España: Empresas de hidrocarburos piden permisos para extraer gas pizarra en amplias zonas de Castilla y León

La técnica de explotación por fractura hidráulica, que las firmas defienden como segura, genera fuerte contestación en los municipios, grupos ecologistas y partidos de la oposición
Por S. Escribano.- Empresas de hidrocarburos nacionales e internacionales han puesto sus miras en el subsuelo de Cantabria, el País Vasco, la Rioja y Castilla y León, Asturias y Aragón para explotar el gas que permanece atrapado en capas de roca de 2.000 y 4.500 metros de profundidad. Esas formaciones rocosas se fracturan mediante una mezcla de agua, arena y disolventes que se inyecta a través de un pozo vertical hasta que alcanza la roca y luego otros horizontales que rompen la formación y dejan libres las burbujas de gas.
Es lo que se llama fractura hidráulica o ‘fracking’. La técnica está muy extendida en Estados Unidos, pero acaba de aterrizar en Europa. Las empresas que la utilizan defienden que es segura si se aplica con la tecnología adecuada y sus detractores aseguran que la experiencia americana deja en el camino contaminación por filtraciones en acuíferos de agua potable, problemas de depuración del agua inyectada que retorna a la superficie, fugas de gas y posibilidad de que se produzcan pequeños terremotos. Sobre el gas pizarra o ‘shale gas’ y la técnica de fractura hidráulica o ‘fracking’ por la que se extrae este combustible están siguiendo un cursillo acelerado los vecinos de varios centenares de municipios de Castilla y León a los que antes no les sonaban de nada los dos términos.
Fuentes oficiales de la Consejería de Economía y Empleo de Castilla y León informan de que valoran trece peticiones de investigación de hidrocarburos que abarcan casi todo Burgos, Palencia, Soria, Valladolid y Segovia y alguno ubicado en el norte de León, aunque previsiblemente para diferente técnica. Confirmación formal de que se vaya a emplear el sistema de fractura hidráulica hay en dos, según fuentes de la consejería. Se trata del único permiso que ha concedido el Gobierno regional, a la empresa Trofagas en la zona de Sedano, al norte de Burgos, y de otra solicitud de la misma firma –filial de la canadiense BNK Petroleum–, bajo la denominación ‘Rojas’, en la Bureba burgalesa. Esos son los que conoce la oficialidad de la Junta. Desde la Dirección de Trofagas confirman que han presentado en Castilla y León otros siete permisos de investigación para extraer gas por fractura hidráulica.
Las autorizaciones que se han concedido en España son de exploración, de investigación, no de explotación que sería el paso posterior si las prospecciones apuntan que hay gas y que se puede extraer.
Estos permisos dependen del Gobierno autonómico, si el terreno se circunscribe a una comunidad, o del Gobierno central si abarca más de una. Trofagas cuenta en Castilla y León con otro permiso estatal en la zona de Medina de Pomar y Villarcayo y que se extiende hacia La Rioja. Las autorizaciones recogen cuadrículas mineras amplísimas. 34.765,5 hectáreas concretamente abarca el permiso concedido de Sedano, en el que se prevén nueve pozos de muestreo en cuatro años, con una inversión de 61,37 millones en la fase de investigación. Trofagas tiene que ubicar los puntos donde quiere perforar tras analizar minuciosamente la zona y el terreno, documento que debe someterse a alegaciones y pasar informes de impacto ambiental antes de obtener la autorización definitiva. En eso están ahora.
Desde la empresa resaltan que utilizan para perforar una mezcla «de agua y arena al 99% y que el 0,1% restante son aditivos no tóxicos» y que horada el subsuelo a través de un triple tubo de acero y cemento para evitar escapes. Defienden que la técnica se usa desde hace décadas, que la actividad genera empleo y riqueza (entre 150 y 250 millones en la primera fase de explotación) y que reduce la dependencia energética de la comunidad y del país.
Fuerte oposición y peticiones de moratoria
Los argumentos no convencen a ayuntamientos como el de Salas de los Infantes, uno de los que ha aprobado una moción en contra del ‘fracking’, ni a las asambleas ciudadanas locales y provinciales (caso de Burgos) que se han constituido contra estos proyectos ni a la oposición socialista en las Cortes de Castilla y León ni a los responsables de Ecologistas en Acción. «Las empresas dirán que es estupendo, porque se dedican a ganar dinero, pero a nosotros nos interesa la salud y la seguridad de una técnica que utiliza hasta 600 productos químicos», precisa Óscar Martín, de Ecologistas en Acción Castilla y León. Defiende la aplicación del principio de precaución ante la falta de «total garantía» de seguridad y que se suspenda la concesión de permisos, opción por la que se han decantado países como Francia, Alemania y Holanda.
Martín pone énfasis en cómo se gestionan los residuos que generan esas inyecciones de agua, arena y «compuestos químicos» y en el hecho de que se plantea esta técnica en territorios con escasez de agua. «Ambas cosas pueden afectar a cultivos en zonas como la Ribera del Duero, que está incluida en alguna solicitud», precisa Martín.
El PSOE de Castilla y León eleva el número de permisos solicitados en la región a una veintena y emplaza al Gobierno autonómico a que desvele su posición sobre la fractura hidráulica y a que paralice cautelarmente las autorizaciones hasta que se aclaren las dudas que suscita la técnica. «Los tóxicos presentes en la mezcla de líquidos inyectados pueden llegar a los acuíferos de agua potable y a los ríos y el agua que retorna a la superficie puede contener elementos radiactivos liberados por la roca tras la explosión», manifiesta la procuradora Ana Muñoz de la Peña, que censura el silencio y la inacción del Gobierno autonómico ante la avalancha de peticiones y el importante número de municipios afectados. «No es de recibo que la Junta no se haya puesto en contacto con los alcaldes ni les haya enviado un solo papel informando de las futuras extracciones mediante una técnica tan controvertida», critica Muñoz de la Peña.
La Universidad de Burgos ha celebrado el 21 de junio una jornada sobre el gas pizarra, que ha provocado una carta de protesta al rector de los colectivos antifracking por entender que la institución académica se ponía al servicio de las empresas extractoras. Luis María García, coorganizador y especialista en ingeniería del terreno, niega tal «posicionamiento» de parte. El profesor de la universidad burgalesa confirma el interés académico de la institución en ahondar en la investigación sobre el «shale gas» y los pormenores que rodean la técnica de fractura hidráulica.
El Norte de Castilla