacionales, “en la sensibilidad popular están tanto las Malvinas como YPF”. Pero agregó que no cree posible “ir más allá en el parangón porque ni el contexto histórico, ni el tipo de eventos permiten una mayor comparación ni una igualación entre un gobierno democrático con la nacionalización de YPF y la dictadura en su papel de flautistas de Hammelin”.
Preguntado por costos y ventajas, Bouzas opinó que “el beneficio de la expropiación es difícil medirlo, y para estimarlo hay que hacer un supuesto sobre la eficacia con que se administrará la empresa en el futuro y en qué medida estará en condiciones de reconstruir el balance energético”. Para él “esto es, obviamente, un interrogante abierto. Si bien YPF ha sido rentable en el pasado, lo ha sido sobre la base de no invertir y agotar sus reservas. Esta estrategia no sirve para el futuro. Si la nueva gestión será capaz de afrontar el desafío es difícil saberlo”. Añadió el economista que “no es un buen precedente que quienes han sido responsables políticos de la política energética de los últimos años hayan quedado al frente de la empresa”.
Tokatlian se preguntó por qué el Gobierno no habló antes con Brasil, con China y con los Estados Unidos y dijo que la Argentina debe explicar su decisión “al mundo distante y al próximo”. Opinó: “Dilapidar esta oportunidad de dar un giro en el debate sobre el papel del Estado, sobre el control efectivo de los recursos estratégicos, sobre repensar un modelo de de- sarrollo alternativo no será responsabilidad de Madrid o Washington, sino nuestra. En un mundo de legitimidades en pugna sin portaestandartes de la democracia, sin hiperpotencias que hacen lo que quieren, sin economías estabilizadas porque siguen los fundamentales, sin inestabilidad inmanejable en la región más cercana, con un Washington más desorientado que asertivo, la Argentina no parece saber usar el enorme margen de autonomía que se le viene abriendo en los últimos años”.
Los Estados Unidos se manifestaron preocupados por la expropiación a través de un vocero del Departamento de Estado. La secretaria Hillary Clinton no acompañó en público el nivel de protesta que esperaba de ella la administración española de Rajoy.
Con Petrobras
La relación argentina con Brasil fue asumida en persona por el propio ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, cuando el viernes viajó a Brasil para reunirse con el ministro de Minas y Energía y con la presidenta de Petrobras, que acaba de aparecer en Forbes como la décima empresa del mundo. De Vido tiene, además, una relación personal con Dilma de cuando la actual presidenta era ministra del área energética en el primer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Es sabido qué quiere el gobierno argentino de Petrobras porque hasta Cristina lo dijo: mayor inversión. El ministro de Energía, Edison Lobao, prometió realizar esfuerzos. De Vido, a cambio, se comprometió a seguir operando sobre el gobierno de Neuquén, que anuló una concesión de la empresa brasileña, y dijo a Lobao que la Argentina y Brasil pueden hacer negocios juntos y que, en la Argentina, Petrobras podría subir su participación del 9 al 15 por ciento en combustibles con nuevas inversiones.
Para la Argentina la cuestión es delicada. La declaración del canciller Antonio Patriota sobre que la Argentina es soberana, y la de Dilma sobre que no interferirá en una decisión interna de la Argentina, son coherentes con la argumentación de Cristina según la cual no hay un problema entre la Argentina y España sino una decisión de controlar el mercado de hidrocarburos. Brasil es una potencia intermedia de interlocución habitual con China, India, Rusia y Sudáfrica en el grupo Brics y, para la Argentina, un destino de las exportaciones que no son bienes primarios. Lejos del PBI brasileño, la Argentina es de todos modos el segundo país de Sudamérica y el tercer destino de las exportaciones brasileñas, también compuestas por productos elaborados. Hasta ahora cada gobierno supo evitar que los conflictos, comerciales o petroleros, pasaran a mayores.
La actitud de México en el caso Repsol-YPF sirvió para mostrar que América latina es una dimensión que puede ser útil, por ejemplo, en la búsqueda de apoyos para el reclamo de negociación por la soberanía de las Malvinas pero queda abstracta cuando se discuten intereses de importancia inminente como la renta petrolera.
En el reciente Foro Económico Mundial sobre América latina, al que asistió Rajoy, el presidente mexicano Felipe Calderón dijo que la idea de expropiar acciones de Repsol “es una medida que lamentamos profundamente” porque “el camino del crecimiento y del desarrollo en Latinoamérica no es el camino de las expropiaciones sino de las inversiones”.
Juan José Suárez Coppel, director de Pemex, Petróleos Mexicanos, se mostró preocupado por el hecho de que la Argentina no respetase “los derechos de los accionistas”. Suárez Coppel recordó que el 9,49 por ciento de las acciones de Repsol pertenece a Pemex.
Calderón y su director en Pemex resultaron, así, más intransigentes que el Fondo Monetario Internacional. “Este es esencialmente un problema bilateral entre la Argentina y España y como organización multilateral no tenemos comentarios particulares al respecto”, dijo el chileno Nicolás Eyzaguirre, director del área Hemisferio Occidental del Fondo. “Los intereses de los inversores van a ser defendidos por los propios inversores y el país que los alberga”, dijo el ex ministro de Hacienda de la Concertación chilena.
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A España le hicieron ole
El gobierno español intentó convertir las asambleas de los organismos internacionales en una caja de resonancia de su reclamo, pero en ambas les negaron esa posibilidad
El gobierno español fracasó en su intento de conseguir el respaldo del G-20 y del FMI en sus reclamos por la expropiación de YPF. Ninguno de esos foros internacionales incluyó el tema en sus declaraciones de ayer, tras el cierre de las deliberaciones en Wa-shington. “Es una decisión soberana de la Argentina”, descartó el jefe del Departamento Occidental del Fondo Monetario, Nicolás Eyzaguirre. “El G-20 no se involucra en asuntos bilaterales”, coincidió el secretario de Finanzas de México, José Meade. En ambos casos primó la posición argentina, expuesta por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino: “YPF no está dentro de la agenda de estos eventos. El algo que queda en el ámbito de las relaciones del gobierno con una empresa, Repsol”, indicó. Su par español, Luis De Guindos, debió conformarse con la autoproclamación como ganador moral: “El sentimiento general es definitivamente de apoyo al gobierno español”, interpretó.
El funcionario llegó a la capital de Estados Unidos con el objetivo de transformar la asamblea del FMI y el Banco Mundial y la reunión de ministros de Economía del G-20 en una caja de resonancia de los reclamos de su gobierno por la expropiación de YPF. Planteó el tema cuando le tocó exponer en la audiencia del G-20: “Vivimos en un mundo en el que hay múltiples instituciones multilaterales, en las cuales tratamos de coordinarlos y cooperar para que el mundo avance”, introdujo. En ese contexto, completó, la medida adoptada por Cristina Kirchner es “negativa, incorrecta, hace daño a los flujos de inversión internacional, a la propia economía argentina y a la seguridad jurídica”.
Pero la movida no tuvo la respuesta esperada. A pesar de que el día anterior funcionarios mexicanos y del FMI habían expresado sus objeciones por la expropiación de la petrolera, cuando tuvieron que asumir el papel formal de representación de esos organismos rechazaron rápidamente incluir el tema dentro de las agendas de debate. “Es una decisión soberana de la Argentina”, aclaró Eyzaguirre. Ante la insistencia periodística en la conferencia de prensa que brindó en Washington, el economista de origen chileno agregó: “Lo que esperamos es que por beneficio tanto de Argentina como de la región, la nacionalización se dé en un ambiente de acuerdo entre las dos partes”. Pero insistió en que la cuestión es “un asunto bilateral” y “una decisión de un país soberano”. La misma posición adoptó Meade, quien ofició como vocero del encuentro del G-20, a raíz de que México ejerce la conducción temporal del Grupo.
El mexicano cruzó a De Guindos, quien citó una frase del comunicado final del G-20 como un supuesto respaldo al reclamo español. Allí se sostiene que “proteger las inversiones es crucial para la recuperación global”, a la vez que los ministros participantes “reafirman su compromiso para evitar el proteccionismo”. “Creo que el reflejo de esta frase en el comunicado habla por sí misma de cuál es la posición del G-20”, dijo el ministro español. Pero minutos después, Meade limitó el significado de esa frase. “El G-20 es un foro para el consenso constructivo, y está comprometido con el mercado libre, pero no es un foro que trate de disputas específicas o cuestiones bilaterales”, sostuvo, al desligar el párrafo citado por De Guindos de la controversia desatada de Argentina con YPF. Lorenzino también cruzó al español: “Claramente no concuerdo con su interpretación. No hay comunicado del G-20 desde 2008 que no inste a combatir el proteccionismo. La cuestión YPF no se discute en el G-20”, enfatizó, y el encuentro que finalizó ayer no fue la excepción.

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Muchas palabras para tan poco combustible
Por Cristian Carrillo | Página/12
La vicepresidenta de España, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que su país priorizará el biocombustible europeo sobre el argentino en represalia por la expropiación del 51 por ciento del paquete de YPF en manos de Repsol. La funcionaria confirmó en una conferencia de prensa que ofreció al mediodía, luego de una reunión que mantuvo con el Consejo de Ministros, que aplicará cuotas para el ingreso de biodiésel argentino, que el año pasado representó 1106 millones de dólares. Si bien esa medida se toma en medio de los cruces generados a partir de la expropiación de YPF, data de 2010, por pedido de las cámaras españolas productoras de biodiésel. Fuentes consultadas por este diario coincidieron en que se trata de una respuesta política, con casi nulo impacto económico para la Argentina. “Si el gobierno de España quiere pagar más caro el biocombustible, es una decisión soberana”, respondió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien adelantó que no harán ninguna presentación por este tema ante la Organización Mundial de Comercio. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, dijo que el mercado interno está en condiciones de absorber ese sobrante.
Desde el anuncio de expropiación de YPF, el gobierno español inició una serie de gestiones diplomáticas, con amenazas constantes de aplicar represalias contra la Argentina en el ámbito comercial, energético e industrial. El jefe de Gobierno español, Mariano Rajoy, había señalado que existían medidas estudiadas, pero que no era conveniente revelarlas. Ayer su vice anticipó la primera: el Boletín Oficial del Estado español publicará un decreto para reducir las importaciones de biodiésel procedentes de Argentina. “La iniciativa pretende favorecer a empresas españolas o comunitarias buscando colocarlas en una situación adecuada para poder prestar este biodiésel en condiciones que lo hagan competitivo”, argumentó Sáenz de Santamaría.
El sistema de cuota establece penalizaciones y multas a las empresas que importen el producto a la Argentina en desmedro del que generan países comunitarios y beneficios a las compañías que elijan un proveedor de la región. Sin embargo, la medida, propuesta a Rajoy por su ministro de Industria, José Manuel Soria, no es nueva, sino que había sido redactada en mayo de 2011, tras un estudio previo de más de un año. Había quedado sin efecto luego de que la objetara la Cancillería argentina junto con los ministerios de Planificación y de Agricultura. Según reconocieron a este diario fuentes de Cancillería, “la idea tiene por lo menos dos años y surgió a pedido de las cámaras de hidrocarburos, que anunciaron la construcción de nuevas plantas de producción, a partir de la reforma en la legislación de la Unión Europea”. La Eurozona exigió un mínimo de 10 por ciento de fuentes renovables en combustibles antes de 2020.
La balanza comercial entre ambos países el año pasado fue superavitaria para la Argentina en 1512 millones de dólares, principalmente por las exportaciones de biodiésel, harina de soja y aceite. España es además el quinto destino de exportación del país, con un incremento del 41 por ciento entre 2007 y 2011, que se explica principalmente por los mayores envíos de biodiésel. El año pasado, el 38 por ciento de las exportaciones fueron del biocombustible, con 1106 millones de dólares, según datos del Ministerio de Industria. La harina de soja es el segundo producto exportado, con 550 millones de dólares.
Fuentes oficiales y privadas coincidieron en descartar la posibilidad de un impacto económico para la región. “Una economía que crece a los niveles que lo hace la Argentina puede absorber el volumen de biodiésel que España nos va a dejar de adquirir”, opinó Lorenzino desde Washington, donde participa de la asamblea anual del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Desde el Gobierno también evalúan la posibilidad de que ese remanente pueda ir hacia otros mercados, aunque en el largo plazo prevén que España continuará comprando un volumen equivalente al actual, ya que si decidiera cambiar de proveedor no tiene muchas opciones. En el mundo no existe una gran oferta de soja disponible: Estados Unidos utiliza su producción de biodiésel para autoconsumo y Brasil, que tiene un excedente, tuvo este año una menor producción sojera. La economía española cuenta además con apenas 15 productoras de biodiésel operando actualmente.
Una opción que tiene el país ibérico es importarle a otros en la región, como Holanda o Bélgica, quienes también le compran a Argentina. En ese caso, lo único que habría es una triangulación en la compra de España y de ventas de las grandes cerealeras argentinas. “En ese caso, las que se verían perjudicadas en el corto plazo son la empresas medianas, que tienen algún saldo exportable y tendrán que buscar otro mercado. Las más chicas abastecen el mercado local con un mejor precio”, dijo a este diario Mariano Lamothe, analista de la consultora Abeceb.com. Para las grandes sólo habrá un efecto de muy corto plazo, vinculado con la prima diferencial que pueda aplicar España. Otro interrogante se abre ante un efecto contagio a otros miembros de la Unión Europea, cuyo bloque compra en conjunto a Argentina 1,4 millones de toneladas de biodiésel. “En este caso, el bloque debería importar mayor cantidad de materia prima, que importará como poroto o aceite de soja. Para lo cual, también tendrán que recurrir a la Argentina”, agregó Lamothe.
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Repsol advierte que podría multar a potenciales inversores de YPF
“La empresa se reserva el derecho a adoptar medidas legales”, afirmó un vocero
Repsol advirtió que podría tomar acciones legales contra compañías que inviertan en YPF, después de que la Argentina se hizo con el control de la filial de la petrolera española la semana pasada.
El ministro de Planificación, Julio De Vido, mantuvo contactos con la petrolera estatal brasileña Petrobras por su inversión en YPF la semana pasada y prevé hablar con otras compañías petroleras extranjeras como Exxon , Chevron y ConocoPhilips.
“Repsol se reserva el derecho a adoptar medidas legales contra las compañías que inviertan en YPF”, dijo un portavoz de la petrolera española.
Responsables europeos, estadounidenses y mexicanos criticaron la expropiación por parte de la Argentina de YPF, pero los efectos de posibles represalias podrían ser limitados ya quela Argentina se ha negado a acatar en el pasado decisiones derivadas de otras disputas comerciales internacionales.
La única medida concreta que España ha adoptado hasta la fecha ha sido reducir multimillonarias importaciones de biodiésel procedentes del país latinoamericano.
En Luxemburgo, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, tiene previsto reunirse con sus pares de la Unión Europea y pedirles que consideren medidas contra el Gobierno, que ya advirtió que no pagará a Repsol lo que pide por YPF.
La Nación