Los pueblos indígenas de Argentina llevan decenios siendo tratados como ciudadanos de segunda clase, sometidos a violencia, intimidaciones y discriminación y sin que se respeten sus derechos humanos. En los últimos meses, sus reivindicaciones y demandas han comenzado a cobrar impulso en la agenda política y social argentina. Publicado en Justicia por Javier Chocobar
“Los pueblos indígenas de Argentina llevan decenios siendo tratados como ciudadanos de segunda clase, sometidos a violencia, intimidaciones y discriminación y sin que se respeten sus derechos humanos. En los últimos meses, sus reivindicaciones y demandas han comenzado a cobrar impulso en la agenda política y social argentina”. Mencionaron al caso Chocobar entre los conflictos por el territorio.
“Queremos vivir como seres humanos. No queremos que se nos considere forasteros en nuestro propio país, pobres o inútiles. Queremos vivir sin discriminación. No queremos derramamiento de sangre, sólo queremos reclamar nuestra comunidad”, ha dicho a Amnistía Internacional Félix Díaz, líder de Potae Napocna Navogoh (La Primavera), comunidad indígena qom de la provincia de Formosa, Argentina.
Los pueblos indígenas de Argentina llevan decenios siendo tratados como ciudadanos de segunda clase, sometidos a violencia, intimidaciones y discriminación y sin que se respeten sus derechos humanos. En los últimos meses, sus reivindicaciones y demandas han comenzado a cobrar impulso en la agenda política y social argentina.
A lo largo de los últimos años, intereses públicos y privados, especialmente de los sectores agroindustrial y extractivo, han levantado enormes barreras entre la población indígena de Argentina y el derecho a sus tierras tradicionales. El relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas ha criticado la falta de consulta con las comunidades que pueden verse afectadas por proyectos de desarrollo y por la explotación de los recursos naturales. Pero no son sólo los conflictos sobre tierras los que causan problemas. La discriminación que impera en el país ha impedido a menudo que se escuche la voz de los pueblos indígenas.
El 23 de noviembre de 2010, los miembros de La Primavera bloquearon la Ruta Nacional 86 durante cuatro meses para protestar contra la construcción de una universidad nacional en terrenos que ellos consideraban tierras ancestrales suyas. La policía disolvió la protesta con violencia, disparando contra las personas congregadas en la carretera. El episodio tuvo un trágico final: un manifestante y un policía muertos, diversas personas heridas y varias casas quemadas.
Estos sucesos provocaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) que dictó medidas cautelares para exigir que Argentina detuviera la violencia. Lamentablemente, muchos de los abusos que se cometieron no han sido objeto aún de la debida investigación. No obstante, a comienzos de julio surgió un rayo de esperanza. La Corte Suprema ordenó al gobierno local y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) presentar un plan de acción para delimitar el territorio reclamado por los qom y garantizarles su derecho a participar y ser consultados en el proceso. Esta medida representa un avance en el reconocimiento de los derechos de La Primavera sobre las tierras. No obstante, en el caso de otras comunidades continúa la lucha contra la violencia y la agresión.
El 12 de octubre de 2008, Javier Chocobar, miembro del pueblo diaguita de la provincia de Tucumán, murió por disparos cuando trataba de impedir la expulsión de su comunidad, ordenada por un hacendado local. Aunque se presentaron cargos contra tres personas por su muerte, el juicio no ha empezado aún.
En la comunidad indígena El Nogalito (pueblo lule), de Tucumán, la falta de protección es evidente. En noviembre de 2012, unos individuos que intentaban hacerse con las tierras de la comunidad golpearon y amenazaron de muerte a algunos de sus miembros. Las agresiones llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a dictar medidas cautelares para proteger la vida y la integridad física de los miembros de El Nogalito. Sin embargo, en junio de 2013, con objeto una vez más de intimidar a la comunidad, incendiaron su casa comunitaria.
Muchos de estos conflictos tienen su origen en la cuestión de la falta de titularidad legal de las tierras indígenas ancestrales.
La Constitución de Argentina y el derecho internacional de los derechos humanos reconocen ya el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales. Asimismo, en 2006, el Congreso de la Nación aprobó una ley por la que se ordenaba la suspensión de todos los desalojos de pueblos indígenas hasta que se delimitaran sus tierras ancestrales tras la debida investigación. Sin embargo, no definía adecuadamente la emisión de títulos comunitarios de propiedad a los pueblos indígenas.
Lamentablemente, casi ocho años después continúan llevándose a cabo desalojos. En la mayoría de los casos, las mediciones se han demorado. A pesar de las enormes dificultades y violencia que afrontan, los pueblos indígenas de Argentina se niegan a renunciar a los derechos sobre sus tierras ancestrales.
“La tierra es nuestra vida. De ella sacamos el alimento y las medicinas que necesitamos. Nos proporciona los recursos naturales para hacer nuestras casas, para nuestro sustento. Sin la tierra, los pueblos indígenas perderemos nuestras raíces espirituales”, aclara Félix Díaz.
Fuente: http://www.amnesty.org/es/news/pueb…
Foto: Atilio Orellana
