La imposición del estado de sitio en Guatemala genera polémica y rechazo

La imposición por parte del Gobierno de Guatemala de “estados de sitio” en varias comunidades del este del país, en las que se han registrado protestas violentas contra la explotación minera, ha generado polémica y rechazo por considerarse una medida que “criminaliza” el reclamo social.
El presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, decretó el pasado jueves el “estado de sitio” en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla, San Rafael Las Flores y Casillas, lugares donde hace una semana siete vecinos fueron heridos de bala supuestamente por agentes de seguridad de una mina privada de capital canadiense.
En rechazo a las agresiones, cientos de pobladores realizaron diversas manifestaciones en la zona que se tornaron violentas cuando un contingente de la Policía Nacional Civil (PNC) fue enviado el martes para proteger las instalaciones de la mina San Rafael, subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources.
Esta mina, cuyas operaciones fueron autorizadas por el Gobierno a pesar de la oposición de los vecinos, desde hace más de un año ha sido foco de violentos incidentes que se han cobrado la vida de al menos cuatro personas, la última un agente policial el pasado martes.
Pérez Molina aseguró que la medida, que suspende las garantías constitucionales de los habitantes de esas comunidades, se requiere para tomar el control del área después de que los vecinos retuvieran el martes durante varias horas a 23 policías y les quitaran sus armas de fuego.
Desde primeras horas del jueves, unos 2.500 soldados y policías apoyados con tanquetas y vehículos de asalto entraron en los municipios y detuvieron a 16 de los 18 líderes comunitarios contra quienes un juzgado penal había emitido el día anterior órdenes de detención.
La medida fue calificada como “un hecho de terror, violencia y represión” por la Marcha Campesina y Popular, una instancia de coordinación de más de una decena de organizaciones de labriegos e indígenas, que por medio de un comunicado denunció la “criminalización” de la protesta social por parte del Gobierno.
“Las luchas legítimas (de los pobladores) en defensa de su tierra y territorio, han sido objeto de una represión brutal y sistemática por parte del Gobierno”, indicaron.
Por su parte, el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, expresó en conferencia de prensa su desacuerdo con la decisión del Gobierno porque, dijo, ese tipo de acciones “solo genera ingobernabilidad” y rechazo de parte de la población.
La conflictividad social, indicó De León, debe resolverse “por medio del diálogo” y no con medidas represivas.
Para evitar que se registren excesos de parte de las fuerzas de seguridad en contra de los vecinos, el Procurador pidió a los ministerios de Gobernación y Defensa informes detallados sobre los responsables de los operativos, cantidad de efectivos participantes y tipo de armas y equipos que utilizan.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó los hechos violentos que se han registrado en la zona en los últimos días, e hizo un llamamiento a las autoridades para que los esclarezcan y procesen a los responsables.
Pero, indicó en un comunicado, “es necesario que se deslinde a los grupos que actúan violentamente en la zona de aquellos que han reivindicado sus derechos humanos de forma pacífica”.
El presidente Pérez Molina defendió ayer en entrevista con Efe que la medida ha dado resultados, pues se ha detenido a 16 de las personas solicitadas por las autoridades.
Según el gobernante, siete de los apresados pertenecen a una “banda de sicariato y secuestro”, y aún falta por capturar a un grupo supuestamente vinculado a una organización narcotraficante ha aprovechado las protestas contra una mina para causar disturbios.
“Si esto da resultado lo más pronto posible, levantamos el estado de sitio”, expresó el mandatario en una entrevista con Efe en Costa Rica, donde se reunión junto a sus colegas centroamericanos y de República Dominicana con el mandatario de Estados Unidos, Barack Obama.
El 1 de mayo de 2012, el Gobierno utilizó a una medida similar al decretar el “estado de excepción” en el municipio de Santa Cruz Barillas, después de una violenta protesta desatada por la muerte de un dirigente campesino supuestamente a manos de agentes de seguridad privada de la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz, de capital español.
El País