RUBÉN ETCHEVERRY (*).- Recientes –y algunas bien conocidas con suficiente antelación– noticias ambientales de Chevron no presentan a esta empresa en forma muy promisoria, positiva ni conveniente como eventual próximo operador de la principal área petrogasífera de la Provincia del Neuquén, Loma de la Lata-Loma Campana:
• Chevron Texaco ha producido un gravísimo impacto en la Amazonia ecuatoriana que repercutió en un reciente embargo de 19.000 millones de dólares en Argentina contra esta empresa.
• Chevron tuvo dos derrames desde sus plataformas en las costas de Río de Janeiro, en Brasil, en los dos últimos años.
• Fue el operador del yacimiento El Sauce en Picún Leufú, hasta que lo cedió hace un par de años. En esos más de diez años que estuvo a cargo del mismo evitó por todos los medios remediar la grave contaminación recibida, hasta que se desprendió finalmente del área.
• Recibió una fuerte multa (de dos millones de dólares) la semana pasada por una explosión en la refinería de San Francisco, en California.
• Como operador en Neuquén logró el desplome de la producción de gas y petróleo en los trece años que ha estado en el país, pasando el yacimiento El Trapial de 9.000 a 3.500 mv día de producción de crudo en ese período.
• Derrame de crudo de YPF por rotura de oleoducto la semana pasada, en Chihuido de la Sierra Negra.
• Contaminación ambiental existente y aún no remediada por YPF en las napas freáticas en el yacimiento Loma de la Lata.
Todo ello se suma a las sospechas por las cláusulas secretas del aún desconocido acuerdo entre YPF y Chevron, las cuales se tornan aún más verosímiles; la sensibilidad de la opinión pública por recientes y graves sucesos ambientales en la provincia (reciente incidente de descontrol del pozo de Pluspetrol cercano a las viviendas en Plottier) y la injustificada y sospechosa demora de poner en vigencia (y aplicar efectivamente) el incremento de las multas por incumplimiento de normas medioambientales.
Si fuera intención del gobierno de la provincia demostrar transparencia al menos en un tema tan delicado y sensible a la salud y bienestar de la población como el ambiental, donde desde diversos sectores se pone en duda toda la actividad petrolera no convencional, y los recelos de ese acuerdo, ¿no hubiera resultado más razonable y convincente en procura de la mentada transparencia, para despejar dudas en este tema, que el proyecto de ley remitido a la Legislatura fuera analizado y tratado por su Comisión de Medio Ambiente?
Por el contrario, alimentando las sospechas de falta de transparencia, se evitó y rechazó desde el gobierno provincial el tratamiento por esa comisión a pesar de la insistencia de las restantes fuerzas políticas y la opinión pública toda.
Resulta curioso, escandaloso y contradictorio que mientras se anuncia por la prensa con bombos y platillos que se va a clausurar el yacimiento Chihuido de la Sierra Negra por otro lado se haya aceptado e insista en mantener la disposición del artículo 4 del acta acuerdo celebrada entre YPF y la Provincia (en esta oportunidad sólo nos referimos a sus inconsistencias e irregularidades en cuestiones ambientales), donde el estudio de impacto ambiental –en lugar de ser previo, como en todas las actividades que se desarrollan en Neuquén– se va a presentar luego de finalizado el proyecto piloto, es decir, ¡una vez perforados los primeros 115 pozos! “Asimismo, a la finalización del programa piloto y previo al inicio de la segunda etapa, YPF se compromete a presentar a la autoridad de aplicación un estudio integral de impacto ambiental” (textual).
En efecto, por una parte el gobierno provincial pretende sancionar a YPF y cerrar un yacimiento por los recientes derrames de petróleo al río Colorado mientras en realidad, por otra, aceptó mediante el ilegítimo decreto 1208/2013 la inconstitucional cláusula citada del acta donde YPF se controla a sí misma: “Dicha comisión (conformada por YPF o la empresa a la que ésta ceda el contrato; por ejemplo, Chevron) deberá realizar los controles y los informes ambientales pertinentes anualmente a lo largo de la ejecución del proyecto” (sic). De este modo, se permite ilegítima y escandalosamente que YPF sea parte y juez en una materia tan sensible como la ambiental por los próximos 35 años.
Sumado a ello, también resulta ilegítimo, infundado y escandaloso bajo la referida acta (su artículo 8.1) que ciertos incumplimientos sustanciales por parte de YPF –entre otros, los que nos interesa aquí destacar: los derivados de las obligaciones de los artículos del 3.5, referidas a la inversión mínima comprometida por YPF de 1.000.000.000 de dólares; 3.6, sobre Compre Neuquino; 3.7, respecto de la utilización de agua y áridos, y 3.8, acerca de la fiscalización por la Provincia– no den lugar a la caducidad de la concesión de explotación que se prorroga. De aplicarse la legislación vigente, tal caducidad es procedente si se verifican dichos incumplimientos.
“Yo no hago presión sobre los legisladores, pero si es en agosto mejor…”, comentó en forma aparentemente inocente el gobernador refiriéndose a la posible fecha de aprobación de la ley que aprobaría el acta acuerdo entre la Provincia e YPF, lo cual daría lugar a la incursión y participación de Chevron bajo los oscuros y desconocidos términos y condiciones que ésta ha negociado con el Estado nacional y, formalmente, con YPF a espaldas de Neuquén. ¿Quizás esa premura esté dirigida a evitar el debate ambiental del acta en la Legislatura?
Mientras se pretenda pasar por encima de la intervención de la Comisión Ambiental de la Legislatura de la Provincia, en menoscabo de su incumbencia constitucional, ignorándola a costo de defender y mantener esa bochornosa cláusula de delegar potestades de control ambiental como quien pone al zorro a cuidar el gallinero, seguirán creciendo el escándalo y la sospecha sobre los acuerdos entre la Provincia e YPF y, principalmente, de esta última con Chevron.
Lo precedentemente señalado resta credibilidad a las eventuales sanciones que puedan ser aplicadas ante situaciones de contaminación ambiental, dado que el gobierno de la Provincia ha autodisminuido ilegítimamente su autoridad y potestad legal en materia ambiental y dejado de lado las correctas prácticas de regulación y control en tal materia, las cuales propenden a preservar los recursos naturales, la salud y el bienestar de la población.
(*) Ingeniero. Expresidente de Gas y Petróleo del Neuquén SA
